Serán el 10 e noviembre, después de que el jefe de gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, no consiguiera los apoyos necesarios para mantenerse en el poder.
«El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre», reconoció Sánchez en una comparecencia después de una infructuosa ronda de consultas del rey Felipe VI con los diferentes representantes políticos.
En el poder desde junio de 2018, el socialista ganó las elecciones de finales de abril pero necesitaba alianzas en el Congreso, donde solo obtuvo 123 diputados de 350.
«No existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza», señaló en un comunicado la Casa Real, después de la ronda de consultas del monarca.
En consecuencia, Felipe VI «no formula una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno», añadió.
Así, este bloqueo llevará a la disolución del Parlamento el próximo 23 de septiembre y la convocatoria de elecciones el 10 de noviembre.
Serían las cuartas desde 2015, cuando el bipartidismo ejercido hasta entonces por el partido socialista PSOE y el conservador Partido Popular (PP) se vio sacudido por la irrupción de la izquierda radical de Podemos y el centroliberal Ciudadanos.
Los líderes de estas cuatro formaciones (Pablo Iglesias de Podemos, Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Casado del PP y el mismo Sánchez) cerraron la ronda de consultas con el rey este martes, en una jornada frenética de contactos a última hora.
Por los resultados de las elecciones de abril, Sánchez era el único candidato con opciones de éxito aunque en julio ya perdió dos votaciones en el Congreso para su investidura al no conseguir cerrar un pacto de coalición con Podemos.
Desde entonces, los contactos con esta formación fueron escasos e infructuosos ante la insistencia de Podemos de entrar en el ejecutivo y la negativa socialista, que prefería gobernar en minoría acordando un programa conjunto con ellos.
Estancada la negociación con la izquierda, Sánchez recibió una oferta de última hora que tampoco fructificó del partido Ciudadanos, que se había mostrado muy hostil con el líder socialista, calificándolo incluso de «peligro para España».
Este lunes, Rivera, su líder, se abrió a la opción de abstenerse por «responsabilidad» y para echar a andar la legislatura.
A cambio, Sánchez debía comprometerse «por escrito» a no subir impuestos a familias y autónomos, no indultar a los 12 independentistas catalanes juzgados este año y que deben conocer su sentencia en breve, y rearmar su coalición en la región de Navarra para no depender del partido separatista vasco Bildu.
El socialista le respondió por carta que el PSOE ya cumple esas tres condiciones, derivando en una trifulca dialéctica entre ambos líderes.
«Fuegos artificiales antes de unas nuevas elecciones», resumía un informe de la consultoría Teneo Intelligence, asegurando que los movimientos de última hora «son intentos de trasladar la culpa de las nuevas elecciones al PSOE».
Los reproches ya comenzaron este martes, con la oposición acusando a Sánchez del bloqueo y éste recriminándoles no responsabilizarse de la gobernabilidad del país.
«Tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno, que desde el principio quería elecciones», aseguró Casado, líder del PP.
Las encuestas sitúan a Sánchez como el principal beneficiado de unas nuevas elecciones, en las que teóricamente aumentaría su ventaja pero sin alcanzar la mayoría absoluta, obligado nuevamente a buscar acuerdos.
No es una situación nueva para España: entre 2015 y 2016, el país necesitó diez meses y una repetición electoral para reconducir entonces a la presidencia al conservador Mariano Rajoy, reemplazado en junio de 2018 por Sánchez tras una moción de censura.
El bloqueo coincide ahora en un contexto de incertidumbre económica por los temores a una nueva recesión mundial y política ante un posible Brexit duro y la probable reactivación del conflicto catalán si los líderes independentistas son condenados.
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