El juez federal de Dolores avaló que el abogado -cuyo nombre aparece en documentos del falso abogado Marcelo D´Alessio- continúe como querellante.
Stornelli, a través de su abogado, Roberto Ribas, había pedido que se dejara sin efecto la decisión de tener a Rusconi como querellante, decisión que Ramos Padilla había adoptado porque el apellido del abogado apareció escrito en un cuaderno en el que D’Alessio tomó apuntes durante una reunión de cuatro horas con el fiscal en el balneario CR de Pinamar. También hubo menciones en contactos vía Whatsapp y otras alusiones en el contexto de una supuesta cámara oculta prevista contra otro abogado, Juan Manuel Ubeira.
“En este contexto, resulta razonable sostener el derecho suficiente que posee Maximiliano Rusconi como para promover, bajo los mecanismos que el ordenamiento procesal habilita, una pesquisa judicial tendiente a determinar si se estaba realizando una operación en su contra –tal y como prima facie se corroboró en otros casos ya analizados- y qué alcance de afectación tuvo dicha operación”, sostuvo Ramos Padilla.
“Resulta legítimo y atendible el reclamo de esta persona (Rusconi) por impulsar la investigación a fin de conocer qué tipo de tareas se podrían haber estado realizando a su respecto, y qué clase de perjuicio pudo haberle causado aquello”, añadió.
El juez no descartó que se trate de una pista que lleva a ninguna parte. Pero advirtió que “será con el curso de esta pesquisa que se determinará, oportunamente, si dichos elementos objetivos de prueba se vinculaban con un posible plan delictivo de la asociación ilícita objeto de investigación, si conformaban la comisión de un delito que ya había comenzado a ejecutarse o si no tenían relevancia alguna para el caso”.
“Lo que no puede hacerse es cercenar ab initio (NdR: desde el vamos) el derecho de la persona concretamente mencionada a controlar, colaborar e impulsar la investigación tendiente averiguar si fue víctima de tareas de espionaje ilegal con el fin de perjudicarlo”.
Ramos Padilla rechazó apartar del rol de querellante a Rusconi porque una decisión de esa naturaleza “estaría violando el derecho constitucional y legal de una persona que cuenta con indicios concretos como para presumir la ejecución –o preparación- de un delito en su contra a peticionar a las autoridades en forma activa y efectiva, conforme las pautas delineadas en el ordenamiento procesal, que se investigue correcta y adecuadamente tal circunstancia”.
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