El plan 1000 días cumplió dos años con un balance positivo y buen horizonte

El 30 de diciembre de 2020, junto con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se aprobó la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (27.611) que buscaba garantizar la identidad, la salud y el desarrollo de los bebés desde que nacen hasta los tres años, además de acompañar la maternidad elegida.

La población objetivo de este plan es de alrededor de 600 mil personas gestantes y de 1,8 millones de niñas y niños. La norma promueve una crianza compartida en la cual la responsabilidad por los cuidados de las infancias sea familiar, comunitaria y de las instituciones del Estado, lo cual representó un enorme desafío principalmente para el Ministerio de Salud de la Nación, quien tiene a cargo su aplicación y coordinación de los organismos que intervienen.

“El balance es bueno. Es una ley que viene a unificar un montón de políticas públicas y a agregar también políticas para el cuidado durante el embarazo y los primeros tres años de vida. Por lo tanto, si bien tenemos algunas líneas de cuidado y de acompañamiento durante el embarazo y los primeros tres años de vida, lo que busca esta ley es unificar, coordinar todo lo que el Estado hace en relación a esa etapa. Y, por otro, generar nuevas políticas públicas para eso”, afirma Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

La implementación de la ley involucra a cinco ministerios: Salud, Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, Educación y Cultura. También interviene la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cada ministerio y cada organismo interviene en forma diferenciada en diferentes momentos de la ley, pero la coordinación la lleva adelante el Ministerio de Salud. “Esta ley tiene grandes alcances, pero lo fundamental es que permite trabajar de forma intersectorial, con diferentes organismos involucrados. Por ejemplo, algo fundamental es el derecho a la identidad, entonces al principio, apenas nace el niño o la niña, Renaper se ocupa de asegurar los registros de los nacimientos en las maternidades y que eso inmediatamente registre el documento nacional”, destaca Tirado.

En ese sentido, la ley trabaja tres ejes fundamentales: las políticas de ingresos, las políticas de identidad y las políticas de salud, desarrollo social, educación y acceso a la información y prevención de las violencias.

“En cuando a ingresos, tenemos la ampliación de la asignación por embarazo. Antes era desde el momento en que se hacía el diagnóstico y ahora abarca los nueve meses. Se agrega también la asignación por adopción. Después está Asignación Universal por Hijo (AUH) y durante tres años se agrega la asignación por cuidado de salud. Es un pago mensual extra por reconocimiento de cuidado que se mide, entre otras cosas, con el esquema de vacunación”, explica la funcionaria.

Otra de las líneas que se trabajan y que están enmarcadas en la Ley 27.611 es el apoyo a la lactancia materna. “Advertimos que la lactancia no es una responsabilidad únicamente de la mamá, la lactancia es compartida entre la familia, la comunidad y el Estado. Entonces, apoyamos la creación de espacios de lactancia y junto al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad distribuimos kits de lactancia por el cual las mujeres que tienen que trabajar o estudiar pueden sacarse la lecha y colocarla en unos términos para conservarla y que no se corte el tiempo de la extracción de la leche. De ese modo, también se estimula que la leche se sigua formando”, explica Tirado.

La ley en las provincias

El plan trabaja intensamente en la adhesión en las diferentes provincias, aunque ya existe un consejo donde los gobernadores comprometieron su participación. Esto implica además la formación de personas en territorio para difundir y asesorar en el acceso al plan.

“Hay derechos que antes de esta ley no se consideraban que se podía ocupar el Estado. Entonces, lo que logra esta ley es coordinar y que estemos todos en la misma mesa en esa unidad coordinadora y vayamos viendo qué tenemos que hacer, qué hace falta cada una de estas líneas que nos planteamos. El trabajo que hacemos implica una gran inversión por parte del Estado”, finaliza Tirado. «

El plan 1000 días trabaja en términos nutricionales con la distribución de fumarato ferroso (de producción
nacional) para les niñes. También se ocupa de la atención durante la primera hora de vida, la atención en
la prematurez y a la prevención de la trombofilia.