Procesaron a dos empresarios por su responsabilidad en el secuestro de trabajadores ceramistas durante la dictadura

Finalmente, luego de 10 años de inactividad en la causa por el secuestro y desaparición de trabajadores ceramistas de zona norte, los primeros dos responsables empresarios fueron procesados por la jueza Alicia Vence, titular del juzgado federal 2 de San Martín.

Se trata de Alfredo Katzenstein, jefe de producción de Cerámica Cattaneo, y Miguel Luis Puigdevall, subgerente de relaciones industriales de Porcelana Lozadur, quienes fueron considerados partícipes necesarios de los crímenes cometidos contra 11 obreros y obreras, todos desaparecidos. Ambos permanecerán en libertad, ya que no se ordenó su prisión preventiva, aunque se les trabó embargos por 15 millones de pesos y se prohibió su salida del país.

Otros dos imputados, Carlos Alberto Gasparutti, exdirector titular de Cattaneo, y Alfonso Godofredo Amoroso Copello, exdirector de Lozadur e hijo del ya fallecido presidente del directorio Mario Amoroso Copello, recibieron falta de mérito para ser procesados por esos hechos. Mientras que Juan José Penas, exgerente de Relaciones Industriales de Lozadur, murió sin llegar a ser indagado.

La resolución de Vence se conoció el miércoles, al día siguiente de la movilización realizada por querellantes, víctimas y familiares al juzgado por la parálisis en las causas de lesa humanidad, en particular por la falta de llamados a indagatoria a responsables ya identificados.

“El fallo es bienvenido pero hacía un año que se habían tomado las indagatorias”, destaca Liliana Giovanelli, querellante por la desaparición de su compañero, Juan Carlos Panizza, y señala: “Hay que estar presionando todo el tiempo para que muevan un papel cada 10 años”.

La causa comenzó en 2014 a partir del juicio de Campo de Mayo denominado “Obreros de Zona Norte”, en el que fueron condenados exmilitares y policías por la represión a trabajadores navales y ceramistas, pero no se revisó la responsabilidad empresarial. A instancias de las querellas, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín envió a instrucción las pruebas documentales y testimoniales surgidas en el debate para que se investigue a los directivos y gerentes de Cattaneo y Lozadur.

En los más de 10 años que pasaron, fallecieron muchos de los principales responsables y los que fueron indagados y ahora procesados son los que quedaron con vida. “Son muchos años y así como murieron algunos imputados también murieron muchos de los familiares, de las esposas de los trabajadores y no alcanzaron a ver que se pudo llegar a esto. Igual es bienvenido pero va pasando tanto tiempo que uno siente que están esperando que se mueran en realidad y que nos moramos todo lo que estamos reclamando”, cuestiona Giovanelli.

La resolución

“Alfredo Mauricio Katzenstein y Miguel Luis Puigdevall formaban parte de la cúpula funcional en sus respectivas empresas y, desde allí, señalaron a los obreros conflictivos: los empleados de Cattaneo que querían acoplarse a las medidas de Lozadur, y los de esta última empresa, que habían hecho huelga”, sostiene la resolución.

Katzenstein fue considerado partícipe necesario del secuestro de Juan Carlos Panizza, Faustino Gregorio Romero, Jorge Carlos Ozeldín y Jorge Agustín Ponce, empleados de la fábrica Cattaneo. Puigdevall fue responsabilizado por los secuestros Dominga Abadía Crespo y Felicidad Abadía Crespo, Sofía Tomasa Cardozo, Elba María Puente Campo, Ismael Sebastián Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva, delegados y delegadas sindicales de la fábrica Lozadur.

La jueza destaca que en la planta de Cattaneo se permitió que el personal militar se instalara en el vestuario del personal de vigilancia, donde, a plena vista de todos, mantuvieron detenidos por unas horas a algunos empleados de esa fábrica. Además, se amenazó a los trabajadores, incluso en reuniones en el Ministerio de Trabajo, y se dejaron constancias de algunas de las amenazas en las actas de directorios.

“Así, el carácter de la intervención que se les adjudica, surge con claridad de las pruebas analizadas, porque sus aportes permitieron que los hechos pudieran realizarse de la forma en la que sucedieron, tanto en las detenciones que ocurrieron en el interior de la fábrica Cattaneo, mientras esos operarios estaban en su lugar de trabajo, así como también, cuando brindaron la ubicación precisa del resto de las víctimas en sus domicilios particulares, ya sea desde la fábrica mencionada, como de la empresa Lozadur”, sostuvo y añadió: “Lo expuesto cobra relevancia cuando se analiza en conjunto y nos permite llegar a la conclusión de que las firmas Lozadur y Cattaneo y sus altos directivos no sólo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras estatales, sino que también realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una disciplina que favoreciera los niveles de producción”.

“Todo ello tuvo como consecuencia, y seguramente como principal motivación, lograr beneficios económicos derivados del aumento de la productividad y la rentabilidad de la compañía”, concluyó.

Sobre la falta de mérito a Gasparutti y Amoroso Copello, los únicos miembros vivos del directorio de esas empresas, la jueza sostuvo: “Aunque ambos formaban parte del directorio y sabemos que algunos de sus miembros ya fallecidos y personal jerárquico intervinieron, no es claro que los aquí imputados estuvieran en la misma situación”. Por eso señaló que se debe profundizar la investigación sobre el rol específico que cumplieron en las fabricas que pertenecían a sus familias.

Lozadur y Cattaneo

Las plantas de Cattaneo y Lozadur estaban ubicadas en Villa Adelina, en el cordón industrial de la zona norte del conurbano. En 1973 comenzó un período de mucha conflictividad con las patronales por las malas condiciones laborales y los bajos sueldos. Los trabajadores de ambas empresas, además, habían protagonizado el proceso que llevó a una agrupación más combativa a conducir la seccional local de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA).

La persecución a trabajadores y delegados comenzó poco antes del golpe pero se incrementó en 1977, cuando se produjo un gran conflicto sindical en Lozadur. Como respuesta a las medidas de fuerza, en octubre la empresa cerró su planta y despidió a todos sus empleados. En coincidencia con el lockout patronal, siete delegadas y delegados de base fueron secuestrados de sus domicilios y luego desaparecidos. En simultáneo, los trabajadores de Cattaneo se habían sumado al conflicto en solidaridad de sus compañeros de Lozadur. La respuesta represiva en ese caso fue dentro de la planta, donde a fines de octubre fueron secuestrados y torturados 3 trabajadores y otros dos fueron secuestrados en sus domicilios.