La pandemia y las políticas económicas derivaron en una redistribución regresiva del ingreso entre las clases.
Los cálculos del Observatorio del Derecho Social de la UCA, que comparte el criterio metodológico de medición de pobreza por ingreso, marcan alguna diferencia con el registro oficial pero coinciden en el diagnóstico general.
Para ambos estudios, la recuperación económica registrada durante 2021 con relación a la fuerte recesión de 2020 no sirvió para retrotraer la situación al período previo a la pandemia. Según las dos fuentes, la situación de pobreza afecta a un 5% más de la población que en el segundo semestre de 2019. Se trata de 2,3 millones de personas que, a diferencia de 2019, viven en hogares que no reúnen los ingresos suficientes para afrontar el costo de la Canasta Básica Total, hoy valuada en $ 73.917. Para el último registro del Indec, los pobres llegan hasta 18,6 millones y habían sido 640 mil más en el peor momento del parate provocado por la pandemia.
Dicho de otra forma, a pesar de que hasta octubre la economía había crecido en forma acumulada un 10,4% con relación al mismo período del año anterior, de cada diez personas que cayeron en la pobreza durante la pandemia solo dos lograron salir de esa situación.
Los niveles de pobreza se encuentran en rangos similares a los que se registraban 20 años atrás en vísperas de la rebelión popular de diciembre de 2001. Sin embargo, en aquel entonces, el desempleo llegó a superar el 21% de la población mientras que, en la actualidad, la desocupación alcanza el 8,2% luego de rondar el 10% durante el primer semestre de este año.
De esta forma se deduce que el empleo ya no garantiza eludir una situación de pobreza. De hecho, la mediana del salario privado registrado neto en septiembre era de $ 64.190 cuando, para el mismo mes, el valor de la Canasta Básica Total alcanzaba los $ 74.185. La mitad de los asalariados registrados cobraban haberes por debajo del 85% del valor que establece la línea de pobreza.
Es que, desde enero de 2020 los salarios en general se incrementaron en promedio un 73,4% mientras que la línea de pobreza escaló un 84%. Una pérdida del poder adquisitivo de casi el 6 por ciento.
Pero la situación se agrava para los trabajadores informales más expuestos a una situación de vulnerabilidad y que, en el mismo período, registraron aumentos de salarios de apenas un 60% que redundan en una pérdida del poder adquisitivo del salario del 13% con relación a los bienes y servicios que se necesitan para eludir la situación de pobreza.
La situación también se refleja en la evolución del salario mínimo vital y móvil que, para el mes de septiembre de 2021 representaba apenas el 39% de la CBT mientras que, en enero de 2017 alcanzaba para cubrir el 60% de esa canasta. Al mismo tiempo, datos del Indec del tercer trimestre de este año indican que el ingreso promedio de los asalariados alcanzó los $ 50.849 que caen hasta los $ 27.301 para el caso del sector no registrado. Confirmando que el salario no es garantía de una mejora sustancial de la situación, el informe indica que los no asalariados perciben ingresos promedio de $ 42.637, apenas un 15% menos que aquellos que están bajo relación laboral. Otro dato que permite inferir la afectación de la pobreza sobre los sectores asalariados lo refleja la paradoja de una mejora de la distribución del ingreso entre el tercer trimestre de este año y el de 2019 con una suba sensible de la pobreza. Es que esa mejora, en realidad, se produjo como resultado de una caída de los ingresos reales de los sectores asalariados que se ubican entre el 20% de mayores ingresos de la población que, a la vez, se alejó de la situación de aquellos que se ubican en la cúspide de la pirámide y que, por su marginalidad numérica, eluden el alcance de las estadísticas que realizan la comparación entre deciles. Dentro del diez por ciento de la población que percibe mayores ingresos conviven asalariados con ingresos mensuales de $ 100 mil con individuos que perciben ingresos de hasta $ 4 millones.
Así las cosas, la consolidación de la pobreza y su carácter estructural que dejó la pandemia como herencia ya no debe explorarse en la dicotomía de «incluidos y excluidos», como se solía presentar en la década del ’90. Hoy la situación afecta también a quienes están involucrados dentro del proceso de la producción donde se produjo una transferencia de recursos entre clases de alcance histórico. Revertir el escenario ya no depende de las políticas de asistencia estatal sino de una intervención enérgica para redistribuir en forma progresiva el producto del trabajo. Esa intervención si, tal como viene sucediendo, no se origina desde el Estado, deberá emerger de la acción de los mismos trabajadores y sus organizaciones. «
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