Stornelli insiste en que el vendedor de empanadas y otros manifestantes atentaron en contra del Estado

El fiscal Carlos Stronelli apeló la liberación de los 14 detenidos el miércoles pasado en el marco del operativo para desconcentrar la manifestación popular contra la Ley Bases, incluído del vendedor de empanadas Remigio Ocampo y su familia. En tanto que la jueza María Servini de Cubría tiene aún que ver la situación de otros 16 detenidos que permanecen desde el viernes en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.

Organismos de Derechos Humanos, denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el accionar de las fuerzas de seguridad que conducidas por la ministra del área, Patricia Bullrich, atentaron contra el derecho a la protesta de los argentinos.

Además de sostener el reclamo por los manifestantes detenidos que sin pruebas fueron llevados a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, los dirigentes coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para preservar el derecho a la protesta de los y las habitantes del país.

El vendedor de empanadas acusado de terrorismo

El vendedor de empanadas, Remigio Ramón Ocampo, de 64 años, fue detenido con su familia, incluida su nieta de 18 años, cuando fue a vender con un carrito en los alrededores del Congreso y comenzó la represión en medio de la manifestación contra la Ley Bases​​​. El hombre pasó 48 horas privado de su libertad en Marcos Paz mientras que su hija Belén Ocampo (28) y su nieta Mía (18), ambas de apellido Ocampo, fueron llevadas al penal de Ezeiza.

En diálogo con El Destape, Remigio detalló que fueron apresados en medio del brutal operativo luego de que los policías lo tiraron al piso y lo redujeron. Al ver la escena, las mujeres lo quisieron ayudar y corrieron la misma suerte. “Nosotros estábamos vendiendo empanadas y en el momento de la represión se puso muy tenso, empezaron a tirar gases y nos tuvimos que correr”, detalló respecto a los minutos antes de la detención y continuó: “Vimos que se ponía pesada la cosa y nos fuimos corriendo. Dejamos las cosas sobre Virrey Cevallos y yo me fui a buscar el trailer para cargarlas y en ese momento me detienen”.

“La policía no agarró a uno de los que tiraban piedras, decidió detenernos a nosotros. Cuando nos detuvieron nos trataron mal, psicológicamente mal. Nos preguntaban a qué partido político pertenecíamos”, denunció el hombre que pasó 48 horas privado de su libertad en Marcos Paz mientras que su hija Belén Ocampo (28) y su nieta Mía (18), ambas de apellido Ocampo, fueron llevadas al penal de Ezeiza.

En este marco, Remigio contó que durante la detención, la jueza María Servini, que lleva adelante la causa, “apuró a su abogada defensora” y que escucharon que Karina Milei ordenó que no liberen a las personas detenidas. “Algunos chicos escucharon que Servini o una de sus secretarías dijo que los llamó Karina Milei y les dijo que no había que largar a ninguno de los presos”, apuntó. «La causa primero era resistencia a la autoridad pero después nos enteramos que la agravaron y dijeron que éramos terroristas, golpistas. Si Stornelli tiene alguna duda que venga al barrio a preguntar a qué me dedico», apuntó el hombre que fue detenido y acusado de atentar contra el estado por vender empanadas..

Expresiones y actos de repudio

La agrupación Madres sostuvo que el gobierno de Milei, el miércoles pasado “traspasó los límites” y que “un Gobierno que valla el Congreso, reprime al Pueblo, gasea diputados, desata una cacería por las calles adyacentes al Parlamento para impedir manifestaciones, no es democrático”.

Referentes políticos, dirigentes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales habían reclamado el viernes la “inmediata liberación” de las personas detenidas durante las protestas en Plaza Congreso con la sanción de Ley Bases, y denunciaron que estos ciudadanos aún permanecen privados de su libertad “bajo tratos denigrantes”.

La demanda se formuló en una conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes en la sede del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj), ubicada en Piedras 730 de esta capital, que estuvo encabezada por los dirigentes y legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Celeste Fierro, y en la que también participaron los diputados de UxP, Leopoldo Moreau y Victoria Montenegro, entre otros referentes.

El eje central de la conferencia giró en torno a la situación de los 38 ciudadanos que, tras ser detenidos “de manera discrecional y arbitraria” en las inmediaciones del Congreso y pasar más de 48 horas detenidos en distintas alcaldías y comisarías, se encontraban este viernes brindando declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego que la Justicia porteña declinara su competencia.

Los distintos oradores coincidieron en que lo más urgente es” la inmediata liberación” de los detenidos “bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas” y la expectativa en que la jueza María Servini de Cubría haga lugar a los pedidos de excarcelación formulados por los abogados de los distintos organismos de las defensas como Correpi, CeProDH, Cadep y FADHUS.

La represión

El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas luego de una movilización para “exigir que no se apruebe” la norma enviada por el Poder Ejecutivo. La mayor represión tuvo lugar a partir de las 16, cuando la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron lanzando con gases lacrimógenos y disparando postas de goma contra los manifestantes que se encontraban en la Plaza Congreso, tras la conclusión del acto convocado por las dos CTA y algunos sindicatos de la CGT.

“Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos que no sólo han sido encarcelados bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas, sino que han recibido tratos degradantes viendo sus derechos más básicos vulnerados”, señaló Bregman. Moureau agregó que más allá de pedir por la liberación urgente de los detenidos como prioridad, también se debe “derribar la causa iniciada en su contra porque representaría un antecedente para poner a todos los argentinos en estado de excepción”.

En esta misma línea la legisladora porteña Celeste Fierro señaló que el Gobierno Nacional “está llevando a un estado de excepción que no se puede permitir” con “más de 30 detenidos que estuvieron 36 horas esposados, sufriendo maltratos, acusados de sedición y de ser ‘terroristas’ cuando se trata de estudiantes universitarios, trabajadores y compañeros de asambleas barriales”. Montenegro sostuvo que “nadie en este país puede ni debe estar preso por manifestarse en las calles” y aseveró que “no estamos dispuestos a retroceder en materia de derechos tras 40 años de democracia”.

Del Caño junto a una de las abogadas denunció la situación de las siete mujeres que fueron detenidas primero en la alcaldía de Parque Patricios en la Comuna 4, luego trasladadas a la Comisaría de la Comuna 15, que permanecieron en el suelo esposadas, sin agua y que tras un cacerolazo de los vecinos permitieron a los familiares entrar a ver a sus seres queridos y llevarles unas frazadas.

Daniel Vázquez abogado de Fadhus que representa a este grupo de siete mujeres explicó en declaraciones a Somos Télam que “los delitos que se les imputa genéricamente a la totalidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad en comisarías y alcaidías es intimidación pública, resistencia a la autoridad, daños y estragos al orden público”. “Movilizarse en contra de este gobierno se computa como un ataque a la Constitución. Las detenciones fueron absolutamente discrecionales y arbitrarias y el accionar es inconstitucional en toda la línea desde que asumió el gobierno”, ponderó Vázquez.

Asimismo denunció que es falsa la información que circuló por varios medios de comunicación de que habían dado la prisión preventiva a quienes habían quedado detenidos en la alcaldía de Madariaga y remarcó que hasta este viernes por la tarde no había “ni una sola preventiva dictaminada”. Según explicó el abogado de Fadhus, hay cuatro equipos técnicos tomando las indagatorias en Comodoro Py y que por el momento lo que figura de prueba documental en el sumario que está adjuntado al expediente es “muy poco y no permitiría fundamentar algo en horas”, la mayoría corresponde a los “relatos de policías, uniformados del centro de monitoreo ni siquiera hay videos”.