Familiares de desaparecidos acudieron a la Justicia para revertir la cesión del campo de deportes del centro clandestino. El club asegura estar en contacto con la secretaría de Derechos Humanos.
El complejo que River proyecta será de uso exclusivo para las inferiores, con capacidad para alrededor de 800 chicas y chicos de entre 8 y 14 años. Como la mayoría llega desde el interior del país, también planifican construir una pensión y un colegio. «Además de los diez millones de dólares en infraestructura, se invertirá casi ocho millones de dólares por año en educación, vivienda, alimentación y atención de salud», detallan desde el área de prensa y confirman que la obra también incluye seis canchas de fútbol once.
Lo cierto es que por ahora lo único que puede avanzar sobre el espacio delimitado por la colectora Cantilo, el arroyo Medrano y el Río de la Plata es la investigación a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Después de la firma del acuerdo con River, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) aclaró que el «proyecto está supeditado al cumplimiento de determinados requisitos» y se estableció un plazo de seis meses para que el EAAF lleve adelante excavaciones en la zona –algo que nunca se había logrado– para establecer la posible existencia de restos óseos de víctimas de la dictadura. En buena parte, el destino del predio está atado al resultado del informe y al vínculo que logren construir con los organismos. En una presentación ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, 50 sobrevivientes ya remarcaron que el plazo es muy corto en relación a las dimensiones del terreno.
Unos días después, una víctima del centro clandestino de detención y exterminio presentó otro escrito en el juzgado en el que reiteró el reclamo de «investigar seriamente» y pidió la nulidad de la cesión. Recién logró que lo recibieran cuando se largó a llorar de la impotencia. Lijo lo rechazó in limine, como hizo con cada una de las presentaciones.
La ex ESMA se conecta con el campo de deportes a través de un puente peatonal que atraviesa la avenida Lugones. Las y los sobrevivientes lo consideran como parte de la logística represiva por los testimonios que dan cuenta de la existencia de un crematorio de militantes político en el terrenos. Eran los «asaditos», como decían los represores cuando incineraban restos de desaparecidos. Hay una lista –no confirmada– con 36 nombres que podrían haber sido quemados allí. Entre ellos, están los de Rodolfo Walsh, Norma Arrostito, Ignacio Areta, el cineasta Enrique José Juárez, la poeta Ana María Ponce, Itzigshon Matilde, Marcelo Kurlat y Liliana Braghinsky. También podría estar Horacio Domingo Maggio, nombre fundamental para el avance de la megacausa ESMA. Nariz, como lo apodaban, logró escapar del Casino de Oficiales y escribió informes clave del funcionamiento del centro clandestino. Incluso llegó a dibujar planos de lo que ocurría rejas adentro de la Avenida del Libertador al 8000. En la clandestinidad, el delegado gremial del Banco Provincia de Santa Fe y militante de Montoneros celebró con su familia en medio del horror. «Recuerdo haber estado con mi papá en el festejo del Mundial», contó María, una de sus hijas, cuando brindó testimonio en la megaucausa. La Selección levantó la Copa, la primera de la Argentina, en el Monumental, a unas pocas cuadras de la ESMA.
Esas historias son parte de lo que los sobrevivientes procuran preservar y por eso piden que el campo de deportes sea considerado como un espacio de memoria.
Después de obviar cualquier mención a la historia del terreno en el comunicado que anunció la cesión del terreno por parte del Estado, River empezó enviar gestos, se puso a disposición de los organismos de Derechos Humanos y se comprometió a garantizar las excavaciones necesarias para «despejar cualquier duda respecto de que en ese lugar se hayan inhumado restos de víctimas del terrorismo de Estado». Sus señales también incluyen el avance de una idea que se discute hace tiempo en el club y que ahora se aceleraría: la creación de una Comisión de Derechos Humanos, como ya existe en varias instituciones del país, para mantener «vigente la Memoria y el compromiso con la Verdad y la Justicia». A su vez, el área de prensa también agrega que están en contacto «con todos los actores intervinientes, sobre todo con la secretaría de Derechos Humanos» y sostienen que el proyecto original comprende espacios para la memoria. «Son todas propuestas a convalidar con las organizaciones», repiten y cuentan que otra idea es que todas las canchas que se construyan lleven un nombre de alguna víctima del terrorismo de Estado.
Por fuera de los proyectos y los diálogos abiertos, la decisión del uso que se le dará al predio hasta ahora controlado por la Marina y el Ministerio de Defensa está en pausa hasta que se realicen los rastrillajes en el terreno. Su resultado definirá si se continúa con el proyecto del centro de alto rendimiento que River elaboró y la Justicia lo convalidó al darle un uso gratuito por tiempo indeterminado. A cambio, el club se comprometió a aportar cuatro millones de dólares en materiales e infraestructura para que la Marina pueda tener un campo de deportes propio en otro lugar.
El interés de River por las 7,3 hectáreas al otro lado de la avenida Lugones existe al menos de manera pública desde 2019. Rodolfo D’Onofrio lo sinceró en el medio de la alegría por la cuarta Copa Libertadores ganada por el club en una entrevista televisiva con Marcelo Longobardi. Envalentonado por el clima triunfal de la histórica final en Madrid frente a Boca, el expresidente evaluó un escenario alentador para proponer la mudanza del Monumental a «una tierra que está sobre el río» y llegó a decir que esperaba que Mauricio Macri se sacara la camiseta para venderle el terreno. Se refería al campo de deportes y el pedido entre risas iba dirigido para quien gobernó el país hasta diciembre de 2019. Pero la moción de D’Onofrio se canceló por la resistencia de los hinchas para dejar la cancha, hoy con una capacidad ampliada para 86 mil personas y renombrada como Más Monumental.
El proyecto de usar el campo de deportes que forma parte de los terrenos de la Armada se reactivó el año pasado cuando la ABBE notificó al juez Lijo sobre el pedido del club. El camino es conocido: el Estado accedió a ceder el espacio, una decisión que todavía genera tensiones y conversaciones puertas adentro de ESMA.
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