En Córdoba denuncian que una empresa saudí está «expoliando el agua del acuífero para consumo humano y riego”

Desde hace más de una década, vecinos y distintos grupos dedicados al cuidado del ambiente y recursos naturales de Córdoba vienen denunciando que la empresa saudí Fondomonte South América S.A, está expoliando gran parte del agua para consumo humano y riego en el departamento San Alberto, al oeste serrano de la provincia. Desde el Foro Ambiental Traslasierra alertaron por esta situación que, según advirtieron, se profundiza. Sostienen que la firma (de las más grandes del Golfo Pérsico) lo hace para cosechar alfalfa y luego llevarla a Medio Oriente para alimentar al ganado de la compañía lechera Almarai de Arabia Saudita.

Las organizaciones denuncian el expolio en el acuífero Los Cerrillos de San Vicente: “Por supuesto que Fondomonte no es la única empresa, también está la aceitera Deheza y otros productores. Pero lo cierto es que esta primera empresa que nombré se volvió emblemática y de acuerdo a nuestros cálculos es la principal consumidora del agua subterránea de la zona””, contó Daniel Emmerich, Doctor en Ciencias Biológicas, docente en el nivel terciario, investigador asociado en el Instituto de Biodiversidad Neotropical del Conicet (Tucumán) y miembro del Foro Ambiental Traslasierra (FAT), en diálogo con Tiempo.

Un reclamo de antaño

Según relató el biólogo, gran parte del territorio que tiene esta empresa extranjera antes era el monte nativo en buen estado de conservación, «pero lo desmontó y comenzó a expoliar el agua desde 2011 y lo continúa haciendo en la actualidad. Nosotros no hicimos una denuncia formal, sino poner en cuestión y en conocimiento a la sociedad, porque la gran mayoría desconocía lo que está pasando y quienes sabían siempre hablaban en voz baja”.

Sostuvo que “a nivel ambiental, creo sin ánimo de equivocarme, que Córdoba es una de las peores, tal vez la que lleva el primer lugar por todas las políticas que se han hecho y que se siguen haciendo para los negociados agropecuarios e inmobiliarios desbastando así el territorio”.

En ese sentido, mencionó «la aventura de traer agua del Río Paraná hasta Córdoba, porque la provincia en los últimos 30 años fue arruinando esos territorios, deteriorando esas cuencas. Como consecuencia, en la zona del este cordobés hay escasez de agua para consumo humano y riego”.

El principal pilar de lo que sucede se centra en los agronegocios: «a esto hay que agregarle el tema de los desmontes por incendios, porque luego cambia el uso del suelo entre otras cosas, tanto para la ampliación de la frontera agropecuaria como para la inmobiliaria”.

El FAT ya registró cinco videos intentando mostrar el problema de las cuencas «y toda esta realidad que sucede aquí sobre la crisis hídrica que estamos atravesando cada verano con mayor intensidad”.

El agua y la clase política

En estas últimas semanas, un grupo de Mina Clavero tomó los datos que el Foro había publicado hace más de un año, todo esto tuvo eco en los medios de comunicación provinciales y nacionales. «Eso fue muy importante para todos nosotros, por eso hoy estos hechos están en boca de todos”, valoró el investigador.

Las organizaciones reclaman que la empresa Fondomonte dé cuenta «sobre el impacto ambiental que produce y sigue produciendo, y que se pongan a la luz todos los permisos que les fueron otorgados a lo largo de estos 13 años”.

Según sostienen, desde que está en ejercicio la firma no presentó ningún informe para comunicar a la ciudadanía sobre lo que está haciendo, “sobre sus avances, qué tipo de permiso tienen para el expolio, no se puede decir uso de agua, porque es expolio lo que están haciendo en este acuífero que es una reserva única que tenemos y deberíamos cuidarla para el futuro”, advirtió Emmerich.

Días atrás el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Edgar Casteló, declaró al diario La Voz del Interior que ellos son muy estrictos, cumplidores y que el acuífero había bajado solo 7 centímetros. Para el docente y miembro del FAT, la clase política siempre hace “una negación a lo que exponemos los defensores ambientales, pero nosotros sabemos en forma clara y precisa, que además del expolio del agua hay muchos otros negocios; no tenemos duda de eso”.

Pozos de agua secos

Casteló también sostuvo que ellos hacen “los informes cada trimestre, que él alguna vez pudo cotejar mandando gente a que verifique ese informe”, apuntó Emmerich. Continuó relatando que se trata de “una cuestión del cordobesismo que tiene toda la discursiva, todo el relato, como para negar y confundir a los ciudadanos sobre lo que realmente está pasando”.

Las poblaciones aledañas, pequeños poblados de gente humilde que ha vivido ancestralmente en el monte cosechando frutas, verduras y criando animales, están en problemas; y otros se han ido porque les han secado los pozos de agua. En algunos casos tuvieron que “profundizar los pozos de agua -no 7 centímetros ni 10 como dice la empresa- varios metros, de 10 a 20 aproximadamente –enumeró Emmerich–. Esta agua de buena calidad debería ser cuidada como un tesoro para el futuro, teniendo en cuenta el estrés hídrico que hay a nivel local y mundial”.

Un negocio oscuro

Advirtió que la empresa Fondomonte “no permite que haya controles, porque prima el negocio que están llevando adelante”. Y aclaró que hasta el momento no cuentan con datos suficientes, «por ejemplo, sobre la cantidad de energía eléctrica que usan para el riego y el gas para el secado de la alfalfa, porque son productores multinacionales”.

Según explicó, la empresa Fondomonte es propietaria de tres campos que suman 12.306 hectáreas destinadas a la producción de alfalfa. «Estos empresarios tuvieron serios problemas en Arizona, Estados Unidos, no les han renovado los contratos por el impacto sobre el agua subterránea de allí, pero por suerte ahora el tema se visibilizó y está en discusión”, celebró el ambientalista.

Argumentos legales

Quienes luchan por un ambiente sano presentaron en Córdoba “un recurso de inconstitucionalidad cuando se modificó -el anteaño pasado- la Ley 10.208”, señaló el investigador.

La provincia de Córdoba, entonces conducida con Juan Schiaretti, “promulgó la Ley 10.830 que modifica parte del articulado de la 10.208, que es la Ley general del ambiente, esa Ley que ya era bastante laxa ahora lo es mucho más a nivel de protección ambiental”, explicó el docente.

A principios de este año, durante la salida de Schiaretti y la entrada del actual gobernador Martín Llaryora, “se promulgaron varias Leyes, nosotros hemos hecho dos reclamos, el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 10.936 que es de gestión integrada de cuencas agropecuarias, la va a manejar una entidad público-privada que se llama Agro Córdoba”, agregó.

Incendios y sequías

Otra Ley emparentada con esta es la 10.941: “todas ellas son simultáneas y aprobadas entre gallo y medianoche, esta norma establece la autoridad de cuencas relacionadas a los embalses”. A la crisis hídrica se le suman los incendios, «que son noticias todos los años, eso afecta severamente el ciclo hidrológico y la biodiversidad”.

“Esto de alguna manera exacerba la problemática del agua, también toda la cuestión del ciclo del agua, la disponibilidad en calidad y cantidad”, advirtió el investigador en relación al “expolio de agua en el acuífero Los Cerrillos de San Vicente”.

Mencionó el acueducto que está en construcción en Traslasierra, “que según ellos es para aliviar la carencia de agua en tiempos de sequía, en realidad es para seguir aumentando el negocio inmobiliario”, denunció el Doctor en biología.

Desde el Foro Ambiental Traslasierra están haciendo un pedido de informe a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI). Emmerich describió que ante esta situación ambiental la población cordobesa “se ha mostrado sorprendida e indignada al darse cuenta de que no podemos seguir mirando por la ventana lo que sucede en nuestra Patria, lo que está pasando en el mundo, porque tarde o temprano, este problema se nos va a meter a cada uno dentro de nuestras casas». Y concluyó: «Si los negocios se siguen imponiendo sobre la vida, estamos desahuciados”.