En un trámite veloz no sólo se aprobó sino que casi a la velocidad de la luz la presidencia del cuerpo envió el texto a Diputados para que este jueves le de sanción definitiva. Unos doce senadores, del kirchnerismo y del peronismo disidente, se abstuvieron. La norma obtuvo 56 votos positivos y dos en contra.
Atrás quedó la queja del gobierno nacional de que esta era una ley que debía ser larga y profundamente debatida y en menos de 48 horas se redactó, se dictaminó y se aprobó en el recinto de la Cámara alta. La sesión también fue express. Así, el texto acordado modificó en su totalidad el que había sancionado Diputados e incorporó un nuevo mínimo no imponible y modificaron las escalas.
En rigor y a partir de la reglamentación de la ley, una vez que lo apruebe Diputados, el nuevo mínimo no imponible se eleva a 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos y a 27.941 pesos brutos para los solteros. La actualización de las escalas, que comienzan con un impacto del cinco por ciento, y de las deducciones se ajustarán automáticamente en base al índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales) que elabora y publica mensualmente el Ministerio de Trabajo).
Según la norma el costo fiscal bruto, el ítem que más preocupaba al gobierno, es de casi 50 mil millones de pesos, pero el gobierno informó que su aplicación demandará 34 mil millones de pesos, es decir, 7 mil millones más a lo dispuesto en el Presupuesto 2017. Para recuperar ese agujero fiscal la ley prevé que se recaudará casi 7 mil millones con los nuevos impuestos y se estima un recupero de 9 mil millones que regresará a las arcas del Estado nacional a través de un ítem que el gobierno nunca lo había siquiera considerado: el consumo interno que debería incrementarse a partir de que habrá más dinero en el bolsillo de los trabajadores que dejan de pagar o pagarán menos ganancias.
En lo que respecta a las provincias, donde varios de sus gobernadores habían puesto en el grito en el cielo por el desfinanciamiento que sufrirían, el texto normativo tiene un apartado que incluye una cláusula de garantía que distribuye un mayor porcentaje de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Si bien los gobernadores que participaron activamente de las negociaciones consideraron esta cláusula como salvadora, lo cierto es que durante la sesión el senador Adolfo Rodríguez Saá, dijo que ese ítem era realmente un engaño porque los ATN se construyen con dinero de las provincias y, por lo tanto, serían fondos provinciales que vuelven a sus legítimos dueños y no por la gracia del Estado nacional. Este fue uno de los motivos que lo llevó a él y a su compañera de banca, Liliana Negre de Alonso, a abstenerse de votar el proyecto.
Nadie me supo decir qué implica el impuesto del 15 por ciento al dólar futuro especulativo, indicó en su discurso el senador puntano. Ese fue otro de los puntos que señaló como insostenible del proyecto porque no está explicado en ninguna parte del texto la diferencia entre un dólar futuro común de uno especulativo. Será por eso que sonreía (el vicejefe de Gabinete Mario) Quintana que tiene inversiones en dólar futuro, señaló con tono irónico Rodríguez Saá.
El mentado proyecto recupera del enviado originalmente por el gobierno de gravar las apuestas e incrementa la alícuota del impuesto a las Ganancias para las utilidades de las actividades derivadas del juego del 35% al 41,5%.
En cuanto a las deducciones por familiares (hijos y cónyuge), alquiler y deducciones especiales para los trabajadores por viáticos y horas extras, y se establece en un 22 por ciento el monto que pueden deducir los trabajadores radicados en la Patagonia por zona desfavorable.
Uno de los ítems más celebrados, sobre todo por el salteño Rodolfo Urtubey quien por momentos parecía más oficialista que de la oposición, es que a partir del próximo enero los jueces y fiscales que asuman sus funciones pagarán Ganancias.
En ese punto fue el mismo Rodríguez Saá que lo criticó al sostener que es más que probable que durante 2017 se designen como mucho unos 40 jueces que no cambian la ecuación de la recaudación de ganancias. Es más, señaló que muchos de los nuevos jueces pueden ser aquellos que ya ocupan ese cargo y ascienden a Cámaras y por lo tanto en ningún artículo se dice cuándo se considera que es un nuevo juez o un viejo que ahora es nuevo. El puntano anticipó conflictos judiciales con este tema.
El senador del FPV, Marcelo Fuentes, hizo las veces de vocero del grupo del bloque que conduce Miguel Pichetto, que anunció la abstención. Acompañaron esa actitud Liliana Fellner, María Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Hilda Aguirre, Ana Almirón, María Ester Labado, María Sacnun, María Pilatti de Vergara y Nancy González. El sanjuanino Ruperto Godoy y el puntano Daniel Pérsico (ambos del FPV) no compartieron esta decisión y fueron los dos votos en contra.
Fuentes recordó primero que el gobierno nacional había intentado evitar, durante todo el año, el tratamiento de este proyecto y que sólo cambió ante la decisión de los bloques de la oposición de Diputados de votar un proyecto diferente. Perdón si soy la voz antipática que rompe este clima de consenso que tanto se festeja, dijo el senador antes de recordar que esta iniciativa demuestra que Macri es el presidente de los ricos y de los sectores concentrados porque cuando se decidió la reducción o anulación de las retenciones nunca hubo reuniones con gobernadores para explicar como se podía compensar el bache fiscal que estas medidas significaban. Es por ello que Fuentes, ante la imposibilidad de votar el proyecto de Diputados, decidió abstenerse en el momento de votación, una actitud que fue acompañada por otras senadoras.
Esta actitud da cuenta, en definitiva, del estado interno del bloque del FPV que conduce Pichetto. Por ahora ninguno de los sectores tienen deseo de fracturar la bancada pero es más que probable que en el futuro las diferencias se expresen con mayor claridad a la hora de votar.
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