La justicia decidió finalizar la etapa de instrucción y elevar a juicio oral la causa en la que el exgobernador de Tucumán está acusado por su sobrina quien además era asesora.
La investigación fue realizada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta.
Esta decisión que ordena la remisión del caso a la etapa de juicio ocurre tras el rechazo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a unos planteos realizados por la defensa.
Tras la elevación, la causa fue sorteada y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, por lo que en el debate intervendrá el fiscal de juicio Sandro Abraldes.
En mayo de este año, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían considerado que Alperovich debía responder por tres hechos de “abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal”.
“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, indicaron.
Todo se inició cuando la joven lo denunció en 2019 por hechos registrados cuando se desempeñaba como asistente del senador y que se habrían producido en Tucumán y en un departamento de la zona porteña de Puerto Madero.
En la denuncia, la mujer manifestó la presión psicológica que ejercía su pariente y el poder que detentaba sobre ella, lo que le infundía temor e imposibilidad de superar esa situación.
En diciembre de 2020, los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), habían formulado un pedido de indagatoria, y en diciembre del año pasado, reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el exsenador.
En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.
Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.
Luego, en diciembre del año pasado, Vismara y Labozzetta, en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.
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