En una década casi dos millones de niños y niñas cayeron en la pobreza

Según el Observatorio del Derecho Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en apenas una década, 1,8 millones de niños y niñas se sumaron a los 5 millones que se encontraban en la pobreza en el año 2011. Con la sola excepción de 2017, todos los años, el índice de pobreza subió con especial ensañamiento entre los chicos hasta 17 años.

En 2011 los niños que vivían en hogares que no reunían los ingresos para superar la Canasta Básica Total, que mide el nivel pobreza, representaban el 40% del total mientras que, a diciembre de 2020, la cifra escaló hasta un 64,1%. Un incremento del 60% en la cantidad de chicos en situación de pobreza.

En el mismo período, aunque con un marcado incremento en los últimos dos años, la indigencia en ese segmento escaló un 139% y alcanza a 2 millones de niños, equivalentes al 16% que vive en hogares que no reúnen ingresos para hacerse de los alimentos necesarios para vivir. En 2011 representaban el 6,7%. En diez años, se sumó 1,1 millón.

El mismo informe da cuenta de que las políticas públicas consistentes en transferencias no contributivas como la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares pasaron de alcanzar a un 37,7% del total de niños de 0 a 17 años hasta un 45,8%. Pero no alcanzaron.

Según la socióloga Ianina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, la AUH «logró amortiguar el crecimiento de la indigencia, que estuvo muy estable y recién se dispara en los últimos dos años. Lo mismo con la Tarjeta Alimentaria, que tiene un efecto compensatorio en los sectores más marginales. Si no hubiesen existido esas transferencias, junto con el IFE, la indigencia ya habría llegado al 40 por ciento».

Sin embargo, continuó, «ninguna de esas transferencias te saca de la pobreza. No están pensadas para resolver la situación de los adultos que garantizan los ingresos en los hogares».

Para Tuñón, el impacto más severo de la pobreza en los más pequeños, en definitiva, «se explica por una cuestión demográfica. La media de niños en los sectores más pobres es mayor que en el resto de la sociedad». Para la especialista, «tiene mucho que ver lo que pasa en la macroeconomía y, en especial, con la inflación porque en los sectores más pobres la mayor parte del consumo se explica por alimentos».

Cambiar el rumbo

Un estudio reciente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) destaca que el esquema de transferencias para la niñez se compone de tres pilares: las asignaciones familiares, las deducciones por Ganancias que llegan a poco más de 6,2 millones de niños y la AUH que, lanzada en 2009, hoy beneficia a 4,3 millones más.

Los investigadores identifican cuatro problemas en el esquema vigente: en los hechos, deja afuera a 1,2 millones de beneficiarios; los requisitos de cada uno de los tres pilares resultan inequitativos; es insuficiente para resolver la pobreza y la indigencia y, por último, arrastra una diferenciación de montos según región o modalidad contractual de los padres. Por eso, proponen una asignación universal para la niñez que sea idéntica para todos y, a la vez, garantice en forma progresiva un ingreso por encima de la indigencia y luego de la pobreza actualizada en forma automática según la evolución de las canastas de valorización. Para eso, impulsan una política de transferencias que lleve el gasto en la materia hasta un 5,2% del PBI en 2030. Inspirados en la experiencia boliviana, proponen avanzar en un gravamen sobre las empresas públicas hidrocarburíferas.

Políticas públicas

Más allá de las transferencias con fondos de la Anses, lo cierto es que el Estado durante el período redujo sus esfuerzos orientados específicamente a atender las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. Durante la década que va desde 2011 a 2021, el presupuesto de los programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social orientados hacia la niñez sufrieron un recorte en términos reales de más de un cuarto del total.

Agrupando los ítems relativos a las «Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes», dependiente de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, como así también los de «Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes», de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal, pasaron de poco menos de $ 240 millones en 2011 hasta los $ 3214 millones en el presupuesto de este año. Más allá de su efectiva ejecución, en términos reales, se trata de una reducción del 27,33 por ciento.

Desde el punto de vista de Tuñón, «no hay nuevas políticas públicas que haya que desarrollar. Hay que desarrollar bien las que existen. La primera es la del empleo de los adultos, que debe ser superador a la idea de la transferencia de ingresos. Por otro lado, políticas públicas especialmente orientadas a los chicos que no están siendo fortalecidas por ningún gobierno: la educación entre los más pobres es de muy baja calidad. El quinto año es el séptimo grado de sus abuelos».

Para Tamara Seiffer, doctora en Ciencias Sociales e investigadora adjunta especializada en Políticas Sociales de la Universidad de Quilmes y el Conicet, en realidad, «las políticas que implementa el Estado, entre ellas las dirigidas a la niñez, no son exteriores a la acumulación de capital, sino una de sus formas concretas de desarrollo. El capital determina a una parte creciente de la población obrera argentina a la condición de sobrante, sometiéndola a reproducir su vida en condiciones degradadas». Por eso, continuó, «las condiciones de vida de M expuestas en los medios estos días, así como del 64% de les niñes, muestran que el capital puede prescindir de la producción de futuros trabajadores con aptitudes productivas universales y desarrolladas. Y muestra la impotencia de una ‘política estrella’ como la AUH para resolver la pobreza de les niñes en un contexto de abrupta caída salarial y aumento del desempleo». Y, concluyó, «tanto el Gobierno de la Ciudad como el nacional expresan esa necesidad. No hay solución si no se pone en cuestión la causa del problema».

Para Tuñón, «tenemos una mirada muy contemplativa. No veo vocación de ningún gobierno por transformar la vida de los sectores más pobres ni ministerios a la altura de encarar cambios a la escala que se necesita. Estamos hablando de 8 millones de pibes. No hay un acuerdo de políticas de Estado de largo plazo que ponga la mirada en el futuro del país, que no es otra cosa que invertir en los chicos».