El plan para que Lula sea presidente. Columna de Oscar Laborde

El objetivo de la derecha brasileña y sus aliados de EE UU siempre fue el mismo, «Lula no puede volver a ser presidente». El derrocamiento de Dilma tuvo que ver con eso. Con sacar al PT del gobierno, pero sobre todo, inhabilitar a Lula. Creyeron que luego de destituida Dilma, se había acabado la carrera política del hombre que gobernó exitosamente el Brasil, en beneficio de su pueblo. Los entusiasmó la poca reacción popular que hubo ante el golpe parlamentario. Pensaron que esa «rareza» de la historia, donde un obrero metalúrgico terminó gobernando el país y un partido de los trabajadores ganaba elección presidencial tras la elección, había terminado para siempre. Pero debían asegurarse. Había que impedir que Lula fuera candidato.

El poco respaldo que tuvo Dilma al final de su mandato tuvo que ver con medidas que intentaban congraciarse con el establishment y que fueron criticadas por los movimientos sociales y por los sindicatos que históricamente apoyaron al PT. Pasó lo que siempre pasa, los que no te quieren, nunca te van a querer, y los que te apoyan pueden dejar de hacerlo.

Pero las brutales medidas tomadas por el gobierno de Temer y las leyes aprobadas por el congreso brasileño dejaron rápidamente en claro que venían por los derechos y mejoras conquistadas en los últimos 14 años. Aprobaron una Propuesta de Enmienda Constitucional, que congela el gasto social por 20 años, comprometiendo programas como «Bolsa Familia» que asistía a 44 millones de brasileños y «Mi casa. Mi vida», que logró que se construyeran dos millones de viviendas. También se implementó una reforma laboral donde arrasa con los derechos elementales, barriendo una ley de 1943, de la época de Getulio Vargas. Abandonando a su suerte a los trabajadores a merced de los patrones, sin garantía de salario mínimo ni vacaciones, ni horario establecido ni indemnización. Hay que decir que en los gobiernos del PT se crearon 20,8 millones de empleos.

Y para inhabilitar a Lula se apeló al «Lawfare». Las derechas de nuestra región lo han adoptado en los últimos años como mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes con el objetivo de suplantarlo en el gobierno, encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos cruelmente. Y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin pruebas.

Se utilizó la justicia para resolver lo que no podían hacer electoralmente ganarle una elección al expresidente, que figura encabezando todas las encuestas, y creciendo. Se utilizó al Sergio Moro, el juez que se formó en el programa «Puentes» que dicta el Departamento de Justicia de EE UU, que lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión, condena que de ser ratificada dejaría a Lula imposibilitado de ser candidato. La causa es un armado fenomenal, y en todo el expediente no hay una sola prueba que condene.

Como respuesta a semejante barbaridad, el Frente Brasil Popular, que nuclea a 88 organizaciones populares y partidos políticos aprobó un plan de lucha, y una agenda para lograr consagrar a Lula presidente.

Del 22 al 24 de enero se movilizarán a Porto Alegre para esperar la resolución del tribunal de segunda instancia que debe tratar la condena que dictó Moro. Además llaman a manifestarse en otras capitales. El 8 de marzo se convoca a marchas en todo el país, por el derecho de las mujeres. De fin de marzo y hasta junio se realizarán «asambleas del pueblo» en cada ciudad para discutir los principales problemas que padece la población, los culpables y la solución a ellos. En junio en cada estado, se elaboraran las conclusiones aprobadas en las asambleas, para llevar a fin de julio al «Congreso Nacional del Pueblo» en el Maracaná donde 100 mil delegados discutirán el Proyecto de país, y se consagrara la candidatura de Lula.

«No tenemos Plan B. Lo que nosotros tenemos es el Plan Lula, no hay otro candidato, esto significa que lo mantendremos sea cual fuere el fallo. Esa decisión política es irreversible, es la respuesta a los golpistas que quieren sacarlo de cualquier forma de las elecciones. Y nos tienden una trampa al inducirnos a que elijamos un candidato alternativo en caso de condena. Si nosotros, el PT, escogiera un candidato B, estaríamos legitimando que Lula sea quitado de la campaña… ¡No vamos a dar aval al juego sucio de ellos…!»

La decisión está tomada, y el resultado de esta pelea será trascendente, no sólo para Brasil, sino para todos nosotros. Lo que se viva el miércoles 24 va a ser una batalla, en la intensa puja por el rumbo del principal país de América Latina.