Mientras esto ocurre, diferentes organizaciones afirman que el gobernador Perotti no quiere recibirlos para tratar el tema y que el Senado cajoneó una Ley que mitigaría la fumigación en zonas pobladas.
Este avance desmedido, ocurre incluso con la Ley vigente 11.273 conocida como Ley de Fitosanitarios, sancionada en el año 1995, para ponerle coto a la industria agroquímica en toda la jurisdicción. La norma contemplaba ciertas excepciones que habilitaban la fumigación con agrotóxicos de manera terrestre a menos de 500 metros de las zonas pobladas de manera terrestre, en caso de que no se pueda realizar mediante avionetas. Ante el reclamo de miles de personas, en el año 1997 la Provincia hizo un decreto reglamentario donde prohibía las excepciones de fumigación de la Ley, si en la zona se encontraban complejos habitacionales, deportivos, centros de salud y escuelas; pero ningún gobierno provincial cumplió con la reglamentación de ese decreto.
En definitiva: La actual ley habilita las aspersiones con agrotóxicos frente a los domicilios de los vecinos de los pueblos del interior de la provincia, y de las escuelas mientras los estudiantes están en clases. Este hecho causa alteraciones y enfermedades graves en el conjunto de la comunidad. La multisectorial «Paren de Fumigarnos Santa Fe» hace 11 años presentó un proyecto modificatorio que prohíbe fumigaciones con agroquímicos a menos de 1500 metros de pueblos, escuelas rurales, parques industriales, arroyos, ríos y humedales, así como su depósito en áreas urbanas. El próximo 30 de noviembre el proyecto corre peligro de volver a perder estado parlamentario por sexta vez consecutiva.
“Los agrotóxicos nos están matando. Tenemos muchas personas que atraviesan enfermedades graves como cáncer, grandes y chicos. El actual gobernador de la provincia, Omar Perotti, nos había prometido durante la campaña que nos íbamos a reunir para conversar sobre este tema y ahora nos cerró las puertas”, señala en diálogo con Tiempo Sergio Gorostio, integrante de Basta de Fumigarnos. La falta de leyes nacionales para la aplicación y regulación de agrotóxicos, deja una zona gris y poco clara para que las empresas avancen con las fumigaciones. Esto pese a la promulgación de la Ley general de ambiente 25.675 y la Ley de Residuos peligrosos 24051; que son poco específicas. “nos movilizamos a la legislatura de la provincia de Santa Fe para que traten cuanto antes nuestro proyecto de Ley así evitamos que pierda nuevamente estado parlamentario. Necesitamos de esta Ley para que proteja a la población de los productos agroquímicos”, agrega Gorosito. “Es más, en 2019 el oficialismo presentó un proyecto similar al nuestro, obtuvo media sanción de diputados y el Senado lo cajoneó y se niega a tratarlo en el parlamento”.
Estos hechos tomaron mayor relevancia a nivel nacional, cuando en junio de este año, se conoció la noticia de que una escuela de Villa Amelia, sobre la Ruta 18, fue fumigada mientras los chicos tenían clases con las ventanas abiertas, dado que las autoridades escolares debían garantizar la ventilación cruzada para cumplir con los protocolos en medio de la emergencia sanitaria.
Un informe técnico realizado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), registró, a comienzo de este año, residuos de agroquímicos en el río Salado, a 40 kilómetros de la capital provincial. Desde diciembre de 2020, la población denunció la aparición de miles de peces muertos en las costas del río. A raíz de este hecho, fue la propia Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la encargada de exigir un estudio en las aguas. La investigación apuntó a comprender las causas de este aumento de la mortandad. Según la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia, “no hay ninguna duda de que fue por anoxia”, que es la falta de oxígeno que provoca la bajante del río. Pero, además, de los 116 compuestos que fueron sometidos a diferentes análisis, pudieron detectarse tres herbicidas y un fungicida, entre los que se encuentra el glifosato. Como resultado, todos los ríos que atraviesan zonas de cultivos agropecuarios intensos tienen residuos de agroquímicos que se derivan de la misma producción. El informe, detalla que en los peces muertos se detectaron restos del insecticida clorpirifos, en concentraciones de entre 30 y 80 miligramos, y herbicida 2,4-D en las branquias y en el hígado del pez sábalo. El muestreo se tomó sobre ejemplares muertos y sobre otros que manifestaban comportamientos extraños, y fueron seleccionados de diferentes sectores del puente de la Ruta 70, que conecta las localidades de Recreo y Esperanza. Por su parte, la respuesta de la cartera de Ambiente del Gobierno de Santa Fe, es que la mortandad de diferentes especies de peces es producto de las bajantes del río que deterioran la calidad del agua, y que no se generaron por los productos agrotóxicos.
Un estudio del CONICET encontró más especies con agrotóxicos
En un estudio publicado en el mes de mayo en la revista científica Water Air & Soil Pollution, investigadores del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL) y del CONICET, evaluaron los efectos de la exposición crónica a agroquímicos en dos especies de anfibios que habitan en arroceras de las provincias de Santa Fe. Los investigadores, seleccionaron individuos de Lysapsus limellum, una especie de rana que atraviesa su ciclo vital, desde la fase de renacuajo hasta adulto, en ambientes acuáticos como los que se generan en las arroceras. Son animales altamente susceptibles que habitan en dichos cultivos y que se encuentran diariamente expuestos a sustancias como Bentazon, Molinato, Propanil, Clomazone, 2,4-D y al Glifosato, entre otros químicos. La especie mostró diferentes alteraciones, producto de los agroquímicos, en su aparto reproductor y en el hígado.
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