Está presa hace un año y once meses en Ezeiza por una emergencia obstétrica

—Que mi mamá regrese a la casa

J tiene 13 años. Hace un año y once meses que su madre está presa por un embarazo que no llegó a término. A ella le dicen la China, tiene 43 años y es venezolana. Está detenida en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La noche del 15 de diciembre de 2020 sintió un dolor fuerte en sus ovarios, lo asoció con las molestias que pasaba cada vez que menstruaba por sufrir del síndrome de ovario poliquístico. Luego, por la mañana, expulsó lo que ella consideró que eran coágulos. Lo que no sabía la China era que estaba embarazada y estaba atravesando un parto en avalancha.

Esos dolores intensos y pérdidas de sangre irrefrenables eran parte de su rutina menstrual, cada mes. La China tiró las sábanas ensangrentadas en un contenedor de basura cerca de su departamento. Horas más tarde, un cartonero encontró esos restos en la basura y dio aviso a la policía por creer que se trataba de un feto. 

En menos de una semana la detuvieron a ella y a su pareja, J. Los tres primeros días que la China estuvo presa en Tribunales los pasó con las manos negras después de haber pasado sus dedos por la tinta del “pianito” para que la identificaran, y la ropa interior con sangre por las pérdidas que todavía seguía sufriendo por haber tenido un parto extrahospitalario sin ningún tipo de atención. No le querían dar nada para que se limpiara porque “era un animal que había matado a su hijo y no merecía limpiarse”. “Ella no merece ni lavarse las manos”, le dijo la policía que la trasladaba a hacerse los peritajes. 

“Nunca en mi vida había pisado una comisaría, menos una cárcel”

Todavía en Argentina, muchas personas embarazadas son rehenes de sus propios úteros: si sus fetos nacen muertos, ellas sufren abortos espontáneos, un parto en condiciones paupérrimas o cualquier complicación, son ellas las que se convierten en sospechosas de un delito. El sistema de administración de justicia transforma esas emergencias obstétricas, situaciones que son involuntarias y que deben ser tratadas como problemáticas de la salud, en carátulas de un hecho policial. 

“Nunca me imaginé estar viviendo esta situación. Nunca en mi vida había pisado una comisaría, menos una cárcel”, dice la China a LatFem por teléfono desde el penal. “Esto tiene que tener final en algún momento. Le pido a Dios todos los días que los jueces y fiscales entiendan mi situación”, agrega. Su causa hoy se encuentra en trámite ante el Tribunal Oral Criminal 30 de Ciudad de Buenos Aires. La fecha del juicio estaba pautada para el 5 de septiembre, pero una semana antes de llegar a esa instancia le avisaron que se postergaba para noviembre. El próximo lunes comienzan las audiencias. Por el momento están pautadas tres jornadas: 14,15 y 18 de noviembre.

En estado de fragilidad

La China es migrante. Llegó al país desde Venezuela en 2017 con su marido y sus dos hijos en busca de empleo. Ella es contadora y, antes de la detención, llevaba una vida dedicada al trabajo y a criar a sus hijos de 13 y 18 años. 

Su salud es frágil. Además de los dolores menstruales que se intensificaron post evento obstétrico, tiene un nódulo en el cuello -por el que deberían hacerle una punción- y también convive con un malestar en la vesícula que a veces le impide comer.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza no les ofrecen atención a estas dolencias. Solo le dan inyecciones para frenar los dolores menstruales. En 2019 Patricia, que también estaba presa por una emergencia obstétrica en Ezeiza, murió por un shock séptico causado por la desatención sanitaria.  

Si bien en un principio la investigación judicial apuntaba a ella y a su marido, en marzo de 2021 él fue sobreseído porque no encontraron pruebas suficientes en su contra: no se encontraba en el monoambiente que compartía con La China al momento de los hechos y, además, al igual que ella, desconocía el estado de embarazo de su esposa. 

La explicación estaba en su propio cuerpo, pero nadie la escuchó ni quiso escuchar. Alcanza con una revisión de su historia clínica para conocer los antecedentes. La China, que fue mamá dos veces, ya había sufrido dos eventos obstétricos similares con esos y otros embarazos. 

Ella repite una y otra vez que no sabía que estaba embarazada. También relata algo que evidencia cómo las restricciones que impuso la pandemia afectaron la salud sexual de niñas, mujeres, lesbianas y trans: durante 2020 no había podido hacerse los controles ginecológicos que eran necesarios por su diagnóstico de ovarios poliquístico. Aunque quiso sacar turno para hacerse su chequeo, le dijeron que sólo estaban atendiendo situaciones de Covid-19.

La autopsia que se hizo sobre los restos encontrados en las sábanas determinó que el producto no tenía lesiones de ningún tipo. Es decir, no hay evidencia de que ella haya ejercido una maniobra para, como la acusan, matar al feto que no sabía que existía. Lo que ocurrió fue que tuvo un parto en avalancha; se llama así al parto cuando es abrupto y se expulsa en el mismo momento el feto, los coágulos y la placenta. “Yo sólo tiré una bolsa negra de basura con las sábanas manchadas”, dice ella. 

El médico que hizo la autopsia al feto encontrado señaló que “que las causales de deceso del recién nacido masculino vivo son atribuibles a la evolución de una enfermedad materno placentaria a lo cual se suma la falta de atención médica y neonatológica en el post parto inmediato, determinando la muerte del menor como consecuencia de ambos fenómenos actuando en forma conjunta sobre el mismo”. Y agregó que “no observó signos de violencia inmediata sobre la criatura y dijo que no siempre hay que pensar en alguna causa violenta sobre el chico, a veces la patología materno placentaria tiene alguna otra anomalía o enfermedad y produce la muerte de la víctima”.

El Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación concluyó que la China “presenta diferentes condiciones de vulnerabilidad, tales como su condición de migrante, su situación de privación de libertad y el corte abrupto de los lazos con sus hijos, por lo que solicitaron una evaluación y seguimiento clínico dado su cuadro de hipotiroidismo, anemia y los edemas” y que “la examinada ha presentado una negación generalizada del embarazo que ha redundado en un desconocimiento total sobre su embarazo, no pudiendo arbitrar durante el transcurso los controles adecuados, así como tampoco prever la situación de parto que diera lugar a las presentes actuaciones”.

La criminalización de mujeres

Los primeros meses en prisión fueron duros para ella. Estuvo 7 meses sin ver a sus hijos y tomando antidepresivos. No paraba de llorar. En la búsqueda de explicaciones para lo que había pasado, su marido dio con el libro de Dicen que tuve un bebé de Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. Ahí se dieron cuenta que había otras mujeres como la China que no sabían que estaban embarazadas y que eran perseguidas por eventos obstétricos. La abogada Natalia Saralegui se puso en contacto con ella para acompañarla y escucharla. Rápidamente se organizó una red para que La China salga del sistema penal.

“No puede ser que yo sea el único caso que me pase. Tenemos que luchar para que la gente entienda que es una situación que puede pasar cualquiera y sucede”, dice ahora la China. 

La historia de la China no es aislada. Un estudio de 2020 del CELS, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reveló que en el país 1532 causas de aborto y 37 posibles eventos obstétricos criminalizados en diecisiete provincias del país. Ahora, el CELS, Fundeps y la Asociación de Pensamiento Penal se presentaron como amicus curiae en la causa.

La enorme mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Al mismo tiempo se estima que el 15% de los embarazos terminan en abortos espontáneos: el sistema penal no tiene nada que hacer ahí.

Hay un modelo imposible de maternidad patriarcal que plantea un desempeño ideal que, en la mayoría de los casos, no coincide con los recursos económicos, sociales y culturales que tienen la enorme mayoría de las personas que quedan embarazadas. Y la presunción de inocencia no existe cuando se trata de situaciones relacionadas con la concepción, el embarazo, el parto y la maternidad. Al revés de como debería ser: todas son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ese mandato hoy pesa sobre la China que hace casi dos años está presa, acusada de un delito que jamás cometió.

Este artículo se publicó en Latfem y es reproducido por Tiempo Argentino a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.