El prefecto acusado de asesinar a Rafael Nahuel declaró ante el juez

El cabo primero de Prefectura Francisco Javier Pintos disparó por la espalda a Rafael Nahuel el 25 de noviembre del año pasado. Hoy, siete meses después del hecho ocurrido en una represión en Villa Mascardi (Bariloche), declaró frente al juez federal Gustavo Villanueva. En las afueras del Juzgado Federal de Bariloche, estuvieron la familia del joven mapuche y la comunidad de la Lof Lafken Winkul Mapu. El pedido de su gente es uno solo: Justicia por Rafita.

“Sí o sí los prefectos tienen que estar presos, porque ellos no pueden hacer eso. Es un sufrimiento de todos los días no tenerlo a Rafita en casa. A ellos no les importa el dolor de la familia, el perder un hijo. Día a día, una lo sufre, y el asesino no lo va a sufrir porque él agarró un arma, le tiró un tiro por la espalda como si nada, total ellos no sufren. Porque si hubiese tenido un poco de dignidad no creo que hubiese hecho eso con Rafa: arrebatarle la vida a un jovencito que tenía toda su vida por delante”, lamenta Graciela Salvo, la mamá de Rafael Nahuel en declaraciones a Revista Cítrica. “Él tenía sus proyectos, estaba con los primos y con la tía. Él tenía sus ilusiones de hacer otra vida diferente”.

Graciela por momentos habla de Rafa en pasado, en otros en presente. Siente mucho su ausencia y lo expresa continuamente, con sus palabras, con su mirada, con su cuerpo: “Es un dolor muy grande pensar en todos los días que una no lo tiene. Por este motivo nos juntamos acá, porque nosotros queremos que se haga justicia por Rafael. Mi hijo era una persona muy buena, y no se merece que le hayan quitado la vida y que lo dejen como que lo mataron y ya está. Y no es así, se tiene que hacer justicia y el tipo tiene que estar preso”.

Alejandro Rafael Nahuel, su padre no da discursos ni tiene gran oratoria, es un laburante de pocas palabras que dice lo que siente: “Estamos acá porque ahora y adentro está el asesino. No dejaron entrar ni al abogado ni a nosotros, y estamos acá pidiendo justicia por Rafa. Ahora frente al juez y la fiscal está el asesino y nosotros queremos que lo metan preso, cadena perpetua, porque le quitó la vida a un pibe de 22 años, al Rafita, que tenía toda la vida por delante. Vamos a seguir luchando, y si tenemos que estar todos los días acá, vamos a estar, pidiendo justicia. Esas son mis palabras”.

Durante toda la mañana, el Juzgado Federal de Bariloche permaneció vallado. No entraba ni salía nadie. Una muralla de policías fuertemente armados impedían el acceso. Y miraban fijo, hacia adelante, hacia la familia, hacia la comunidad, que solo con gritos y cantos podían expulsar un poco la bronca. Adentro, el prefecto Francisco Javier Pintos prestaba declaración ante la fiscal Silvia Little y el juez Villanueva, quien está al frente de varias causas contra el pueblo mapuche y personas solidarias. Es quien también llevó adelante el segundo juicio irregular contra el Lonko Facundo Jones Huala, y quien dio la orden de realizar el operativo que terminó con la vida de Rafa.

“En el barrio todo cambió”, cuenta Graciela. Ahí, al norte de Bariloche, donde viven obreros y familias trabajadoras de distintos orígenes, pero con un mismo presente, se lo extraña al Rafa: “Él no se quedaba nunca, siempre estaba haciendo lo uno y lo otro. Estaba en los grupos de las capillas, en el Ruka Che… en el merendero le hicieron un retrato para tenerlo siempre presente en la memoria. Rafita era querido por mucha gente.”

María Nahuel, la tía de Rafa, integra la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y lamenta lo que ya nunca podrá volver a ser: “Nunca vamos a poder volver a estar con mi sobrino, como estábamos siempre. Este año para nosotros fue muy difícil, especialmente para mí. Porque el año pasado fue el año que más estuve en contacto con mi sobrino, estuvo festejando la ceremonia y pasó casi todo el invierno con nosotros. Y este invierno no podemos estar con él. Nos arrebataron una persona muy importante, inocente y buena que no le hacía mal a nadie. Lo mataron por la espalda”.

Su deseo, como el de toda la comunidad, es que el asesino de Rafa sea juzgado. “Solamente queremos justicia. Queremos que pague. Ojalá que el Estado haga caso, porque a nosotros los mapuche nos mira mal. El Estado nos tiene como que nosotros no somos personas, como si no estuviésemos acá, pero el Estado bien sabe que somos los primeros que estuvimos en el territorio, en esta tierra. Somos parte de este territorio.”

Frente al juzgado, decenas de periodistas, cámaras y grabadores registraban lo que pasaba. María Nahuel, no esconde su enojo contra los medios que desinforman en vez de comunicar: “Nosotros no hacemos nada, no tenemos armas, no somos delincuentes. No teníamos armas. Muchas canales y muchas radios hablan en contra nuestra, igual que los que están en Buenos Aires, que no están aquí.”

Y eso dice que la da una tremenda impotencia “porque hablan de nosotros como si fuéramos cualquier cosa, y lo principal que tienen que saber es que nosotros no somos asesinos y nunca nos enfrentamos con la policía. Jamás disparamos una bala, porque no las tenemos, nosotros no tenemos armas. Mi sobrino no tenía armas, fue asesinado por la espalda, eso tienen que saber.”

Ahora el juez federal Gustavo Villanueva tiene 10 días para tomar una decisión: considerar si lo que hubo fue un enfrentamiento entre la fuerza de seguridad y la comunidad mapuche o fue el resultado de una cacería.

Ya el miércoles, antes de tomar la indagatoria a Pintos, el juez había rechazado el pedido de prisión preventiva solicitada por la querella. Una decisión extraña si se consideran las evidencias: el peritaje realizado por el Centro Atómico de Bariloche  dio negativo en rastros de pólvora sobre las manos de Rafael y de quienes bajaron su cuerpo, el rastrillaje reveló que el grupo Albatros disparó más de 150 veces y no se recolectó evidencia alguna de que los mapuche tuviesen armas. Pero hasta el momento, el juez federal no solo se demoró en tomar declaración a Pintos, sino que pidió la captura de quienes bajaron el cuerpo de Rafa. Villanueva, no toma ningún reparo en esconder su “complicidad” con el Gobierno y en considerar delito ser indígena.