Luego de una intimación de la Defensoría al Consumidor local, la empresa distribuidora de energía se abstuvo de proceder con la interrupción del servicio a familias que denunciaron una facturación elevada.
Entre las quejas, los vecinos advertían que los consumos facturados se multiplicaron por 4 y los montos finales superaron los $ 14 mil, lo cual es anormal para usuarios residenciales.
La respuesta de Edenor a la intimación de la Defensoría es un tanto contradictoria. Por un lado, no reconoce competencia en el organismo para realizar ese tipo de intimaciones. Por otra parte, hace lugar al pedido y se abstiene de cortar el servicio a las familias que figuran en la demanda inicial.
Para el Dr. Adrián Ganino, director de Defensa al Consumidor de San Martín, “más allá de decir que no tenemos competencia, al cumplir con lo que pedimos nos están reconociendo que tenemos facultades”.
Ganino analizó la respuesta de la empresa: “En primer término, es importante recalcar que las Oficinas de Defensa al Consumidor locales son competentes para intervenir ante los reclamos de los usuarios, contra las empresas de servicios públicos (art 25 ley nacional 24.240 y art 3 de la ley provincial 13.133 inc-E). Respecto a la medida dictada para evitar los cortes del servicio a los usuarios mencionados, las oficinas de defensa al Consumidor, han sido facultadas por la misma ley provincial a dictar medidas preventivas de cese de conducta violatorias de la ley de defensa al consumidor, por lo cual dicha facultad no es inconstitucional ni mucho menos atenta contra el Derecho de Defensa de las empresas, ya que si cumplen con lo solicitado y adjuntan los debidos informes que acrediten que las facturaciones fueron realizadas de conformidad con el marco normativo contractual, en principio, se les podría hacer lugar al planteo”.
Más allá de las cuestiones técnicas, la resolución lograda asegura “que más de 25 familias de San Martín puedan pasar unas fiestas con luz y dignamente”.
Las batallas de la municipalidad de San Martín son Edenor datan de 2016 e incluyeron medidas cautelares, amparos, intimaciones de pagos millonarios por parte de la empresa, fallos de la Suprema Corte de Buenos Aires y hasta multas por $ 6 millones por parte del municipio.
“Somos de los pocos municipios que adoptamos esta posición, en defensa de los vecinos y usuarios”, finalizó Ganino.
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