Estafa electoral y ajuste, por Carlos Heller

El editorial de La Nación (10/6/17) “Gobernar sin complejos”, analiza las actitudes políticas del PRO y de Cambiemos. Sostiene: “No se trata de populismo, pero sí de procederes que muestran una suerte de autocensura originada en el complejo de no parecer un gobierno de derecha o, en algunas ocasiones, elitista”. El mensaje es claro: no sólo sean de derecha, sino, además, díganlo.

En el reciente acto protocolar de jura del Canciller, y como si se hubiera entusiasmado con ese editorial, el presidente Macri dijo: “Hay que enfrentar a la mafia de los juicios laborales, eso destruye la generación de empleo futuro. Hay un grupo de abogados laborales encabezados por Recalde que ha hecho mucho daño a la Argentina”. Llamó la atención que se refiriera explícitamente al jefe de la bancada del FPV en Diputados. Un ataque minuciosamente dirigido.

Es una de las obsesiones de Macri: lograr una flexibilización laboral lo más profunda posible. Y para que esto sea viable, necesita el disciplinamiento de la justicia del trabajo. De allí que se pidió juicio político a jueces que fallaron a favor de los trabajadores en paritarias. Ahora se utiliza el concepto de “mafia” para abogados laboralistas. La frase caló fuerte y recibió el apoyo de los grandes grupos económicos, aunados en la AEA y en la UIA. Sin flexibilización laboral no vienen las inversiones, sostuvieron. Algunos representantes pymes se subieron al tren de AEA, pero otros reconocieron que si bien los juicios laborales son un problema para las pymes, el mayor perjuicio lo genera “no poder pagar las tarifas, una baja en las ventas por el ingreso de importaciones y una retracción del mercado interno con concentración económica”.

El tema de fondo es: ¿hay que imposibilitar que quienes se sienten afectados hagan juicio por accidente o hay que exigir una legislación laboral que evite accidentes? ¿La discusión es cuánto vale un dedo o evitar que se pierda un dedo? No se puede mejorar la productividad, ni la producción, si no se respetan los derechos laborales. 

Recortes crueles

El Ministerio de Desarrollo Social decidió cancelar varios miles de pensiones por discapacidad, aplicando un decreto de Carlos Menem (432/97). La adhesión a esta norma deja bien en claro los fundamentos ideológicos que interesan al gobierno de Cambiemos, un evidente retroceso a un duro pasado que este gobierno desea recrear. Pero además dicha norma evalúa la discapacidad según métricas médicas y no desde un enfoque de DDHH, como el que se utilizó en las gestiones kirchneristas y permitió un aumento significativo de las prestaciones.

La ministra Carolina Stanley informó que el gobierno decidió restablecer la próxima semana las pensiones a los discapacitados “que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar”. Más allá de las decisiones concretas, la polémica generada es un distractor de la falta de mejoras económicas. Esta reducción de subsidios indica las impiadosas características del ajuste que se viene tras las elecciones. Como es habitual en la estrategia PRO, avanzan a fondo para ver hasta dónde los limita la sociedad. Por esto la necesidad del pueblo de hacerse oír por todos los medios posibles en contra de estas medidas que recortan y eliminan derechos adquiridos. La marcha del jueves ha sido una actividad contundente.

Hay programa

El nombre de la propuesta programática del colectivo liderado por Cristina Fernández es “Unidad Ciudadana para tener futuro. Después del engaño y la estafa electoral: la segunda fase del ajuste”. En la propuesta, se plantea la construcción de “una nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la Unidad Ciudadana para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera que Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno”.

Resumir el plan aquí sería imposible. Van algunos títulos y propuestas:

* Recuperar lo perdido: empleo, salario y condiciones de trabajo. Declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año.

* Frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares. Declarar la emergencia alimentaria y farmacológica.

* Proteger la industria nacional. Los tratados comerciales con las potencias que busca Cambiemos serán herramientas de desindustrialización y reprimarización. El Congreso debe intervenir en las negociaciones.

* Fin al saqueo tarifario; defender las empresas públicas nacionales.

* Defensa del sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y pensionados.

* Parar la bola de nieve del endeudamiento externo y la “bicicleta financiera”. Revisar la deuda contraída. El Congreso debe evitar todo intento de ingresar al programa del FMI.

* Oxígeno a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores agropecuarios.

* Un nuevo acuerdo federal con una justa y transparente distribución de los recursos a las Provincias, que asegure federalismo y autonomía.

* Ley que prohíba ejercer la función pública a quienes que tengan cuentas/empresas en guaridas fiscales.

* Una Comisión Bicameral de seguimiento y adecuación del sistema judicial y de seguridad argentino que hagan institucionalmente efectivas las políticas de igualdad de género.

* DDHH. Argentina sin presos políticos y sin genocidas libres

*·Una Ley de seguridad democrática.

* Un Estado para equilibrar la balanza entre sociedad y mercado

* Apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales.

* Integración regional productiva para defender la soberanía.

Seguramente quedarán más ideas y propuestas igual de valiosas que estas, pero la enumeración intenta reseñar que lo que se propone es un modelo cuyo objetivo es el beneficio de las mayorías populares, con un Estado presente y defendiendo los derechos de los ciudadanos. Una visión que amplía incluso muchas de las orientaciones que se implementaron durante los gobiernos kirchneristas. Un modelo totalmente opuesto al que lleva a cabo la “Alianza Cambiemos”. 

Hemos comentado la diferencia entre los dos modelos: entre un sistema que prevenga los accidentes de trabajo por uno que quiere reducir las indemnizaciones y mejorar la rentabilidad de las empresas. U otro que analiza la discapacidad en el marco de los derechos humanos, contra otro que lo analiza por cuestiones médicas y los costos al erario público.

Desde esta columna reclamamos consecuentemente una construcción política amplia en torno a un programa. El colectivo liderado por Cristina está embarcado en esta tarea. Trabajemos entonces para que esta propuesta obtenga la mayor cantidad de bancas en las distintas legislaturas. Para poner un freno al neoliberalismo que no ofrece más que ajuste. «