En medio de reclamos de trabajadores del sector, el gobernador Rodolfo Suárez (JxC) impulsó una Ley de Emergencia en Anestesiología que permite que se formen y hagan prácticas médicos y técnicos anestesistas. La Asociación lo rechazó y llamó a un paro el pasado martes. Llamaron, por decreto, a una Mesa de Diálogo.
Ante este escenario crítico, el gobernador Rodolfo Suárez lanzó una convocatoria por decreto para crear una mesa de diálogo entre las partes que arrancará mañana viernes. «El objetivo es que en ese ámbito se pueda interactuar para encontrar las alternativas de solución requeridas por las graves circunstancias en la materia que han determinado la declaración de la emergencia dispuesta por ley”, sostuvieron en el gobierno.
El Ejecutivo provincial alega que hay una constante “fuga” de especialistas en anestesiología del sector público, y que con sus reclamos los sindicatos atentan contra el servicio. Además, aducen que la situación generó casi 5000 cirugías suspendidas en los últimos meses. Presentando ese marco, impulsó una Ley de Emergencia en Anestesiología, aprobada en menos de 48 horas y con gran parte del peronismo (que vive su propia crisis interna en la provincia) apoyándola. Entre otros puntos, esta norma –que tiene una vigencia de 120 días, pero es prorrogable por el mismo lapso– frena renuncias y obliga a hacer guardias a quienes hayan brindado servicios en Salud durante los últimos cinco años.
La Ley de Emergencia le abre la puerta a médicos. En su artículo 7º, faculta al Ministerio de Salud a “arbitrar los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de médicos y técnicos anestesistas”. Esto fue leído por la AMA como una provocación y un riesgo para la salud de las y los pacientes.
Así lo manifestaron en un comunicado, horas atrás: «Esta ley atenta no sólo contra la calidad formativa de la especialidad sino fundamentalmente contra la ‘calidad del acto anestésico’ toda vez que, sin contar con la especialidad en Anestesiología, médicos y/ o técnicos anestesistas podrán realizar prácticas anestésicas mediante una capacitación y/o formaciones arbitradas por el Ministerio”.
“Esta ley es un agravio a todos los médicos anestesiólogos de la provincia tanto del sector público como privado, que tendrá sus repercusiones negativas no sólo en la salud pública, sino también en la salud privada», acotaron.
El martes, en un hecho inédito, las y los anestesistas realizaron un paro, que obligó a reprogramar todas las cirugías. «La Asociación Mendocina de Anestesiología comunica a ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza) que la suspensión de las cirugías programadas fue dispuesta voluntariamente por cada uno de los anestesiólogos que prestan servicio en los distintos nosocomios del sector privado de salud provincial y motivada por el repudio de toda la comunidad anestesiológica a la ley que declara la emergencia en la especialidad», expresaron.
Pidieron disculpas, y agregaron: «La medida buscó ‘visibilizar’ la negativa de todos los médicos anestesiólogos a que una ley de emergencia habilite a cualquier profesional médico o técnicos anestesistas a ejercer prácticas anestésicas’ sin la correspondiente especialización mediante una residencia habilitada, también por ley, y a tal efecto; toda vez que para garantizarle al paciente, al equipo quirúrgico y a todas las clínicas del subsector privado una anestesia segura, es necesario que sea administrada por un anestesiólogo matriculado».
De acuerdo a la prensa local, ya renunciaron más de 60 profesionales de anestesiología en el sector público, y hay más de 4500 pacientes que todavía están esperando una intervención. Una clave será cómo hará el gobierno de Suárez para llevar a cabo las capacitaciones a médicos y técnicos para que pasen a ser anestesiólogos. Hasta el momento nadie de la gobernación explicó cómo lo harán y cuánto tiempo prevén para esos aprendizajes. Un legislador oficialista llegó a decirle al diario UNO de Mendoza, al pasar: «Será como una residencia».
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