En Mendoza, aplican multas de $ 81 mil y hasta días de prisión a familias que no manden a los chicos a la escuela

Por: Guillermo Lavecchia

El Código de Contravenciones de la Provincia, ensalzado por Juntos por el Cambio de cara a una posible política nacional, establece la posibilidad de sancionar hasta con el arresto a padres de alumnos que falten al colegio de manera reiterada e injustificada.

«Hay un 6% más de ausentismo que antes de la pandemia», aseguró José Thomas, director de la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza. Así justificó el funcionario la aplicación de las sanciones para responsables de menores de edad que falten a sus colegios, e incluso también para aquellos que no cumplen con el horario de retiro de los alumnos, siguiendo una tendencia de la derecha en los últimos años: tomar la bandera educativa desde el lado de que los chicos tengan que estar como sea dentro del aula.

En los últimos días el Código Contravencional de Mendoza fue destacado por el espacio de Patricia Bullrich (que lleva de candidato a vice al mendocino Luis Petri, de discurso represivo), como un modelo para seguir en caso de llegar a la Nación. El Código prevé sanciones y detenciones por acciones que van desde cuidar coches y hacer piquetes hasta tirar las cartas. Y en el caso de marchas, deben ser anunciadas con antelación, sino también son sancionadas.

Pero uno de los puntos más sensibles es el que se relaciona con la educación. Las multas para las familias que, sea la razón que sea, no mandan a sus chicos a la escuela pueden ir desde los $10.800 hasta los $81.000, el arresto llega hasta los 15 días y en el caso del trabajo comunitario va hasta 20 días.

Esas penas están en dos artículos del Código Contravencional sancionado en 2018 pero «sobre los que no muchos están al tanto», como menciona un artículo del Diario Uno de Mendoza, a propósito de las discusiones sobre política educativa realizada dentro de la interna feroz en Juntos por el Cambio que busca tomar a la provincia cuyana como modelo.

El artículo 99 de la norma es el que habla sobre la «Inasistencia de alumnos menores de edad a establecimientos educativos»: sostiene que «Los padres, tutores o curadores de alumnos menores de edad que, de manera reiterada e injustificada, los hagan incurrir en inasistencias a los establecimientos educativos durante el ciclo lectivo, serán sancionados» con multa, arresto o trabajo comunitario.

Sanciones

Los valores de las multas van desde 600 U.F., es decir $32.400, hasta un 1.500 U.F., lo que equivale a $81.000. El artículo 100 agrega sanciones por la «omisión de cumplimiento de compromisos asumidos con los establecimientos educativos».

Enfatiza que los «padres, tutores o curadores de alumnos que, de manera reiterada e injustificada, omitieran los compromisos asumidos con los establecimientos educativos en relación al horario del retiro de los alumnos luego de finalizado el horario escolar y siempre que el hecho no constituya un delito serán sancionados con multa o arresto».

Esas multas pueden variar desde 200 U.F., es decir, $10.800, hasta un 1.000 U.F. ($54.000) o arresto desde 2 hasta 10 días.

Hasta habla de conceptos extrañamente presentes al tratarse de una normativa relacionada a lo educativo: «Las autoridades del establecimiento escolar deberán dar intervención a los organismos públicos de protección de derechos que correspondan, cuando los incumplimientos aludidos pongan en peligro la integridad o seguridad psicofísica de los alumnos», remarca.

El director de la DGE José Thomas la valoró como «necesaria» por el contexto de faltas: «No hemos recuperado los valores de presentismo de la prepandemia. Tenemos 6 puntos más de ausentismo».

«La cantidad de chicos que faltan más de lo que corresponde es muchísima», lamentó Thomas. En Nivel Inicial y en primero, segundo y tercer grado de Primaria registraban a principio de año un 24% de ausentismo: «Esa cifra hoy bajó a 20% en primer grado pero sigue siendo muy alta».

Curiosamente, admitió a través de los números, que la normativa coercitiva no está rindiendo sus frutos: Thomas informó que en 2018 (año en que se sanciona el Código), había un presentismo en primaria de 81,71% mientras que en el secundario era de 82,5%. En 2022 esas cifras descendieron: «Se registra un 70% en Nivel inicial, el 76,5% en Primaria y el 80,5% en Secundaria».

Faltas

«Desde la DGE creemos que se pueden revertir esos números mostrándoles los resultados académicos a los padres –aseguró Thomas sobre las cartas a tomar en el asunto–. Un chico que falta menos de 15 días en el año está 20 puntos más arriba del que falta más de 15 días», tomando como ejemplo la medida del censo de Fluidez lectora. Aunque no hizo mención a las situaciones particulares que atraviesa cada familia. El contexto está omitido en los postulados.

Para Thomas las causas de que falten son múltiples pero sostiene que particularmente se dio un hecho postpandemia que alteró la rutina familiar: cambiaron las dinámicas de trabajo. «Un padre que trabaja en la casa, un día que llueve o que es posterior o previo a un fin de semana largo, no manda a su hijo a la escuela», generalizó.

«La virtualidad es una medida para paliar un problema puntual pero los chicos aprenden en el aula con su docente», agregó. Y concluyó en que la idea es «volver al ejercicio sarmientino de ir todos los días a la escuela pase lo que pase».

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