La Cámara baja española dio luz verde a la licencia médica para mujeres que padecen menstruaciones incapacitantes y permite a adolescentes de 16 y 17 años la interrupción voluntaria del embarazo sin permiso paterno.
El texto, aprobado con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones, tendrá que ser votado en el Senado y si allí resulta modificado, deberá regresar de nuevo al Congreso de los Diputados, antes de convertirse en ley.
«Esta es definitivamente una legislatura de avances feministas», celebró la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de izquierda Podemos, aliado de los socialistas del presidente Pedro Sánchez dentro del gobierno de coalición.
«Reconocemos también la salud menstrual como parte del derecho a la salud y combatimos el estigma y el silencio», agregó ante los diputados, según consignó la agencia AFP.
A pesar de que Montero había indicado meses atrás que esta licencia, que los médicos podrán conceder a las mujeres que padezcan menstruaciones especialmente dolorosas o incapacitantes, no tendría una duración limitada, en el proyecto de ley no figura ninguna precisión sobre su extensión.
Cuando el texto sea adoptado definitivamente, España se convertirá en el primer país en Europa, y uno de los pocos en el mundo, que añade esta medida en su legislación, como ya lo hicieron Japón, Indonesia o Zambia.
Esta licencia suscita, sin embargo, reticencias en varios sectores como el sindicato UGT, uno de los dos mayores del país, que mostró su inquietud porque estas bajas despierten el recelo de los empleadores y supongan un freno a la contratación femenina.
Esta ley «provocará efectos contrarios para las mujeres», que pueden generar «reacciones de marginación o estigmatización», además de «consecuencias negativas en el mercado laboral», criticó Marta González, diputada del opositor Partido Popular (PP, derecha), que junto a la agrupación de extrema derecha Vox y la formación liberal Ciudadanos fueron los que se opusieron al texto.
La licencia menstrual es una de las medidas destacadas de un proyecto de ley mucho mayor, que prevé igualmente reforzar el acceso al aborto en los hospitales públicos, que realizan menos del 15% de estas intervenciones en España debido a una objeción de conciencia masiva de los médicos.
Actualmente, las mujeres de ciertas zonas del país deben recorrer cientos de kilómetros si quieren abortar debido a la falta de servicios públicos y de clínicas especializadas cerca.
El texto debe permitir igualmente que las menores puedan abortar sin autorización de sus padres a los 16 y 17 años, revirtiendo una obligación instaurada por un anterior gobierno conservador en 2015.
El aborto fue despenalizado en España en 1985 y legalizado en 2010, pero la interrupción voluntaria del embarazo sigue estando llena de obstáculos en este país de arraigada tradición católica.
El proyecto de ley prevé igualmente un refuerzo de la educación sexual en las escuelas, así como la distribución gratuita de medios anticonceptivos o productos de higiene menstrual en los liceos.
La ley también contiene medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una licencia preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
Del mismo modo, prohíbe la publicidad y la labor de las agencias que promocionan la gestación subrogada, actividad que es ilegal en España.
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