Empresas demandan beneficios para zafar de la crisis económica

La temporada estival está en su plenitud pero las empresas siguen de camisa y corbata detrás de una abultada agenda de temas pendientes. Enfrente, el gobierno hace equilibrio para mantenerlas de su lado en el año electoral, aunque todos sus esfuerzos están enfilados detrás de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), muchas veces a contramano de los intereses corporativos locales.

El llamado Círculo Rojo es una de las columnas de la alianza Cambiemos, pero la crisis que se disparó después del acuerdo con el FMI diluyó varias de esas lealtades. Hoy la nómina de dirigentes que se reconocen abiertos a alternativas políticas por fuera de Cambiemos es cada vez mayor y sigue en crecimiento.

Mientras tanto, el lobby debe continuar y el presidente Mauricio Macri lo sabe. Por eso días atrás le puso el cuerpo a una foto en una mesa de competitividad que sonó a mensaje conciliador, en una semana en la que su proyecto de reforma laboral sufrió el desplante de varios sectores de la producción.

De la construcción del mensaje participaron el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Modernización, Andrés Ibarra; el presidente del BICE, Francisco Cabrera; y directivos de Aduanas y la AFIP.

La mesa no resolvió nada en concreto, pero Sica declaró que «estamos trabajando para eliminar trabas burocráticas y mecanismos que son un obstáculo para la productividad y la competitividad de emprendedores, pymes y empresas del país». Ibarra condenó a la par «los excesos de la burocracia» que explicarían, desde su punto de vista, la deficiente creación de empleo.

Rechazos

El martes, los empresarios textiles confluyeron con los gremios del sector en el rechazo de la reforma laboral que impulsa Cambiemos. Apenas horas más tarde contratacaron con un reclamo de eliminación de las retenciones del 12% a las exportaciones de manufacturas más un pedido de aumentos de los reintegros a las exportaciones. Las retenciones a las exportaciones y la eliminación de los reintegros rigen desde el acuerdo con el FMI. También exigieron una política de importaciones «inteligente» para recuperar mercado interno, financiamiento subsidiado y una política de tarifas a un costo diferencial para las empresas.

«Ninguna textil pidió esta reforma (laboral)», se defendió el martes un dueño de una empresa consultado por Tiempo. En tanto, desde una de las cámaras representativas del sector condenaron la iniciativa como «producto de la dependencia del gobierno en relación con el FMI».

En resumen, los cambios de las condiciones laborales están en suspenso en las fábricas textiles, aunque de por sí se trata de ambientes donde el apego a la regulación tiende a la heterodoxia. Para los empresarios el gobierno acusó el golpe y «no va a insistir mientras dure la campaña electoral». Sin embargo, Macri y sus funcionarios plantearon que «las empresas del sector productivo ahorraron $ 35 mil millones en términos de eliminación de cargas y costos», un recordatorio que también fue un llamado a la conciliación.

Otros negocios

Las gestiones empresariales fueron más exitosas en otros sectores como el aeronáutico, donde las empresas low cost, protagonistas del proceso flexibilizador que el gobierno maquilló con el slogan de La Revolución de los Aviones, lograron que se habiliten los sindicatos por empresas.

Pero también tiene su agenda de presión el Grupo Techint, que amenazó esta semana con parar sus inversiones en el yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El lobby del holding que preside el empresario Paolo Rocca logró una reunión para reclamar por los subsidios que el gobierno busca recortar tras la meta fiscal que acordó con el FMI (ver página 16).

Además del posible recorte de inversiones, Tecpetrol, la empresa perjudicada del grupo, advirtió que puede iniciar acciones legales.

Apoyo teórico

El cabildeo confluye con los análisis que buscan imponer en el corto plazo las agendas de los sectores empresarios.

Un informe del First Capital Group informó que en 2018 la cantidad de fusiones y adquisiciones de empresas cayó un 26% en relación al año anterior. «Mientras que el 2017 cerró con un volumen de 55 deals (acuerdos), desde enero a diciembre de 2018 se concretaron 41 operaciones cerradas», consignó la consultora, que atribuyó la caída a la depreciación del peso y su impacto en los precios de las compañías que «han quedado en valores muy atractivos en dólares desde el punto de vista del comprador (mientras dure la competitividad cambiaria de Argentina). Pero desde el punto de vista del vendedor, los múltiplos de valuación han caído fuertemente».

Por su parte la Fundación Mediterránea señaló que la devaluación del peso «no parece haber proporcionado alivio a estas actividades productivas (industrias y economías regionales), lo que sugiere que un tipo de cambio alto tampoco es la panacea», por lo que llamó a atender la «rentabilidad en conjunto, considerando costos de insumos y salariales, ingresos por ventas, teniendo en cuenta volumen y precios, y también la incidencia de la tasa de interés».

En ese sentido reclamó «recuperar estabilidad macroeconómica (dólar, tasas, inflación)» tanto como «reducir costos de producción y ventas (impuestos, regulaciones, aranceles de importación en países compradores, etc.), una tarea que corresponde a las tres jurisdicciones de gobierno».   «

Las medidas reclamadas al gobierno en nombre de las pymes también les sirven a las grandes

Los planteos del sector empresario dirigidos al gobierno para lograr beneficios con los cuales surfear la recesión tienen en las pymes a un mascarón de proa. No es por la defensa de un sector vulnerable sino por cuestiones bien materiales: los beneficios que reciben las pymes que redundan en una baja de sus costos se trasladan «aguas arriba», hacia las empresas más grandes que las proveen de materias primas o bienes intermedios o «aguas abajo», hacia las firmas más grandes que les compran su producción.

Así, la semana pasada la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó al Ministerio de Producción un documento con 35 propuestas para dinamizar la actividad de las pymes «en un contexto de fuerte caída del sector».

En ese sentido, la entidad resaltó como prioridades extender por cinco años el régimen que establece la devolución de hasta un 10% de la inversión productiva y ampliar para que pueda tomarse no únicamente a cuenta de Ganancias. Para los industriales también requiere premura la suspensión del régimen de calificación de contribuyentes (scoring) de manera temporal en el actual contexto de contracción y elevadas tasas de interés, así como de las ejecuciones fiscales y embargos.

También planteó la suspensión o modificación del esquema de anticipos, adelantar los beneficios previstos en la reforma tributaria, y reponer la línea de financiamiento para la producción hasta 2020.

Además la UIA sostuvo con carácter de urgente ampliar los fondos para bonificar tasas y limitar los pedidos de reciprocidad planteados por los bancos para garantizar una distribución federal.   «