Espionaje ilegal: Majdalani y Arribas bloquearon el acceso de la Bicameral a la causa

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, consiguieron bloquear el acceso de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) a la causa por espionaje ilegal. La Comisión es justamente el ámbito del Congreso en que los espías –definidos como “cuentapropistas” en un cuestionado fallo de la Cámara Federal- aseguran uno tras otro que recibieron órdenes superiores para las operaciones que hoy están bajo la lupa (es una manera generosa de decirlo) de la Justicia.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había resuelto el 31 de marzo pasado, ante una presentación del presidente de la Bicameral, Leopoldo Moreau, aceptar a la Comisión como “amicus curiae” (amigos del tribunal, terceros que sin ser parte aportan información y criterios para una mejor resolución), “a fin de cooperar con la justicia mediante el aporte de elementos de interés y contribuir en el abordaje de aspectos técnicos en materia de inteligencia nacional”.

El juez invocó dos acordadas de la Corte Suprema que “regulan la intervención de los amicus curiae para las causas en trámite ante sus estrados” y destacó que esa figura cumple con “la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno”.

“Teniendo en cuenta la finalidad y función que cumple la CBI, los argumentos invocados en su presentación, los informes producidos, los fallos citados y la temática ventilada en autos -en las que se examinan cuestiones que podrían suscitar interés general-, autorícese la intervención como Amigo del Tribunal”, dispuso Martínez de Giorgi.

Pero la defensa de Arribas, a cargo del abogado Andrés Coronato, y la de Majdalani, ejercida por Juan Pablo Vigliero y Adriana Ayuso, apelaron la medida.

Entonces el juez resolvió aceptar el planteo, enviarlo a la Cámara Federal y dispuso: «En función de lo aquí dispuesto y hasta tanto el asunto sea tratado por la Alzada, restrínjase el acceso al Sistema Lex 100 a la CBI”.

El Sistema Lex 100 contiene el expediente electrónico. El tribunal, cualquiera sea, debe habilitar mediante un doble sistema de acceso (los abogados deben tener una clave y el juez debe permitirles que puedan acceder) la intervención de las partes.  En los hechos, la decisión de Martínez de Giorgi significa que la Bicameral no podrá consultar actuaciones pasadas ni actuales, y tampoco estará habilitada para aportar información. ¿Cuál? Por ejemplo, las declaraciones que vienen prestando en ese ámbito los ex espías Guillermo Matta, Jorge “el Turco” Sáez y Diego Dalmau Pereyra, quienes sindicaron a Arribas y, especialmente, a Majdalani, como responsables de las órdenes de las tareas de inteligencia ilegal.

“A veces, escucho lo del cuentapropismo. ¿A quién vamos a extorsionar nosotros?, ¿a usted le parece que yo puedo ir a la casa de la hermana de Macri a extorsionarla? ¿Y para qué? (…)  Claro: me levanto una mañana y digo: ‘Che, estamos aburridos: ¿vamos a la casa de la hermana de Mauricio Macri?’. Están totalmente descerebrados”, declaró Sáez ante la CBI.

Si bien es cierto que la Bicameral está impedida momentáneamente de acceder al expediente, quien tiene que adoptar una decisión final sobre si queda apartada de la causa o puede continuar con “amicus curiae” es la Cámara Federal porteña, el tribunal donde se gestó y consolidó la teoría del “cuentapropismo” que exculpa a Arribas y Majdalani de la responsabilidad directa por el espionaje ilegal cometido desde el organismo que ambos comandaban.

Martínez de Giorgi también le pidió a su colega de La Plata Ernesto Kreplak la “copia certificada de la presentación escrita que habría efectuado Diego Dalmau Pereyra” y la declaración testimonial de otro exespía también considerado cuentapropista, Leandro César Araque.

La causa por el espionaje ilegal tuvo otras decisiones que parecen mostrar un movimiento que no se traduce, por ahora, en resultados concretos. El juez Martínez de Giorgi le pidió a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que “remita cualquier actuación administrativa, interna o de cualquier carácter, que guarde relación con supuestas tareas de presiones y seguimientos al Juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, previa desclasificación”.

Carzoglio fue otro de los que declaró ante la Bicameral. “El 31 de agosto de 2018 vienen, entran a mi juzgado, a mi despacho, (el ex jefe de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián) De Stefano con Fernando Di Pasquale (ex director operacional de Análisis, según el suspendido juez de Avellaneda “se identificó como encargado de la parte de finanzas de la AFI)”.

“Entonces bueno, apenas comenzamos la  conversación me dicen: ‘Doctor, lo venimos a ver por órdenes del presidente Macri, que necesita detenerlo a Pablo Moyano’. Les digo: ‘Miren, en principio yo la causa no la tengo, la tiene el Doctor Vitale (Gabriel, juez de Garantías de Lomas de Zamora). Hay rumores de que la van a mandar para acá, como debería haber sido siempre, pero bueno, esa es una observación mía, cuando tenga la causa yo voy a ver qué elementos tengo en la causa, qué es lo que me pide el fiscal actuante y, en función de eso, yo voy a resolver’. Di Pasquale me dice “Doctor, estamos obsesionados con la detención de Moyano. Usted me dice qué quiere’”.

Martínez de Giorgi le pidió a la UFI 4 de Avellaneda “la certificación del expediente 23308/2018, caratulado ‘N.N. sobre delito de acción pública; Denunciante: Carzoglio, Luis Silvio’, e indique si en el marco de dichas actuaciones se encuentra reservada la copia de un borrador que le habría sido entregado por personal de la AFI al Juez de Garantías de Avellaneda Luis Silvio Carzoglio, en relación a la detención de Pablo Moyano”.

Es curioso: Arribas y Majdalani, al igual que De Stéfano y Di Pasquale, fueron sobreseídos por el juez federal Ariel Lijo en la investigación sobre el supuesto apriete a Carzoglio para que pusiera preso a Pablo Moyano. El sobreseimiento quedó firme. Sin embargo ahora Martínez de Giorgi vuelve sobre el asunto. Cualquier decisión –directa o indirecta- que adopte sobre una causa que tiene fuerza de cosa juzgada no haría más que agregar barro a un expediente que ya es un lodazal.«