La vicepresidenta tiene que decidir si convoca a la sesión del jueves para tratar otros proyectos. La oposición tendría el número para sancionar la ley.
Por ahora la titular de la Cámara Alta Victoria Villarruel se encuentra en un brete, si abre el recinto. No ha convocado formalmente a los representantes a sesionar. Y es que, si habilita la Cámara para tratar proyectos como Boleta Única corre el riesgo de que la oposición pueda colar la iniciativa debido a que, en la última sesión, los bloques acordaron tratar el tema en el siguiente debate. Y es probable que tengan los votos para sancionar la ley.
El texto establece la actualización por IPC del monto de financiamiento de las Universidades Nacionales. La OPC estima que para el ejercicio vigente tiene un impacto presupuestario de $738.595 millones. Así como sucedió con la reforma jubilatoria, Milei también ya avisó que vetaría esta ley por ir en contra del equilibrio fiscal que tanto busca su administración.
Como titular de la Comisión de Educación, Eduardo “Wado” de Pedro manifestó: “Las universidades vienen reclamando al gobierno nacional la actualización del presupuesto para poder funcionar. Este proyecto tiene que ver con los fondos mínimos para poder garantizar salarios, becas y obras, algunas se encuentran al 85% de ejecución”.
De Pedro brindó algunos datos para, según él, que «el gobierno recapacite a la hora de analizar estos temas”. “Los salarios llevan acumulado una inflación de noviembre del 2023 a julio del 2024 de un poco más del 135% y la recomposición salarial de los docentes fue a apenas del 54%. Eso significa que el poder adquisitivo de los docentes bajó al 33%”, indicó, y agregó: “El 80% de los docentes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza”.
En tanto, otro dato aportado fue que cerca del 90% de los estudiantes de la educación superior son primera generación en acceder a la universidad y el 60% son hijos de al menos un padre sin secundario completo.
Mientras tanto, que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario Ezequiel Atauche, justificó la postura del gobierno de Milei y apuntó contra la transparencia de los fondos educativos. “Es un tema que nos preocupa. Venimos desde el gobierno apoyando a la educación. Hemos levantado el presupuesto a pesar de que venían atrasados desde 2022. Entendemos que es razonable que los salarios de los docentes sean adecuados”, expresó.
Y luego agregó: “Hay varios cálculos sobre el impacto fiscal de la medida. La oficina de presupuesto del Congreso estima un cálculo que rondaba los 800 millones de dólares, pero desde el Ministerio de Capital Humano sostiene que lo supera. Es un costo alto y hay que revisar a dónde va a ir ese dinero.”
Por su parte, el radical Flavio Fama, adelantó su acompañamiento al dictamen y sostuvo que “el sistema universitario no está pidiendo presupuesto adicional al que tenía en el 2023. No hay un pedido descontextualizado a la situación actual del país. Los trabajadores universitarios quedaron un 15% por debajo de la pauta que el gobierno estableció».
Fama, vicepresidente de la Comisión de Educación y exrector, aclaró: “Para correr un poco el velo de la transparencia sobre los fondos, el sistema tiene control de auditoría externa permanente. Los informes son públicos y se pueden ver en la página de la SIGEN”
En la misma dirección, Martín Lousteau dijo: “Me llama la atención que se diga que este gobierno tiene una preocupación por la educación cuando se derogó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y hubo una marcha universitaria récord. Aun así, la Comisión de Educación recién se constituyó la semana pasada. El presidente habla de la educación pública como adoctrinamiento”.
“En nuestro sistema universitario hay 2.500.000 de estudiantes. No es un tema menor desfinanciar a las universidades. Hay 2.500.000 de familias que confían en que las universidades nacionales les dan las herramientas para tener un futuro mejor a sus hijos», explicó.
Finalmente, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, anticipó que buscarán llevar este debate al recinto para una sesión ordinaria estipulada para este miércoles 4 de septiembre o el día siguiente (jueves que está convocado un paro gremial).
El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, por su parte, pidió la palabra para solicitar al Senado que exprese su repudio a la Policía Federal que tomó la sede central de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, impidiendo el ingreso de los trabajadores docentes y no docentes.
“Como estamos en el tema universitario, no puedo dejar de repudiar esta escena que nos hace recordar a épocas como La noche de los bastones largos en la dictadura de Juan Carlos Onganía. Me preocupa que se intente a través del dinero deslegitimar a las universidades públicas”, afirmó, al tiempo que denunció que el gobierno de Milei no manda dinero a la universidad de Las Madres.
En la previa al encuentro de comisiones, De Pedro, junto a los senadores por la provincia de Bueno Aires Juliana Di Tullio (UxP) y Maximiliano Abad (UCR), se reunieron con los rectores de 20 universidades nacionales de la provincia.
Allí, respaldaron el pedido al gobierno de financiamiento para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. Del encuentro participaron Diego Molea (Lomas de Zamora), Jorge Calzoni (Avellaneda), Alfredo Alfonso (Quilmes), Daniel Bozzoni (Lanús), Flavia Teriggi (General Sarmiento), Hugo Andrade (Moreno), Roberto Gallo (Oeste), Adriana López (Scalabrini Ortiz), Carlos Lazaretti (Mar del Plata), Marcelo Aba (UNICEN), Daniel Vega (UNS), Martín López Armengol (UNLP), Jaime Perczyk (UNAHUR), Carlos Rodríguez (UNIPE), Guillermo Tamarit (UNNOBA), Gerónimo Ánchile (UNSADA), Walter Panessi (Luján), Arnaldo Medina (Jauretche), Carlos Greco (UNSAM) y Pablo Dominichini (Almorante Brown).
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