En medio de los incendios, Seguridad recortó 400 millones para emergencias

Cada gobierno tiene sus prioridades. Mientras el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich compra 15 millones de balas de goma, también recorta en más de 400 millones los fondos destinados a acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana a desastres, que desde hace unos meses incluyen el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Pero la naturaleza no sabe de números. En pleno avance del ajuste, con temperaturas récord, Mendoza y La Pampa fueron las primeras provincias que comenzaron a sufrir incendios esta temporada. Entre las dos superaron las 300 mil hectáreas quemadas.

A comienzos de la semana, el presidente Mauricio Macri hizo una impasse en sus vacaciones y se dirigió desde Villa La Angostura hasta Mendoza donde sobrevoló rápidamente una de las zonas incendiadas, en cercanías de San Rafael. Durante esas horas, el gobernador Alfredo Cornejo declaró la emergencia agropecuaria por un año y medio, lapso en el que prevé que pueda “recomponerse naturalmente” la flora nativa y la capacidad productiva de los campos. Mientras, la ola de calor enardecía los reclamos de parte de la población afectada por la falta de reacción oficial. Lo que no se les dijo a los damnificados fue el recorte de recursos por parte del Estado para enfrentar este tipo de eventos extremos.

Se puede apreciar en el presupuesto: en 2017, el programa del Ministerio de Seguridad llamado “Acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana a desastres” contó con $ 1467 millones (de los cuales ejecutó 990 millones). En 2018, la inversión desciende a 1094 millones. Una quita superior al 25%, por la que se prevé una menor elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta. 

El programa incluye metas como el desarrollo y funcionamiento de las Federaciones y Cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el país, y la concientización y capacitación a la sociedad.

Pero el ajuste es aún más profundo, porque en septiembre de 2017 el gobierno decidió traspasar el Sistema Federal de Manejo de Fuego (SFMF) del Ministerio de Ambiente al de Seguridad. En el año que acaba de pasar, el SFMF tuvo 341 millones de presupuesto. “Aún con el Sistema de Manejo de Fuego bajo su órbita, Seguridad destinó $ 373 millones menos para tal tarea, sin considerar además la inflación prevista para 2018 del 15%”, apunta Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

“Es una reestructuración entre los ministerios para un manejo más eficiente de los incendios forestales”, justificó en su momento el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, el traspaso interministerial. La medida fue la conclusión de una interna en el gabinete macrista, luego de los errores de Bergman en el verano pasado (recordado por su alusión a “rezar” para superar los incendios), cuando fueron destruidas casi dos millones de hectáreas. El tironeo saldado a favor de Bullrich también representa un cambio conceptual en el manejo del fuego. Seguridad apunta a la parte operativa en el tratamiento de los incendios. Cuando Ambiente estaba a cargo, debía enfocarse en que el evento extremo no llegara a concretarse.

Así lo explica Nápoli: “Si tenés menos recursos, ejecutás las acciones en menor proporción, pero no es lo único. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención, alertas tempranas, y los operativos de acciones directas en los campos, que no se hacen. Tenés que prevenir, inspeccionándolos, a ver si tienen cortafuegos, mantenimiento, si tienen acceso para cuando deban entrar las brigadas. Son una multiplicidad de temas a tener en cuenta todo el año, no sólo de octubre a febrero”. Y agrega: “Falta accionar de la autoridad nacional y coordinación con las provincias. Aunque recemos, o el Manejo del Fuego pase de Ambiente a Seguridad, el problema es el mismo, y se va agravando por la falta de recursos y temperaturas extremas”.

Para Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, “el gobierno debe ampliar significativamente los fondos destinados a la prevención y lucha contra el fuego; y el Congreso debe avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, que propone castigar con prisión de 2 a 10 años y multar a quien intencionalmente ocasione un desmonte, incendio, cambio de suelo o la destrucción de un bosque nativo, violando la reglamentación”.

También Ambiente recorta, tanto en personal (ver recuadro) como en recursos. Con el traspaso del SFMF a Seguridad, ahora debe hacerse cargo de las tareas para remediar el daño de los incendios. Sin embargo, lo destinado a ese objetivo bajó de $ 239 millones a 30 millones. Además, la Ley 26.815 dispone en su artículo 30 la creación del “Fondo Nacional del Manejo del Fuego”. Esa partida no figura en el presupuesto 2018.

En Mendoza, con temperaturas de hasta 42° C, las llamas arrasaron más de 25 campos. Y se generaron cruces. El diputado José Luis Ramón (Partido Intransigente) reclamó por «los recursos que se han asignado para el manejo de las emergencias sobre el fuego». El gobernador Cornejo respondió que no hubo críticas de productores y que lo del legislador no es representativo: “Déjense de joder”, le dijo a la prensa.

En La Pampa, uno de los principales afectados fue el Parque Nacional Lihué Calel, donde se quemaron 18.500 hectáreas, más de la mitad del parque. Recién el jueves anunciaron que, tras casi dos semanas, habían logrado extinguir el fuego que sacrificó hectáreas de caldenes. En la lucha trabajaron brigadistas y guardaparques de La Pampa y sólo hubo apoyo del Plan Nacional del Fuego con medios aéreos. Las llamas afectaron el tendido eléctrico y salió de servicio el acueducto del Río Colorado, que abastece de agua a 16 localidades del sur pampeano. 

El titular del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Mendoza, Guillermo Ferraris, ilustró la situación desesperante: “En la mañana parece un campo de rosas; en la tarde se descontrola todo.”

Parques Nacionales, tierras ancestrales y negocio inmobiliario

Hay quienes apuntan, en la decisión de traspasar el Manejo del Fuego de Ambiente a Seguridad, al jefe de Gabinete de esta última cartera, Pablo Noceti, señalado por delinear sin orden judicial el operativo represivo de Gendarmería en el Pu Lof mapuche que finalizó con la muerte de Santiago Maldonado. Semanas más tarde, las fuerzas de seguridad asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, cerca de Bariloche, tras la denuncia de «usurpación» contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul en la zona del lago Mascardi, promovida por el directorio de Parques Nacionales (PN). 

Los parques suelen ser víctimas recurrentes en los incendios de cada verano, pero la mayor presencia del Ministerio de Seguridad en PN puede apuntar a otro factor: los posibles negocios con estas tierras de alto valor inmobiliario, algunas en conflicto con reclamos históricos de pueblos originarios. Con el traspaso del Manejo del Fuego, Seguridad unifica las fuerzas. Y la prevención ambiental pierde terreno.

La relación proviene directamente del directorio, el cual posee una composición netamente empresarial: su presidente es Eugenio Bréard, vinculado al mundo inmobiliario y durante 25 años directivo de la filial argentina de Phillip Morris. También está Roberto Brea, exdirectivo del Grupo Inmobiliario Ayres. Y el más curioso: Mariano Florencio Grondona. Hijo del famoso periodista, miembro de la Sociedad Rural, fue denunciado por beneficiarse con las ventas de terrenos a precios rebajados a decenas de propietarios de Barrio Parque. Grondona y Noceti son socios del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Ese directorio de matriz empresarial es el que debe manejar tierras en zonas altamente valoradas por el mercado inmobiliario y turístico.

Conflicto interprovincial

La visita de Macri a Mendoza generó otra polémica. Dijo: “No vamos a parar hasta poner en marcha Portezuelo del Viento”. Pero ese proyecto promovido por la gobernación afín a Cambiemos es causa de un litigio entre esa provincia y La Pampa, porque afecta al río Colorado, que provee de agua a varias localidades pampeanas. La Asamblea por los Ríos Pampeanos rechazó “la arbitraria e ilegal intención del Gobierno Nacional y de Mendoza”. En la causa debía mediar el presidente, pero el gobernador Carlos Verna pidió su recusación y que sea apartado como árbitro por “incompetencia e imparcialidad”. Reclama que lo dirima la Corte.

Mientras, Ambiente despide

Durante la semana se conocieron 28 despidos de trabajadores del Ministerio de Ambiente. Como ocurrió en otras áreas, la decisión fue acompañada por una fuerte presencia policial. Cuando los empleados llegaron se encontraron con la Infantería, grupos antidisturbios, policías motorizados, vallados y camiones hidrantes. Desde ATE denunciaron que se trata de cesantías injustificadas que se suman a las 90 ocurridas desde que asumió la nueva gestión: «Es una muestra más del cinismo del gobierno; mientras avanzan los incendios forestales en Mendoza y La Pampa, Bergman despide trabajadores y desmantela las áreas encargadas de prevenirlos». «