El rol del macrismo en el golpe de Estado en Bolivia, cerca de la impunidad

Con el paso del tiempo a su favor, el aporte argentino (finales del gobierno de Mauricio Macri) al golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia el 10 de noviembre de 2019 se acerca a la impunidad.

Sólo queda en pie y a los tropiezos una causa por contrabando de armas y municiones enviadas a las fuerzas de seguridad bolivianas. Está a cargo del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, quien rechazó la consulta que intentó formularle Tiempo.

Pasaron casi cuatro años y medio desde que el fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación. «Quien habría autorizado el traslado de un grupo de Gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos, fue la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el avión habría sido provisto por el Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad. El exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, habría recibido una misiva en la que se agradece la dotación del material cuestionado. (…) Una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri», dijo el fiscal citando la denuncia.

Desde entonces, la velocidad de la investigación fue similar a la de un anciano caracol con artritis. El último argumento utilizado para justificar la quietud mortuoria del expediente responsabiliza a Bolivia por «falta de colaboración».

Ariel Basteiro, exembajador argentino en Bolivia durante el gobierno de Alberto Fernández, termina la redacción de un libro sobre el caso, cuyo título tentativo es Los contrabandistas. Cuenta que a principios de 2023 el juez Catania envió a la Justicia boliviana un pedido de información. Por esos días, el Tribunal Supremo de Bolivia confirmaba la condena a diez años de prisión para la golpista Jeanine Añez.

La investigación judicial en Bolivia nunca apuntó a los funcionarios argentinos.

Bolivia envió la información, pero Catania la rechazó porque los documentos enviados eran ilegibles. A mediados de año el juez argentino insistió con el pedido y el país vecino volvió a mandarlo. Esta vez, Basteiro se cercioró de que el material fuera legible, y lo envió a Buenos Aires El embajador cesó en el cargo el 5 de diciembre. Tres días después, esos documentos comprobadamente claros en origen se volvieron en inservibles nuevamente. Catania los pidió por tercera vez. No está claro dónde se arruinan los envíos.

«Acá todavía no logramos deslindar responsabilidades. Aún no hay algo contundente que una las supuestas reuniones en Casa Rosada con lo que pasó en Bolivia. El juzgado está ahondando en reunir pruebas de lo que pasó», reveló una fuente vinculada con la investigación.

Otra explicación sobre los retrasos se focaliza en el rol –clave– del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, a quien se le atribuye la redacción de una nota de agradecimiento a la Argentina por los pertrechos enviados.

Terceros Lara dijo que la firma en el documento no era suya. Y lo justificó explicando que para la fecha de la misiva él ya no era el titular de la FAB, por lo cual el documento era falso.

Dos peritajes, uno en Bolivia y otro en México, aseguran que la firma es, efectivamente, de Terceros Lara. Y una de las hipótesis de investigación es que ese pudo haber sido su último acto como jefe de la fuerza. La confusión temporal habría que atribuírsela al correo: la nota fue firmada el 13 de noviembre de 2019 pero llegó a la embajada argentina el 14. En el ínterin, Terceros Lara cesó en el cargo, según esa teoría.

«Pronto estaríamos recibiendo material fidedigno para peritar si es o no la firma de Terceros Lara», reveló otra fuente con acceso al expediente.

Queda claro que la investigación se limitará a determinar si hubo contrabando o no. «Si todo esto tendía a provocar o cohonestar un presunto golpe de Estado en Bolivia, eso nos excede. La valoración dentro del tamiz del derecho penal requiere ver si hubo un abuso de autoridad, un incumplimiento de los deberes de funcionario público o algo más fuerte».

Además de la que tramita en el fuero Penal Económico, hubo otras tres causas que sucumbieron en los tribunales penales federales de Córdoba y Buenos Aires.

En Comodoro Py, casi al mismo tiempo presentaron sendas denuncias el excamarista federal Eduardo Freiler y el gobierno de Alberto Fernández. Los expedientes 721 y 722/2021 se unificaron en el juzgado de María Servini. El fiscal Guillermo Marijuán postuló la «desestimación de los hechos por imposibilidad de proceder». Y allí se cerró todo.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi recibió tras el golpe en Bolivia la causa 9308/2019 caratulada «Añez, Jeanine y otros s/averiguación de delito», pero se declaró incompetente y el expediente también naufragó.

El juez cordobés Alejandro Sánchez Freytes, en cambio, parecía resuelto a avanzar ante una denuncia presentada por la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares que, invocando el principio de Jurisdicción Universal, pidió que se investigara la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante y tras el golpe. El paso siguiente era establecer el colaboracionismo del gobierno argentino. Ergo: la causa llegaba a Macri, Bullrich y los demás denunciados.

El fiscal Gustavo Vidal Lascano no impulsó la investigación y los camaristas Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro lo respaldaron. «