El histórico acuerdo entre oficialismo y oposición llamará a un plebiscito para remplazar o modificar el texto vigente desde la dictadura de Pinochet.
La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y pone a Chile en el camino hacia una Constitución que sustituya a la actual, sancionada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue señalada como el gran escollo para construir un país más justo por la ciudadanía en la actual crisis social, que dura ya cuatro semanas y dejó al menos 22 muertos, además de numerosos heridos y detenidos.
El plebiscito resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución.
En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, una «convención mixta constitucional», compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.
La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.
El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de dos tercios de sus miembros.
Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio, consignaron medios locales y las agencias de noticias EFE y Europa Press.
El acuerdo, bautizado como «Por la paz social y la nueva Constitución», atiende a la «grave crisis social y política» que vive el país, «a la movilización de la ciudadanía» y al llamado que hizo este martes el presidente Sebastián Piñera, tras una jornada de alta agitación y graves hechos de violencia, por la unidad para alcanzar la paz, la justicia social y la nueva Constitución, según recoge el documento.
El pacto fue anunciado esta madrugada y se logró tras dos largas y febriles jornadas de debates entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.
«Es una jornada histórica para Chile y para la democracia», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar el acuerdo ante los medios de comunicación.
Quintana señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre «una serie de injusticias e inequidades» que los chilenos han señalado en sus manifestaciones.
«Esta respuesta que están dando transversalmente todos los partidos que aquí nos acompañan es una muestra que busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica a la crisis, de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada», sostuvo Quintana.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra el cuarto aumento del precio del subte en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor ciudadano y propuso una «agenda social».
Para hacerla realidad, remodeló el gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
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