Esto sucede a pesar del fideicomiso para evitarlo. La industria dice que los responsables son los supermercados.
El más importante es el del aceite que, según la organización Consumidores Libres, aumentó en julio el 11,43% y acumuló en el año una suba del 69,57 por ciento.
Este importante aumento se destaca porque se trata de un producto central de la canasta básica familiar pero, además, porque a principios de este año el gobierno y las industrias del sector acordaron la conformación de un fideicomiso que tendría la expresa función de aportar a la estabilidad de los precios locales del producto.
El titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, destacó en diálogo con Tiempo el funcionamiento del instrumento acordado, aseguró que «fluye» con normalidad y atribuyó las distorsiones de los precios minoristas a problemas de los canales comerciales mayoristas y minoristas, en especial, a los supermercados.
El empresario aseguró que la industria destina mensualmente unos 29 millones de litros al mercado interno, alrededor del 75% del consumo total y que todos los meses evalúa cambios posibles en una mesa con la Secretaría de Comercio Interior. El fideicomiso está pautado hasta enero próximo pero en septiembre las partes se sentarán a definir la posibilidad de continuarlo.
En sentido contrario, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, planteó a este medio que la medida «estuvo vigente un tiempo pero languideció y no pasó gran cosa. No tuvo incidencia» en la normalización de los precios. Polino reconoció remarcaciones de segmentos comerciales pero declaró: «El problema está fundamentalmente en la industria y en los grandes comercios porque el comercio minorista no es formador de precios. Los formadores y deformadores de precios son los grandes grupos económicos». En particular, señaló que las aceiteras son las primeras responsables como parte importante los grupos económicos que monopolizan en el mercado local alimenticio. «Llegan a un 70% de aumento en lo que va del año cuando en la inmensa mayoría de los países no llegan al 8% en el mismo tramo».
En defensa de la industria, Idígoras señaló que las consultoras toman datos minoristas que no tienen relación con los de salida de fábrica, que son el objeto del acuerdo con el gobierno. «Las fábricas ajustaron por debajo de los 10 puntos en total», argumentó el empresario, quien remarcó que el pacto con la administración nacional impidió que las empresas trasladen totalmente las subas de los precios internacionales a principios de 2021.
A diferencia de las fábricas, Polino advirtió una debilidad del gobierno para aplicar las normas legales que podrían servir para ordenar la situación de los precios y el impacto que ocasionan en el bolsillo del trabajador promedio. «Hay que aplicar las normas legales vigentes, poner en funcionamiento la ley del Observatorio de Precios (votada en 2014), que permitiría determinar en qué eslabón de las cadenas de productos se produce un aumento injustificado; o la Ley de Defensa de la Competencia (aprobada en 2018), cuyo tribunal todavía no fue designado por el Congreso. Falta voluntad política», concluyó.
Mientras sigue el debate, en la primera semana de agosto el aumento continuó. La consultora LCG registró una suba del 1,1%, la tercera más alta detrás del azúcar y dulces y los productos lácteos. En promedio en las últimas cuatro semanas el aumento del aceite fue del 2,9 por ciento.
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