El senado brasileño vota si abre juicio a Dilma en plenos JJOO

Por: Damian Wroclavsky

Los senadores brasileños votarán este martes si Dilma Rousseff debe ser sometida a un juicio de destitución en la última escala previa a la decisión que a fin de mes podría bajar el telón a más de 13 años de la izquierda en el poder.

Mientras los Juegos Olímpicos de Rio-2016 captan la atención de los brasileños, que al igual que el resto de Sudamérica por primera vez pueden ver a la élite del deporte mundial en sus tierras, todos dan por descontado que el Senado dará un fuerte respaldo al impeachment contra la primera mujer presidenta de Brasil.

La sesión quedó abierta por la mañana por el presidente de la corte suprema, Ricardo Lewandowski. Desde la tarde, los senadores del plenario de 81 miembros exponían sus argumentos ante sus pares, en un proceso que resultaba más ágil de lo previsto porque los legisladores en general utilizaban menos de los diez minutos asignados. «Hoy estamos defendiendo la Constitución. Aquéllos que cometen crímenes tienen que ser responsabilizados», declaró el senador socialdemócrata Aecio Neves, rival de Rousseff en las elecciones de 2014. «Las condiciones para el alejamiento de Dilma Rousseff están consolidadas», afirmó.

Si la votación aprueba el informe del senador socialdemócrata Antonio Anastasia (PSDB), que recomendó destituir a Rousseff por haber cometido un «atentado contra la Constitución», la presidenta solo tendrá una última oportunidad para evitar su caída. En la sesión de este martes bastará que una mayoría simple -mitad de los presentes más uno- apoye la acusación para que el caso avance a la instancia final de juicio y sentencia.

«Hoy no es un buen día para nuestra democracia», afirmó en su intervención el senador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, Paulo Rocha. «Existe una alianza política con olor a golpe», afirmó.

Rousseff fue suspendida del cargo el 12 de mayo y desde entonces denuncia a su vice, Michel Temer, que la sucedió provisoriamente, de haber orquestado un «golpe» en su contra.Por la tarde, unas 250 personas protestaban «contra el golpe» convocados por centrales sindicales en una céntrica avenida de Sao Paulo, donde también ondeaban carteles con la leyenda «¡Fuera Temer!». «Estoy aquí contra el golpe, porque este proceso no tiene nada que ver con las cuentas públicas o con corrupción. Era la derecha que quería llegar al poder», dijo a la AFP Valder Dias, un obrero metalúrgico de 44 años.Protestas similares fueron convocadas en otras ciudades brasileñas.

Acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos sin la venia del Congreso y suscribir decretos para financiar al Tesoro con la banca pública, sobre todo en su campaña de reelección de 2014, Rousseff podría perder su mandato y quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años. «La presidenta está cada vez más aislada, un aislamiento muy acentuado, que se agravó en las últimas semanas y que incluye hasta su propio partido. No tengo ninguna duda de que, al igual que en el juicio definitivo, la votación será a favor del impeachment y será destituida», dijo a la AFP el senador Aloysio Nunes, del PSDB y líder del frente oficialista de Temer.

En la otra orilla, la senadora Vanessa Grazziotin, aliada a Rousseff, coincide: «Lo van a conseguir con bastante facilidad. No tenemos muchas expectativas», dijo.

A sus 75 años, Temer lidera un frente pro impeachment para asegurarse la presidencia hasta el 31 de diciembre del 2018, cuando debía terminar el mandato de Rousseff. Diez días atrás pidió acelerar el proceso porque la gente «necesita saber quién es el presidente». Su plan, dijo, es partir al G20 en China a inicios de setiembre como presidente de los brasileños, sin el adjetivo «interino». El eventual juicio comenzaría el 25 de agosto, cuatro días después de la clausura de Rio-2016 y durará unos cinco días.Una amplia mayoría de los congresistas considera que la ahijada política del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva será destituida en la fase de juicio, que requiere el apoyo de al menos dos tercios (54) del Senado.

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