En extenso debate y con fallo dividido, la Corte Suprema de Brasil resolvió que Lula puede ir preso

Por: Pablo Giuliano

Pasadas 10 horas de sesión, la presidenta del alto tribunal Cármen Lúcia definió la votación que le negó el habeas corpus al exmandatario. Ahora el candidato del PT, que lidera todas las encuestas a presidente, podría quedar detenido ante una orden del juez Sergio Moro.

La corte suprema de Brasil rechazó en la medianoche de este jueves el hábeas corpus interpuesto por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien de este modo podrá ir a la cárcel tras ser condenado en dos instancias a 12 años y un mes de prisión por corrupción, y aun cuando puede seguir apelando la pena.

El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) alcanzó la resolución en los primeros minutos del jueves, merced al voto de su presidenta, Cármen Lúcia Antunes, después de que la votación de los 10 restantes jueces terminara empatada con cinco opiniones favorables a admitir el recurso y cinco proclives a rechazarlo.

El debate comenzó en la tarde del miércoles y se extendió no solo porque cada uno de los 11 jueces debió fundamentar su voto, sino también porque sufrió varias interrupciones para considerar reclamos de la defensa del exmandatario.

La última de esas pausas, sobre el filo de la medianoche, fue para determinar si correspondía que, ante el empate 5-5, desequilibrara Antunes, quien sometió la cuestión al voto de los magistrados.

Los jueces Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber y Luiz Fux votaron a favor de rechazar el hábeas corpus, mientras Gilmas Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurelio Mello y Celso de Mello se pronunciaron por admitirlo.

El voto clave fue el de la ministra Weber, de quien se esperaba que se inclinara por admitir el recurso y, sin embargo, dio el golpe de gracia a las aspiraciones de Lula con un argumento contradictorio: explicó que votó para respetar la jurisprudencia instalada por el STF en 2016, que ella misma rechazó en su momento.

Lo que estaba en juego es si en Brasil un condenado en dos instancias -como Lula- puede ser detenido, como lo resolvió la corte en 2016, o debe esperar a que el fallo esté definitivamente firme luego de todas las instancias, como marca la Constitución.

Tras el voto de Weber, manifestantes del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y movimientos sociales levantaron sus actos frente al Congreso Nacional.

La decepción también abarcó el ímpetu militante que había en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo.

El propio Lula abandonó las instalaciones del sindicato poco antes de la medianoche, tras permenecer allí unas 12 horas, y se retiró a su casa de Sao Bernardo do Campo, acompañado por militantes del Movimiento Sin Techo y de la Central Única de Trabajadores.

En San Pablo, cerca de la Avenida Paulista, la zona más rica de la ciudad, se escucharon bocinazos, y grupos derechistas como Vem para Rua y Movimiento Brasil Libre pidieron celebrar el voto de Weber, que cambió la tendencia del tribunal.

Los bocinazos volvieron a repetirse una vez que se conoció el resultado definitivo de la votación.

El debate judicial acaparó la atención de todo el país, ya que Lula es el candidato con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre y la posibilidad de su detención y encarcelamiento abre un escenario incierto de cara a esos comicios.

El clima estuvo enrarecido además por la polémica abierta por el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, quien, por Twitter, habló de la lucha contra la impunidad y el respeto a la Constitución, en una declaración vista como una presión a la corte y a la ministra sabidamente indecisa, Weber.

El juez Sérgio Moro, a cargo de la investigación por la que Lula fue condenado, deberá definir el lugar de detención del expresidente.

Sin embargo, la decisión del STF no es automática, ya que hay varios trámites por realizar luego de la votación de hoy.

De igual forma, Lula puede presentarse como candidato ante la justicia electoral hasta el 15 de agosto, en un país donde la sucesión de crisis políticas y jurídicas parece no tener fondo ni fin y tampoco panorama.

El expresidente fue condenado en dos instancias por haber recibido un departamento en propiedad oculta de la empresa constructora OAS en la playa de Guarujá, litoral de San Pablo, como parte de los ingresos ilegales que recibía su Parido de los Trabajadores (PT) para sus campañas.

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