El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas fue aprobado en Diputados y pasó al Senado. Cómo fue la votación. A quién favorece el proyecto.
El proyecto de ley, que fue girado al Senado bonaerense, se trató sobre tablas y fue sancionado con los 37 votos del bloque de Unión por la Patria por mayoría simple. Los diputados de los dos bloques radicales, de la Coalición Cívica y los libertarios dialoguistas de «Unión Renovación y Fe» se abstuvieron de votar, una jugada que fue clave para que el oficialismo sancionara la ley. En tanto que el PRO, el PRO Libertad, el unibloque «Libre» y el Frente de Izquierda rechazaron de plano la iniciativa y le reprocharon al peronismo no haber aceptado ningún cambio, como incluir a sectores como la agroindustria o ampliar el plazo de los beneficios.
El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas contempla exenciones fiscales para aquellos proyectos de inversión que generen valor agregado e impliquen la creación de puestos de trabajo de calidad. Está destinado a los sectores de la industria manufacturera, servicios (tales como turismo, logística y otros), las inversiones intensivas en recursos naturales y proyectos estratégicos que contemplen una planta nueva o la ampliación de las instalaciones existentes.
Los beneficios sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos que contempla la ley, están divididos de acuerdo al monto de la inversión que implique el proyecto. Hasta 50 millones de dólares tendrán 30% de exención impositiva por 5 años. Entre 50 y 200 millones de dólares, tendrán 25% de exención y beneficios por 4 años. En tanto que si superan los 200 millones tendrán 20% de exención por un lapso de 3 años.
El régimen contempla también que los proyectos de inversión mayores a 50 millones deberán presentar un «programa de desarrollo de proveedores» y que al menos el 50% de los pagos deberán ser destinados a empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto surgió en medio de la polémica entre Kicillof y el presidente Javier Milei por la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), como condición sine qua non para que YPF instalara la planta de GNL en Bahía Blanca. Finalmente, la empresa petrolera resolvió localizar la inversión en Río Negro y no en Buenos Aires, pero en los últimos días se conoció que su socia, la petrolera malaya Petronas, se retiró del proyecto y corre riesgo de quedar en la nada.
El «RIGI bonaerense» se aprobó en el arranque de la sesión ordinaria con los votos de los 37 diputados de Unión por la Patria. El encargado de defender la ley fue Gustavo Pulti, quien marcó especialmente las diferencias con el RIGI impulsado por Javier Milei. Aseguró que «impulsa el valor agregado, el trabajo, el empleo, la producción, la sustitución de importaciones, impulsa la sostenibilidad ambiental y mitiga la discriminación laboral que sufren las mujeres», entre otros puntos. Y agregó que también otorga beneficios tributarios, financieros y apoyatura técnica gratuita.
Puso en valor el contexto político y económico en que se impulsa el régimen y por qué es importante para la Provincia. «Esta provincia está funcionando con un telón de fondo que es el momento histórico que atraviesa el país. La decisión política de impulsar el RIGI bonaerense resulta una necesidad, un deber y una responsabilidad», dijo, y consideró que «es una ley imprescindible para que no sigan pagando los platos rotos los pequeños y medianos comerciantes y las pequeñas y medianas industrias. Por sobre todas las cosas, viene para tratar de poner un dique de contención al desbarajuste, al derrumbamiento total de la actividad economica, que en esta provincia pega el doble que en cualquier otra».
Los diputados del Frente de Izquierda, Guillermo Kane y Laura Cano Kelly, rechazaron de plano el proyecto y cuestionaron al oficialismo por «subirse» a la agenda de Javier Milei. «No hay un punto progresivo en esta ley, no hay ni un beneficio para las familias trabajadoras que no saben si van a poder el alquiler o comprar la comida. No es un anti RIGI como querían venderlo los diputados oficialistas y, además, va a proveer de otros beneficios a los empresarios ya alcanzados por el RIGI nacional», señaló Cano y agregó: «Cada beneficio que se le da al empresariado son derechos que se le quitan a la clase trabajadora. No vendan una cosa por otra».
El bloque de la UCR + GEN se abstuvo. El presidente de la bancada, Claudio Frangul, aclaró que si bien están de acuerdo con el impulso de regímenes especiales resolvieron abstenerse debido a que no hubo apertura del oficialismo para introducir las modificaciones que habían propuesto como bloque. En el mismo sentido se expresó Valentín Miranda, por la bancada UCR + Cambio Federal. «Sugerimos trece modificaciones y no se aceptó ni una», detalló y consideró que «falta más generosidad política del gobierno, falta que acepten que las modificaciones que propone la oposición son para mejorar las leyes».
El diputado del unibloque libertario «Libre», Guillermo Castello, votó por la negativa con duras críticas al gobernador Axel Kicillof. «El régimen propuesto se queda a mitad de camino, pretende componer nuevas melodias pero no se anima a ir al fondo. Le falta audacia. Y con los antecedentes que tienen Kicillof y el peronismo si pretende traer inversiones debería sobreactuar los cambios, extremar los beneficios impositivos, reducir la discrecionalidad en la elección de los proyectos, ampliar los sectores e incluir al agro y ser mucho más generoso con el sector privado», sostuvo.
El PRO – Libertad también rechazó el proyecto. El diputado bullrichista Fernando Compagnoni señaló que «es un régimen que expulsa, que espanta a las grandes inversiones» y le reprochó al gobernador no haber adherido al RIGI nacional ya que, consideró que de esa manera la planta de GNL hubiera ido a Bahía Blanca. «No tendremos la adhesión al RIGI nacional y tendremos un régimen de promoción que ya teníamos: el proyecto indica que reemplaza a la ley 13.656. Nada que ver a lo que ver a lo que la Provincia estaba necesitando para sacar a nuestra provincia de la pobreza», sintetizó.
El bloque PRO votó en contra también. El legislador Matías Ranzini sostuvo que el proyecto «es un garabato de RIGI» y lo calificó como «un proyecto a destiempo y un capricho de cumpleaños del gobernador» que este miércoles cumplió 53 años.
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