Empresas enriquecidas sobre la base de pymes y usuarios quebrados

Una cara de la moneda: «Las asambleas son para comer sanguchitos». Es probable que los accionistas minoritarios de Central Puerto coman sánguches de miga en la próxima asamblea, pautada para el viernes 27, en la que se distribuirán dividendos a razón de $ 0,70 por acción. «Nadie se anima a preguntar», agrega el inversor que recibirá esa jugosa ganancia. Un año atrás compró acciones de CEPU (como se conoce en la jerga bursátil a la firma) a $ 24,25. Anteayer, cerraron a $ 32,75, un 35% más.

Las ganancias netas de Central Puerto crecieron un 55% entre 2016 y 2015; y un 26% entre 2017 y 2016. Todas esas subas fueron motorizadas por el alza del valor del kilovatio, que la empresa genera en siete centrales termoeléctricas y una hidroeléctrica. Además, posee participaciones en dos distribuidoras de gas.

La otra cara: los 41 mil pesos de la boleta por el consumo de electricidad correspondiente al mes de marzo cayeron como un bloque de cemento sobre los hombros de los trabajadores de la Cooperativa Chilavert de Artes Gráficas. En 2015 pagaban un promedio de 2500 pesos: una suba del 1540 por ciento.

«Las tarifas hoy en día significan el 20% de nuestros costos fijos. Nos cambió por completo la estructura de costos», dijo a Tiempo Ernesto, uno de los miembros de Chilavert. El costo de la energía «pasó de ser algo muy barato a ser algo insosteniblemente caro. Nos pone en una situación muy complicada», agregó. Esta situación derivó en una crisis ya que se tradujo en una reducción de los ingresos individuales. «Por un lado, se multiplicó por 20 el costo de la energía; por otro, bajó mucho el trabajo. Hoy, nos llevamos menos plata que en 2015. Si a eso le sumás la inflación, ya ni sé cuánto da.»

Hace 16 años, los trabajadores de Ediciones de Arte Gaglianone tomaron por ocho meses las instalaciones para evitar su desguace y luego la recuperaron, para lo cual formaron la cooperativa Chilavert.

Las empresas recuperadas se encuentran entre las más golpeadas por la política tarifaria del gobierno nacional. Pablo Peláez, integrante de Facultad Abierta, un programa de la Universidad de Buenos Aires que sigue de cerca la realidad de las recuperadas, explicó a Tiempo: «A sus integrantes los afecta doblemente; como parte de la clase trabajadora, en sus hogares y en el transporte para ir al trabajo; y como socios de empresas autogestionadas que intentan llevar adelante la producción, lo que necesariamente implica retiros (equivalente al salario) más bajos».

A partir de una muestra de 73 empresas recuperadas, Facultad Abierta asegura que «el 80% experimentó bajas de producción y un 12% directamente dejó de producir». Con respecto a los salarios, «los montos netos de los retiros bajaron en un 42% de los casos, se mantuvieron en un 32% y subieron en un 15 por ciento. Si uno tiene en cuenta la inflación de estos dos años, en todos los casos perdieron poder adquisitivo».

Las recuperadas no son las únicas pymes que pasan un momento crítico. Alberto Calsiano, jefe de departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), explicó a Tiempo que la suba de los precios de la energía «tiene un fuerte impacto en la industria. Eso es lo que buscamos hacerle llegar al gobierno. No sólo se tienen que abonar los incrementos tarifarios, sino también los impuestos que acompañan a esa tarifa. Todo esto impacta de manera muy sensible en empresas pequeñas y medianas, sobre todo. Ese universo de empresas pagaba un nivel bajo de tarifas. No digo que esté bien ni mal. Es objetivo. Cuando uno lo quiere actualizar es muy difícil de absorber. Si no lo puede absorber con una rentabilidad razonable, tiene que cerrar. No hay otra».

Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado el viernes pasado en el cual pide «el compromiso tanto del Gobierno nacional como de los gobernadores para que adopten las medidas necesarias tendientes a eliminar los impuestos y costos burocráticos que incrementan las boletas de la energía a las pymes».

De escaleras y ascensores

Para los argentinos de a pie, el valor de los servicios públicos se ha convertido en una obsesión, porque los tarifazos superan con creces los incrementos de sus ingresos, sean salarios, jubilaciones o asignaciones.

Según un trabajo del Observatorio de Tarifas (OTA) que funciona en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), para los usuarios de consumo medio de electricidad (categoría R2, de entre 300 y 500 kWh al mes), la factura aumentó un 1446% entre diciembre de 2015 y febrero 2018. Estos usuarios pasaron de pagar $ 43 en 2015 a abonar $ 674 en febrero último.

En el caso del gas, para los usuarios de consumo medio (R3-1, entre 1000 y 1250 metros cúbicos al mes), la factura aumentó un 547%, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. A esto, hay que sumar el aumento que rige desde abril de este año, de un 32 por ciento. Estos usuarios pasaron de pagar $ 300 en 2015 a abonar $ 2000 en diciembre último. Este último aumento fue denunciado por la ONG Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y es investigado por el Poder Judicial (ver recuadro).

En el caso del agua, para los usuarios que viven en una zona de ingresos altos, el aumento fue en estos dos años del 287%; para los usuarios de zonificación media, del 396%; para los usuarios de zonificación baja, del 656%, todo ello a partir de la quita de subsidios que regirá desde este 1 de mayo. En estos números se advierte que los usuarios de menores ingresos tuvieron más del doble de aumento que los mayores recursos.

Los elevados porcentajes de aumento contrastan con las magras subas salariales de los últimos dos años. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desglosa la variación salarial de las 14 ramas principales del trabajo registrado y da cuenta del peso que tienen las facturas sobre los mismos –contemplando un estimativo para los aumentos en gas y luz del segundo semestre de este año-. En promedio, en 2015, la tarifa de luz significaba el 0,3% del salario; en 2017, el 2,2%; para diciembre de 2018, se estima que  el 3% del salario se destine a pagar la luz. En el caso del gas, la evolución es más drástica: en 2015, significaba el 1% del salario; en 2017, el 5,5%; para 2018, el 7,9 por ciento. En síntesis, se deberá destinar más del 10% del salario a pagar la luz y el gas.

En este sentido, los más golpeados son los trabajadores de la construcción, de hoteles y restaurantes, de enseñanza y de agricultura y ganadería. Estos sectores deben destinar entre el 15 y el 20% de los ingresos en el pago de estas facturas.

En este escenario se comprende el rechazo a la solución que encontró el gobierno para paliar el efecto de los tarifazos, de permitir que los usuarios posterguen los pagos de las boletas de los bimestres de mayor consumo de gas, con el costo de una tasa de interés aún desconocida pero que se calcula de entre el 20% y el 24% anual.

Explicaciones

Marcos Rebasa, director del OTA, explicó a Tiempo: «Nuestra economía depende del gas. El 50% de la energía argentina es gas-dependiente. La matriz energética del país es muy desequilibrada: el 85% es de hidrocarburos; de ese porcentaje, el 55% es gas. Si sube el gas, todo el sistema económico argentino sufre estos aumentos».

Y en este país gas-dependiente, «el gobierno ha fijado un costo de producción mayor al real de Argentina –señaló–, con la intención de equilibrarlo al precio internacional, que es el precio que fija la importación del gas más caro: el de barcos metaneros. De esta manera, se benefician las petroleras, que tienen un costo mucho más bajo y una rentabilidad mucho más alta. Nosotros calculamos ese beneficio en 2000 millones de dólares para 2017, respecto de lo que ganaban antes».

Las empresas del sector y el gobierno han justificado los aumentos con la idea del atraso tarifario durante la década kirchnerista. Para Rebasa, esta idea «es falsa. Es cierto que las distribuidoras no tenían las tarifas suficientes. También es cierto que no hicieron las inversiones que debían. Debería hacerse una auditoría para ver cuánto perdieron por tarifas bajas y cuánto se ahorraron por no hacer las inversiones que debían. El gobierno les pagó salarios, acomodó balances y condonó deudas millonarias. Entonces, deben justificar las tarifas que exigen. Pero no muestran los libros y nadie ha ordenado una auditoría».

Los tarifazos tienen otra incidencia macroeconómica: impulsan la inflación. Mariano de Miguel, director del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), señaló que la suba tarifaria «es una de las principales palancas de la inflación. Incluso, lo reconoce el Banco Central cada vez que debe dar explicaciones sobre las metas que no se cumplen. No lo dice directamente, pero lo da a entender. Cuando uno ve que las tarifas de luz crecieron más de diez veces y que el resto de las cosas crecieron en dos veces, es difícil argumentar que las tarifas no inciden en la inflación», razonó.

«Estos aumentos se trasladan también a otros productos que tienen a los servicios básicos como insumos. Este segundo efecto es muy difícil de medir, pero se debe tener en cuenta aunque sea conceptualmente», opinó el especialista. «

Lo que viene: agua y subte en mayo, transporte en junio

Los aumentos en los servicios públicos continúan la escalada y se esperan dos nuevas subas para mayo: subte y agua. Para junio, están confirmados aumentos en colectivos, trenes y otra vez subtes.

El valor del subte volverá a aumentar el próximo mes y también en junio. Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) solicitó elevar la tarifa de $ 7,5 a $ 11 en mayo y a $ 12,50 en junio, en la audiencia pública celebrada el jueves último. Esto significa una suba total del 66,6 por ciento.

En la audiencia, la Defensoría del Pueblo reclamó «parar y repensar el esquema de aumentos». El Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad tiene 20 días para dar una resolución. Cabe destacar que las audiencias públicas no son vinculantes y no suelen ser un problema para las intenciones del gobierno.

En octubre de 2016, el valor del boleto había pasado de $ 4,50 a $ 7,50. El porcentaje había sido el mismo: 66,6%. En el acumulado de los últimos dos años, el precio subió un 188,8%, contra una inflación acumulada que ronda el 80 por ciento.

En el caso del agua, fue aprobado el pedido de AySA y a partir de mayo la tarifa tendrá un aumento del 26 por ciento. Además, se eliminará el 25% de subsidio que tenían hasta ahora las zonas más vulnerables. Para estos últimos, la suba es del 68 por ciento.

Para los usuarios que viven en zonas de alto poder adquisitivo, el aumento fue en estos dos años del 287%; para los usuarios de zonificación media, del 396%; para los usuarios de zonificación baja, del 656%. En estos números, se advierte que los usuarios más pobres tuvieron más del doble de aumento que los más ricos.

Finalmente, los trenes y colectivos tendrán su última cuota de aumento en 2018. Al menos, por el momento. A las subas de febrero y abril, se les suma la de junio. El mínimo de colectivo tendrá un valor de $ 10. En cuanto a trenes, las líneas Roca, Belgrano y Urquiza subirán el pasaje a $ 3,25. Las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, a $ 6,75. El incremento total del boleto de colectivo durante 2018 es del 66,6%. En cuanto a trenes, las líneas Roca, Belgrano y Urquiza aumentan en total un 62,5% y las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, un 68,7 por ciento.