Sostienen que están dispuestos a lanzar una lista de legisladores que "deberían ser destituidos", entre ellos Cristian Ritondo.
Por la mañana de este jueves, en varios despachos de la Casa Rosada el clima era de absoluta distensión. “Se va a caer la sesión”, vaticinó a un funcionario por demás optimista. No la vio. En las primeras horas del mediodía el panorama favorable que el oficialismo esperaba se coartó cuando altas fuentes del PRO y la UCR dejaron trascender en off the record que apoyarían el proyecto para destituir al ahora ex senador peronista detenido en Paraguay con más de USD 200.000.
La noticia cayó como una bomba en Balcarce 50. En los teléfonos de las primeras líneas del mileísmo empezaron a llover justificaciones por parte de sus aliados, quienes atribuían el cambio repentino a la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La magistrada, quien lleva adelante la causa que investiga al senador por enriquecimiento ilícito que tramita la Justicia Federal de San Isidro, envió esta mañana al Congreso un oficio en el que solicitó el desafuero y detención del entrerriano.
Según dijeron fuentes irrefutables, en el gobierno no estaban al tanto del movimiento de la jueza y se enteraron de su decisión en el mismo momento que llegó al edificio de la calle Rivadavia. En su propia reconstrucción, creen que esta decisión llegó gracias a la presión que habría ejercido Mauricio Macri. “Desde el miércoles que (Luis) Juez está operando contra el proyecto. Lo de Arroyo Salgado forma parte de la misma cadena de devolución de favores”, acusó ofuscado un alfil del libertario.
Cercados, en el gobierno reconocen que la decisión de apoyar la destitución de Kueider fue obligada. Luego del primer impacto que significó la habilitación de Victoria Villarruel para tratar el caso en el recinto, La Libertad Avanza intentó por todos los medios -y hasta el cuarto intermedio que se pidió a minutos de la votación- que el resultado fuese una suspensión y no una destitución. Como una devolución de favores para quien fue la llave para aprobar la Ley Bases, estaban dispuestos a apoyar a su aliado más casta, incluso si esto los obligaba a mover sus propias reglas discursivas.
Críticos del republicanismo que, dicen, impostaron algunos opositores, desde el primer momento en el gobierno hicieron saber que no apoyarían la destitución de Kueider. Se mostraron esperanzados frente a la posible caída de la sesión. Nada marchó acorde al plan. “El PRO prefirió regalarle una banca al kirchnerismo en vez de tener una silla vacía”, lanzaron. Con la destitución del senador, la camporista Stefanía Cora entrará en su lugar, lo que le “devolverá” una banca a Unión por la Patria, que quedará a sólo tres legisladores de tener la llave del quórum y la Cámara Alta.
A pesar del panorama desalentador, en el gobierno anuncian revancha. “Si vamos a jugar con estas reglas, también tendrían que pedir la destitución de Cristian (Ritondo)”, dijeron en Casa Rosada. El legislador, quien supo cultivar un vínculo estrecho con Santiago Caputo y se convirtió en el interlocutor entre el gobierno y Macri, fue denunciado junto a su esposa por enriquecimiento ilícito, luego de que una investigación de El Diario Ar diera a conocer que posee sociedades y propiedades sin declarar en Estados Unidos.
En esta misma línea, la orden del principal asesor presidencial de confeccionar una lista de legisladores procesados toma cada vez más fuerza. Treinta, dicen, sería el número final de parlamentarios por quienes estarían dispuestos a presentar pedidos de destitución. Si bien la medida tiene el apoyo de la mesa chica del gobierno, lo cierto es que la decisión aún está en etapa preliminar y no tienen en claro si se presentarán proyectos individuales por cada legislador o uno que englobe a todos. Tampoco se definió si se avanzará con esta línea durante el pedido de sesiones extraordinarias -que aún no llegó al recinto- o si esperarán a que el Congreso retome su actividad ordinaria en marzo.
A pesar de la voluntad de los cerebros del libertarismo, lo cierto es que, por ahora, la realidad no los acompaña. Así quedó expuesto esta tarde al momento de la votación del pedido de destitución de Oscar Parilli, que Villarruel logró colar por la ventana para, probablemente, lavar la culpa de haber llamado a una (otra) sesión que golpeó al oficialismo. El pedido presentado por el puntano Bartolomé Abdala no logró alcanzar los dos tercios necesarios y la sesión se cayó. “Son republicanos selectivos”, chicaneó una funcionaria.
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