Una organización ambientalista denunció que usan la denominación de “manejo silvopastoril”, pero la ganadería intensiva es responsable del desmonte y la pérdida de bosques nativos en Chaco y en Santiago del Estero.
El trabajo, titulado: “La deforestación para ganadería que quieren ocultar. Impacto del manejo silvopastoril en Santiago del Estero y Chaco” mostró que, en promedio, los lotes intervenidos para ganadería perdieron la mitad de su fracción leñosa. Además, en el 70% de los casos, se evidenció la pérdida de la estructura y función del bosque.
“Bajo la etiqueta de ´manejo silvopastoril´, que debería garantizar un uso sustentable de los bosques, en realidad se están llevando a cabo desmontes encubiertos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Y comentó que “en las últimas dos décadas, el avance de la ganadería intensiva ha sido el principal motor de los desmontes en el norte del país, incluso en áreas protegidas por la Ley de Bosques. Esto revela la complicidad de los gobiernos provinciales, que permiten estas prácticas para favorecer a los grandes productores.
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta junio de 2024, se deforestaron más de un millón de hectáreas en Santiago del Estero, 710 mil hectáreas en Salta, 535 mil hectáreas en Chaco y 478 mil en Formosa.
Estas cuatro provincias concentraron el 75% de los desmontes, precisamente en la zona del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de
las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
El informe de Greenpeace cita un trabajo de la Dirección Nacional de Bosques mostrando que la ganadería intensiva en zonas boscosas fue responsable del 40% de la deforestación que se produjo en 2016 en Chaco y Santiago del Estero. Mientras que para 2017 representó “casi un 65% del total de las áreas con pérdida de bosque nativo en Santiago del Estero”.
El trabajo incorporó imágenes de un relevamiento aéreo realizado en mayo de este año sobre algunos sitios intervenidos, reflejando la degradación y un cambio completo del uso del suelo en esos campos.
El análisis de la cobertura vegetal se realizó mediante imágenes satelitales de alta resolución, e indicó que, en el período previo a su intervención, los lotes estaban compuestos por entre 10 y 50% de árboles leñosos; entre 40 y 70% de vegetación herbácea y menos de un 20% de superficie no vegetada.
Desde el año de su intervención hasta 2022 los lotes perdieron, en promedio, la mitad de su fracción leñosa, y su composición quedó con menos de un 25% de árboles, entre 50 y 85% de vegetación herbácea, y un 20% de superficie no vegetada. Las diferencias en estas distribuciones muestran que la vegetación arbórea fue reemplazada por vegetación herbácea, modificando la estructura del bosque nativo y sus servicios ecosistémicos como proveer de oxígeno mediante la fotosíntesis, capturar carbono y albergar a aves, insectos y otras especies.
A nivel general, el cambio en la estructura de la vegetación se tradujo en una disminución en la cobertura leñosa (del 37% en el año 2000 al 10,6% en 2022) y un aumento en la cobertura herbácea (del 45% al 74,4%).
No obstante, con el argumento de que se dejan árboles en pie, existen cuestionamientos a la definición de estas prácticas como deforestación. Sin embargo, “en la práctica y en el tiempo, estas intervenciones terminan siendo desmontes, en bosques clasificados en la Categoría II – amarillo, donde según lo establece por la Ley Nacional de Bosques, no está permitido el desmonte”, apuntó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
“Más deforestación significa más crisis climática, desaparición de especies, inundaciones, desertificación, enfermedades y desalojos de campesinos e indígenas”, recordó el activista ambiental.
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