El respaldo a los tarifazos agita la interna empresarial

Esta semana el influyente Foro de Convergencia Empresarial hizo una férrea defensa de la política de tarifas de Cambiemos y atacó a la oposición por impulsar un freno en el Congreso de la Nación. Sin embargo, algunos socios tomaron distancia y reconocieron que los aumentos empiezan a causar serios problemas a la producción y al empleo. Otros sostuvieron el apoyo pero propusieron alternativas.  

Una de las asociaciones que integra el FCE y salió al ruedo con observaciones críticas fue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que representa a 150 mil productores reunidos en 800 cooperativas y 15 federaciones de todo el país. Su presidente Carlos Iannizzotto señaló a Tiempo que el 90% de esa nómina «por no decir su totalidad» manifiesta problemas para pagar las altas tarifas energéticas. El dirigente ruralista advirtió que empieza a haber casos de «marginalidad energética» en las cooperativas y las poblaciones que las contienen que, frente a la necesidad de seguir con la producción y con la vida cotidiana, se ven obligados a acceder al servicio por medio de conexiones irregulares. Los primeros casos se apreciaron en las cooperativas electrointensivas procesadoras de alimentos, como frigoríficos y bodegas, entre otras. Por eso Coninagro propuso una ampliación de las tarifas sociales y gestionó financiamiento para desarrollar sistemas de autogestión energética. 

Pero los tiempos de las tarifas apremian: «Lo que quiere el gobierno es analizar el tema en las mesas de competitividad, pero esa es una solución de largo alcance», planteó Iannizzotto. Sobre el plan oficial, agregó: «No es malo, pero queremos que acompañe a los productores porque hay situaciones de agobio que son urgentes. Las nuestras son actividades que traen divisas y empleo y no podemos esperar», concluyó.

En la Unión Industrial Argentina (UIA) la molestia es similar. De hecho, el tarifario es uno de los temas que divide a unos pocos defensores a ultranza del gobierno de Mauricio Macri de la mayoría que ya acumulaba malestar por la apertura de las importaciones y otras medidas. Aunque el Foro de Convergencia siempre incluyó a la UIA entre los firmantes de sus comunicados, el titular de una de las seccionales industriales más importantes del país aseguró que la central fabril no pertenece a ese armado empresarial: «Como tampoco pertenece la Sociedad Rural», otras de las supuestas adherentes. 

En medio de un clima de alta sensibilidad política por el impacto de la corrida cambiaria de las últimos días, el industrial reclamó reserva para graficar que en la UIA «estamos todos en contra de los aumentos» porque «están fundados en un error conceptual: el mismo gobierno que te pide competitividad te quita subsidios, y hasta el propio FMI reconoció que los subsidios energéticos eran menores que en otros países de la región». 

 Mientras el gobierno y el Foro de Convergencia ratificaron el tarifazo y dirigieron la mira contra la oposición que busca morigerar las subas en el Congreso, el referente de la UIA remarcó la situación de industrias como la textil y la del calzado, y atribuyó la difusión del polémico mensaje empresarial a una operación del Poder Ejecutivo a favor del sistema financiero y las empresas energéticas.  

El mensaje del FCE fustigó a la oposición por impulsar leyes «que desalientan las inversiones» y exhortó a solucionar los problemas energéticos «sin soluciones demagógicas».

Los que defienden el tarifazo reconocen el impacto social de los aumentos, pero como toda solución proponen que los gobiernos nacional, provinciales y municipales dejen de cobrar impuestos en las facturas. 

El secretario de la Cámara de Comercio (CAC) Mario Grinman concedió que «las tres instancias de gobierno pueden hacer algo para liberar a los consumidores de la mochila fiscal.  Hay municipios que recargan la boleta con el 50% para juntar fondos». 

La Cámara de la Mediana Empresa  (CAME), que nuclea a los mercantiles pymes, propuso que el gobierno «revise el cuadro general porque las grandes empresas pagan menos que las pymes». Aunque no suscribe al FCE, esta cámara consideró que el tema de las tarifas «es delicado y demanda un abordaje serio». «

La quita de subsidios no reduce aún el déficit fiscal

Los tarifazos que promueve el gobierno nacional se transformaron en un «shock» para las personas y las empresas, más allá de su tamaño, pero ayudaron poco a reducir el déficit fiscal, según la consultora Economía y Regiones (E&R).

«El actual programa de ajuste de tarifas tiene un fuerte impacto en el bolsillo de la gente y sobre las cuentas de resultados de las pymes y empresas», indicó la consultora que dirige el economista Diego Giacomini y que fuera, hasta 2015, propiedad del actual ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Economía & Regiones subrayó que «el gobierno nacional aplicó un agresivo programa de ajuste de tarifas, subiendo las tarifas de electricidad y gas en promedio ponderado un +$ 1973% y 

+$ 2178%; respectivamente».

En su informe E&R observó que «este ajuste de tarifas de luz, gas y agua persigue dos objetivos simultáneos: por un lado, readecuar los cuadros tarifarios para mejorar los balances y las cuentas de resultados de las empresas para propulsar la inversión y, por el otro, reducir los subsidios económicos de manera de bajar el gasto primario y el déficit fiscal». Pero, a pesar del fuerte golpe a los bolsillos de las personas y el desempeño de las empresas, el tarifazo ha tenido «un impacto moderado en la reducción de los subsidios económicos, gasto público y déficit fiscal».

«Concretamente, a pesar del fuerte ajuste de tarifas de luz, gas y agua, los subsidios económicos no sólo bajan lentamente, sino que se reducen significativamente menos de lo que nuestra macroeconomía necesita», añadió el estudio que calculó que en 2019 el déficit financiero será similar al de 2015 en términos de PBI pero con 20 puntos más de deuda pública. «