Escobar tiene el primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios del país

La ordenanza establece sancionar abusos, resolver conflictos y realizar campañas de difusión que favorezcan la información ciudadana sobre sus propios derechos. El insólito rechazo a la normativa de los legisladores de Juntos.

El Concejo Deliberante de Escobar aprobó el primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios y Usuarias del país. La ordenanza, impulsada por el Departamento Ejecutivo, permitirá intensificar políticas de educación e información al consumidor, resolver conflictos y sancionar abusos en el partido. Fue aprobada por 15 votos a favor y 7 en contra. 

“Este código pone nuevamente al partido de Escobar a la vanguardia. En principio, lo que hace es ordenar jurídicamente todas las normas que rigen o tutelan los derechos de los consumidores y los usuarios. Clarifica el procedimiento y eso permite que la población gane derechos cuando ocurre alguna situación de conflicto por una relación de consumo que esté contra la normativa”, expresó la presidenta del HCD, María Laura Guazzaroni. 

El proyecto contó con la colaboración y coautoría del abogado y especialista en la materia Dante Rusconi y la Asociación Justicia Colectiva, una asociación civil sin fines de lucro constituida principalmente para defender los derechos de consumidores y trabajadores.

La iniciativa fue apoyada por la totalidad de los concejales del Frente de Todos y por dos concejales de la oposición: el del monobloque de Avanza Libertad y uno de Juntos. Los siete votos en contra fueron del resto de los legisladores de Juntos presentes en el recinto. “Aquellos concejales y concejalas que se opusieron a este código, lo hicieron desde el desconocimiento y desde la desinformación. Tampoco vinieron a la reunión informativa sobre este tema, que se desarrolló ayer, en este mismo recinto”, sostuvo la concejal y presidenta de la comisión de Interpretación y Reglamento Verónica Sabena. 

Este nuevo marco jurídico permitirá intensificar políticas de educación e información al consumidor, resolver conflictos y sancionar abusos. A través de esta ordenanza también se clarifica y adecúa el sistema normativo local, asignando competencias y clarificando los procedimientos que hacen al Derecho del Consumidor. A su vez, se agregaron innovaciones que han surgido a partir de la experiencia de la aplicación de la ley nacional y provincial, como por ejemplo las audiencias por medios digitales.

Críticas al voto en contra de los concejales de Juntos

El oficialismo de Escobar criticó a los concejales de Juntos por votar en contra del nuevo Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios y Usuarias

“Lo que se hace con esta ordenanza es darle claridad al procedimiento de defensa al consumidor y es una herramienta más eficaz para dar respuesta al vecino o la vecina que realiza una denuncia como consumidor. A pesar de que hay concejalas de la oposición que acompañaron el proyecto, lamento que la ordenanza no haya salido por unanimidad, porque es un código muy beneficioso para los vecinos y vecinas. Una de las personas que más se opuso a este proyecto, desde lo técnico, es una concejala que lamentablemente no se hizo presente cuando hicimos una jornada específica en el Concejo Deliberante para intercambiar opiniones, pero sí hizo circular un comunicado que solo confunde y amedrenta a un sector de la población”, manifestó el subsecretario de Legal y Técnica, Nicolás Gaytán.

Por su parte, la subsecretaria de Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos y ex Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, también se refirió a la postura de la concejala opositora María Gabriela Hernández: “En términos estrictamente jurídicos, sus aseveraciones resultan un verdadero disparate, y sus argumentos absolutamente infundados y carentes de basamento técnico, por lo que concluyo que esa fue la razón por la cual no se presentó a la convocatoria donde además de técnicos y especialistas de la materia se encontraba presente la sociedad civil. Entiendo que su real motivación es de carácter ideológico y no jurídico. Evidentemente no puede acompañar un proceso que garantice igualdad de trato al más débil de un vínculo, que es el usuario o el consumidor”.

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