Espionaje ilegal: la Justicia rechaza otro pedido de la defensa de Macri

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de la defensa del expresidente Mauricio Macri de sustanciar una serie de medidas de prueba y realizar luego una audiencia, antes de resolver la continuidad del juez federal interino de Dolores, Martín Bava, al frente de la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

La decisión fue adoptada por el presidente del tribunal de apelaciones marplatense, Alejandro Tazza, en el marco del incidente de recusación promovido por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, contra el juez que llamó a indagatoria al exmandatario.

«En cuanto a la prueba solicitada por el Dr. Pablo J. Lanusse en el punto III de su escrito de recusación, no resultando la misma útil y pertinente en razón a la naturaleza de la cuestión aquí debatida, no ha lugar», sostuvo Tazza en la resolución.

El camarista tampoco hizo lugar a convocar a una audiencia previa porque «no concurren circunstancias sustantivas habilitantes para instituir un espacio de verificación, confrontación y réplica de las cuestiones de hecho y de derecho introducidas»; por lo que consideró que este trámite «no deviene necesario» y dispuso pasar las actuaciones «a resolver».

La decisión fue bien ponderada por las querellas que intervienen en el expediente, que leyeron los planteos de la defensa de Macri como un intento de ganar tiempo antes de la indagatoria prevista para este jueves, según pudo reconstruir esta agencia; ahora la Cámara de Mar del Plata quedó en condiciones de determinar si el juez Bava continúa o no al frente del expediente.

Para evitar cualquier otro intento de demora, la abogada por parte de la querella mayoritaria, Valeria Carreras, presentó un escrito con el que pidió al juzgado que tramita la causa que se designen médicos forenses para el caso del que el expresidente alegue cuestiones de salud para no presentarse a declarar. Macri está citado a declaración indagatoria en la causa para el próximo 28 de octubre a las 12 en el juzgado federal de Dolores a cargo del magistrado subrogante Bava, luego de dos postergaciones: la primera citación fue para el 7 cuando el exmandatario se encontraba fuera del país y la segunda fue para el miércoles pasado, oportunidad en la que el imputado no se presentó y envió un escrito con el que recusó al juez.

El mismo día, por la tarde, Bava rechazó apartarse del caso por considerar que no se encuentra comprendido «en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas por el nombrado son manifiestamente improcedentes».

Este primer pronunciamiento de la Cámara Federal de Mar del Plata en el marco del incidente de recusación del juez Bava se dio mientras por redes sociales -con eco en distintos medios de comunicación- comenzaron a difundirse convocatorias agitadas por militantes, dirigentes y voceros oficiosos de Juntos por el Cambio para «acompañar» a Macri a Dolores el día de su indagatoria.

Macri, por su parte, confirmó el último viernes, durante su visita a Santiago del Estero, que se va a presentar a la indagatoria a la que fue convocado el último 1 de octubre y por primera vez opinó sobre la causa que lo tiene como imputado y en la que están procesados los ex jefes de la Inteligencia argentina durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Lo primero que dijo fue que el juez es «manifiestamente incompetente» porque, entre otras cosas, «el ARA San Juan no se hundió en Dolores», ni él trabajó en Dolores y «los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores».

En esas declaraciones el exmandatario confundió, por lo menos, dos expedientes: aquel en el que se investiga el hundimiento del submarino que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, mientras que lo que se investiga en Dolores es el espionaje a los familiares de las víctimas, ocurrido en Mar del Plata.

«Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra», afirmó Macri, que luego afirmó que su convocatoria «es una arbitrariedad» y que él «ni siquiera estaba en el expediente».

En rigor, Macri se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, que ubicó al expresidente como el «responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».

Finalmente, Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal «es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir».

Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

«Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno», sostuvo el juez en la imputación de Macri.