Se trata del campo de deportes del centro clandestino. El fallo del juez Ariel Lijo a favor del club de Núñez, notificado a través de la Agencia de Bienes del Estado, queda supeditado a una excavación del Equipo de Antropología Forense.
El escrito -de tres carillas- presentado por Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi en representación de 50 sobrevivientes, pide que se “deje sin efecto la autorización de uso de ese terreno a favor del club, y se integre como parte constitutiva del espacio para la memoria”.
El recorrido que termina con el permiso de uso precario de River del predio ubicado a unos 800 metros del Monumental entre la colectora Avenida Cantilo y el Río de la Plata comenzó en diciembre pasado. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó al juez federal Ariel Lijo –quien lleva adelante actualmente la megacausa ESMA– sobre el pedido del club y la autorización se confirmó a fines de mayo. Unos días más tarde, la AABE formalizó el acuerdo con la institución deportiva.
La decisión causó el rechazo de algunos organismos de Derechos Humanos y sobrevivientes del ex centro clandestino, quienes consideran que el terreno es una extensión del aparato represivo que funcionó en la Esma y piden que se conserve como espacio de memoria.
A su vez, hay distintos testimonios que señalan que el campo de deportes era el crematorio o lugar de entierro de distintas personas que estuvieron detenidas en el mayor centro de detención clandestina de la última dictadura. En su anuncio, River presentó una pieza audiovisual en la que informa que sumará más “de 7 hectáreas para seguir haciendo realidad nuestros sueños de grandeza” mientras se ve una imagen aérea del predio que pertenece a la Marina y al Ministerio de Defensa.
Según el escrito de Lijo, el proyecto de River supone la creación de un campo deportivo con seis canchas de fútbol once, una cancha de agua de hockey, cuatro vestuarios, un salón comedor y otro de actividades múltiples, entre otras obras, en el espacio de más de siete hectáreas.
Después de comunicar el convenio con River el 12 de junio, la AABE señaló que el “proyecto está supeditado al cumplimiento de determinados requisitos” y aclaró que “no se podrá concretar construcción alguna hasta tanto quede definitivamente esclarecido que ello es posible, en virtud de que no altere el valor jurídico e histórico del sitio de memoria de la ex-ESMA”.
La principal acción que se llevará adelante será una excavación en el predio a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) “para establecer la posible existencia de enterramientos clandestinos o depósitos de restos óseos pertenecientes a detenidos-desaparecidos víctimas de la última dictadura cívico-militar”, señaló la Agencia. Es decir, no se puede avanzar en nada hasta que se finalicen los estudios.
Para los 50 sobrevivientes de la ESMA que presentaron el escrito, sin embargo, “los seis meses establecidos para la labor del EAAF resulta por demás exiguo si se tiene en consideración la dimensión del terreno”. Además, remarcan que “es obligación del Estado realizar todos los esfuerzos y acciones necesarias para hallar, identificar y restituir los restos de las personas desaparecidas”.
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