Los sindicatos van a un paro de 72 horas. Advierten que no está garantizado el cuatrimestre. El poder adquisitivo del salario cayó casi un 50% contra un 18 por ciento del resto de los estatales.
“Por supuesto que está comprometido el cuatrimestre”, dispara a Tiempo Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), el sindicato más representativo de la universidad más populosa del país. La medida afectará a 60 universidades nacionales en las que trabajan cerca de 190 mil docentes y estudian dos millones de jóvenes.
La masiva movilización del 23 de abril demostró al gobierno que no hay consenso alguno para avanzar en la liquidación de la educación superior, que el pueblo argentino considera una conquista histórica. Ni siquiera entre los jóvenes que votaron a La Libertad Avanza y que estudian en una universidad privada.
El impacto de aquella movilización llevó al gobierno a revisar su política de congelamiento presupuestario a los niveles de 2023 -que implicaba un ajuste en términos reales de casi el 300%-. Acordó primero con la UBA y luego con el resto de los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el incremento de las partidas para funcionamiento de un 270%. Pero ese segmento del presupuesto representa apenas el 8% del total que, en casi un 90%, se explica por los recursos humanos, los docentes y no docentes.
Por eso, el retroceso salarial de los trabajadores universitarios desde que asumió el gobierno ya supera el 45% en términos reales. El cargo testigo de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semiexclusiva ya no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria que mide el umbral de la indigencia y, que para una familia de cuatro miembros, se situó en junio en los 393.313 pesos.
De la mano del brutal ajuste fiscal que propone el gobierno, pero también de un ensañamiento particular del presidente Javier Milei con la universidad pública (él egresó en la Universidad de Belgrano), los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde que asumió el actual gobierno.
Los datos oficiales indican que, hasta mayo, los salarios en promedio habían subido un 89% con una inflación acumulada hasta ese mes del 116%. Una pérdida en términos reales del 12,4%. Dentro de ese universo, los trabajadores registrados del sector privado resignaron un 6,5% mientras que los no registrados perdieron un 22,4% de su poder adquisitivo. El salario de los empleados públicos en general, según el Indec, cayó entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 un 18,4%, menos de la mitad de lo que resignaron los trabajadores universitarios.
A última hora del viernes, el gobierno convocó a los sindicatos universitarios a una nueva reunión en la que anunció que los incrementos para agosto y septiembre serán del 3% y el 2%. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que publica el Banco Central, la inflación para esos meses será de 3,8% y 3,7%, respectivamente. El gobierno, lejos del reclamo de recomposición salarial que levantan los gremios, pretende profundizar la pérdida del poder adquisitivo.
Entre los docentes se considera que se trata de una provocación abierta. «Asistimos a una nueva provocación del gobierno que desvirtúa el ámbito paritario con una decisión unilateral que consolida salarios debajo de la línea de pobreza. No hace más que echar leña al fuego del conflicto», dijo Federico Montero, secretario de Organización de CONADU.
Ante el desafío, los gremios consideran que es clave conquistar a los dos millones de estudiantes en favor del reclamo. Por eso, el jueves y viernes suspenderán la medida para hacer clases públicas y, de esa forma, tomar contacto con ellos y preparar políticamente los paros de 48 horas de la semana siguiente.
Celotto señaló a Tiempo que “el gobierno niega la negociación paritaria. Tenemos que recomponer lo que perdimos con este gobierno que ronda el 50%. El imaginario social cree que en la universidad es donde se ganan los mejores sueldos, pero estamos debajo de la indigencia. Se está empezando a dar una situación en la que los docentes se replantean si siguen trabajando en la universidad porque, por primera vez, se gana más en otros niveles educativos”. Para Celotto, la clave es que se comprenda que “defendiendo nuestro salario estamos defendiendo la universidad pública contra el vaciamiento que está haciendo este gobierno”. Por eso, dijo, “vamos a hablar con los estudiantes para que se sumen a la defensa de nuestros salarios y, de esa manera, de la universidad”.
Los gremios esperan acumular la fuerza necesaria para torcer el brazo al gobierno y, caso contrario, preparan una nueva movilización nacional para la segunda quincena de septiembre. «.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, emitió un comunicado en el que asegura que los salarios de los trabajadores universitarios aumentaron un 71% desde diciembre, por encima del 58,5% de los empleados públicos. El comunicado, además, señala que «todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro». El repudio de los sindicatos fue tan unánime como inmediato. La Conadu señaló que «la ministra de Capital Humano miente. En julio un docente con 40 horas semanales cobró 602 mil pesos, pero la canasta básica llegó a los $ 900 mil».
AGD-UBA, que integra Conadu Histórica coincidió: «Miente. Y descaradamente. Porque desde diciembre nuestros salarios perdieron más de 54 puntos porcentuales. La caída salarial más grande de los últimos 40 años».
Conadu denunció que «los docentes sostenemos la educación superior con sueldos de miseria, y el gobierno cobra fortunas para destruirla».
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