La tarea es tan novedosa como polémica: la carga virtual del escrutinio provisorio reemplazará al tradicional traslado de constancias físicas, como telegramas y actas. Por el servicio, la firma embolsará 1,2 millones de dólares.
Realizar cambios en el sistema de recuento de votos en pleno año electoral, por resolución simple y sin consultar siquiera con los partidos políticos, provoca suspicacias. Y más cuando se repasan los antecedentes de la empresa beneficiada.
Creada en Venezuela, SmartMatic ganó sus primeros contratos en 2004 luego de que Hugo Chávez introdujera el voto electrónico. En tierras bolivarianas participó de todos los procesos electorales hasta la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Tras una década de defender a capa y espada la pulcritud de su sistema –y de las elecciones chavistas– ese año la firma pegó un curioso volantazo: denunció al gobierno de Nicolás Maduro de haber manipulado un millón de votos. Unos meses más tarde, en marzo de 2018, la firma anunció que dejaba de operar en la tierra que la parió.
Al momento de hacer las valijas, SmartMatic ya se parecía poco y nada a la modesta proveedora de software y máquinas expendedoras de votos que nació en plena efervescencia chavista. En la actualidad la empresa tiene sede en Londres y en su página web se ufana de haber participado de comicios en Los Ángeles, Filipinas, Lombardía y un referéndum en Noruega. En Argentina tuvo su debut de fuego en las elecciones intermedias de 2017, cuando proveyó máquinas para validar la identidad de votantes en las provincias del norte.
El salto global de SmartMatic ocurrió en 2014, cuando la firma se asoció al grupo empresarial SGO. Desde ese entonces, Antonio Mugica, fundador de SmartMatic, ocupa la posición de CEO del grupo. Pero en el sillón principal se sienta el lord inglés Mark Malloch-Brown, presidente de SGO, y antiguo trajinante de intrigas palaciegas ligado a la cúpula del poder mundial.
Según el perfil publicado en la web de SmartMatic, el lord inglés fue «el segundo abordo en las Naciones Unidas», donde ocupó la vicesecretaría general en 2006. «También prestó sus servicios en el Gabinete Británico y en la Oficina de Relaciones Exteriores –detalla el sitio–. Actualmente forma parte de la Cámara de Lores y se mantiene activo tanto en el mundo de los negocios como en el de las organizaciones sin fines de lucro». La mención final merece especial atención.
En la misma presentación se dice que el «chairman», entre otras posiciones, ha sido vicepresidente del Banco Mundial, principal socio internacional en Sawyer Miller –una firma de consultoría política– y «vicepresidente de los fondos de inversión de George Soros, así como de su fundación, Open Society».
La vinculación de Malloch-Brown con Soros es la comidilla de las crónicas que siguen las peripecias del magnate húngaro, una presencia frecuente en los relatos de conspiraciones políticas globales. Pero la relación llegó incluso al Congreso de los Estados Unidos. En la previa de las últimas presidenciales, los congresistas debieron sesionar de urgencia luego de que 57 mil personas peticionaran por escrito que se investiguen las máquinas de votación provistas por SmartMatic. La razón: distintos informes periodísticos indicaban que Soros –promotor público de la candidatura de Hillary Clinton– habría manipulado encuestas en varios estados a favor de su pupila.
La investigación del Congreso naufragó, y Clinton perdió la elección frente a Donald Trump, pero la denuncia tuvo sus efectos. Tras el escándalo, la presentación web de la firma incluyó un texto destacado en negrita que reza: «George Soros nunca ha tenido participación en SmartMatic».
Es cuestión de creer o reventar.
Aunque en estos tiempos sensibles, y frente a un comicio crucial donde se pone en juego el futuro de la patria, conviene activar las alertas. Porque como bien lo advirtió el profesor de Historia Sergio Wischñevsky en un tuit: «Todos los pronósticos hablan de una gran final entre CFK y Macri. Sería tremendo, como el River vs Boca de la final de la Libertadores. Ojo que estos muchachos juegan sucio y van a querer que la final se vote en otro país».
Parece mucho. Pero el gobierno ya contrató a una empresa extranjera, con sede en Londres y ligada a intereses transnacionales, para que transmita los votos desde las urnas al centro de cómputos que deberá relevar y publicar el resultado provisorio de una elección trascendental.
¿Parece mucho?
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