Analizan reducir beneficios y exenciones a empresas para lograr el déficit cero en 2024

¿Podría el gobierno pasar de un plumazo de una gestión deficitaria de más de tres billones de pesos (según las proyecciones actuales) a un equilibrio absoluto, o incluso a un leve superávit, sin afectar las prestaciones sociales ni su rol activo en la economía? Sergio Massa cree que sí.

El ministro de Economía prepara una jugada audaz para ello: pedir al Congreso que elimine una serie de exenciones tributarias que benefician a diversas regiones o actividades y que insumen el equivalente a casi cinco puntos del producto bruto interno. De esa manera, se podría pasar de un resultado primario negativo de entre 1,9% (la meta preestablecida para este año) y 2,5% del PBI (estimación generalizada del sector privado) a un resonante déficit cero en 2024.

Esos rubros son los que componen el gasto tributario, concepto bajo el que se engloban todos los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo especial que se aparta del establecido con carácter general. Allí se incluyen regímenes de promoción, rebajas de alícuotas y otras medidas que sirven tanto para estimular la actividad como para reducir perjuicios en algunos sectores.

La movida fue anunciada por el propio Massa en los últimos días, en el marco de los lineamientos principales que piensa llevar adelante en caso de imponerse en los próximos comicios presidenciales. «Vamos a mandar un proyecto de presupuesto con la propuesta de que haya superávit y que el Congreso nos diga a quién les va a cortar estos beneficios y a quién no. Que asuman la responsabilidad», dijo Massa trasladando el costo político de esos recortes al conjunto de las fuerzas de la oposición.

El desafío a un problema tan recurrente de la economía local como la persistencia del déficit fiscal cobra actualidad porque en estos días el gobierno tiene que enviar al Parlamento el proyecto de ley con el cálculo de gastos y recursos para el ejercicio 2024. La fecha límite de entrada a Diputados es el viernes 15.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, los beneficios tributarios o presupuestarios que tienen las empresas suman 4,9% del PBI. Esa suma es casi el triple de todos los gastos en ayuda social (1,8% del PBI). Enfocarse en los primeros sería mucho más eficaz y tendría un menor impacto en la población, un dato no menor en época de elecciones.

Antecedente inmediato

En realidad, la decisión de exponer públicamente los recursos que el Estado deja de recaudar para beneficiar a estos sectores no es nuevo. El presupuesto 2023 enviado al Congreso en septiembre del año pasado, ya bajo la actual conducción económica, incluía un anexo en el que se enumeraban estos gastos tributarios con el objeto de «poner de manifiesto los beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Usualmente, los beneficiarios de estos incentivos promocionales son grupos empresarios y grandes firmas».

Agregaba que «la disminución del gasto tributario es una vía que permitiría robustecer los recursos del sector público y contar con mayor financiamiento para el desarrollo de las políticas públicas prioritarias».

En aquel anexo se enumeraban partidas por el equivalente del 2,49% del PBI. Se incluían exenciones y reducciones de alícuotas del IVA por 1,18% del PBI, de Ganancias por 0,27% (entre ellas la polémica exención para magistrados y funcionarios del Poder Judicial) y del Impuesto a los Combustibles por 0,26%, entre otros. El meneado régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, en tanto, significaba una pérdida de recursos de 0,35% del PBI.

La jugada sería audaz para saciar la sed de ajuste fiscal de varios sectores opositores y también del Fondo Monetario Internacional, que postula recortes de subsidios y prestaciones sociales que impactarían en el grueso de la población en lugar sin tocar los intereses empresariales.

Queda por saber cuál será la verdadera voluntad del gobierno para implementar esos cambios y si todo se reducirá a una manera de traspasar esa responsabilidad a la oposición. Y también cuáles serán los fundamentos macroeconómicos en los que se inspirarán las cuentas. Como referencia, para este año se esperaba una inflación de punta a punta del 60 por ciento y esa cifra fue superada en apenas siete meses, lo que quita gran parte de su valor a los cálculos.