El expresidente reitera que "no hay garantías para su seguridad" y que recibe permanentes "amenazas de muerte". La causa tiene un inevitable tinte político.
«Reabriendo un caso cerrado y utilizado por el gobierno de facto de Añez, violando las leyes nacionales, la Constitución y el Derecho Internacional, el gobierno de Luis Arce está forzando un proceso penal», dijo y agregó: «Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la justicia pretenden detenernos y acabar con nuestra vida».
Para Evo, que pretende que se valide su candidatura presidencial para las generales del año próximo en que Arce podría presentarse a reelección, aunque no hizo hasta ahora ningún anuncio, los avances en la causa constituyen «una prueba más de que este es un gobierno de derecha que hace todo para cumplir el mandato de la Casa Blanca».
Morales debía acudir este jueves a declarar a la Fiscalía de Tarija por la investigación que se le abrió por una relación que mantuvo con una menor de 15 años cuando era presidente en 2016 y de la cual nació una niña. Por el caso, además del padre de la joven, también son investigados los tutores.
Mientras tanto, los grupos afines a Evo montaron vigilias en las inmediaciones de varias puntos de las carreteras que unen los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba en señal de protesta por lo que consideran una persecución política. Estos colectivos han advertido de que en caso de que Morales sea detenido levantaran bloqueos en las carreteras de país.
Con la orden de detención vigente, un eventual arresto caldearía aún más los ánimos entre sus partidarios y los del presidente, Arce. Ambos protagonizan desde hace años una enquistada disputa que divide al Movimiento al Socialismo (MAS) y plantea serias dudas sobre el futuro del país, que no hace mucho logró salir de un gobierno de facto tras un golpe de Estado.
La causa tiene un inevitable tinte político porque su reactivación se produjo días después de la marcha que organizó Evo para «salvar Bolivia», contra el gobierno de Arce, al que acusa de fracasar en lo económico, de aliarse con la derecha y seguir el «guión de los Estados Unidos», entre otros.
Después de que el Ministerio de Justicia anunciara la intención de anular el beneficio de libertad otorgado por una jueza y su incorporación a la investigación, el expresidente lo enmarcó en el lawfare que busca proscribirlo. «En vez de dedicar sus esfuerzos a garantizar combustibles, contener la inflación y la crisis económica que azota a las familias bolivianas, el Gobierno prefiere dedicar sus últimos meses de gestión en buscar proscribir al instrumento político que lo llevó a la presidencia e inhabilitar a quien ellos consideran su principal adversario: Evo», había dicho en X.
En la misma sintonía se había pronunciado el Grupo de Puebla, que reúne a expresidentes y dirigentes progresistas y populares de Iberoamérica. Según un comunicado de este foro las «legítimas diferencias» internas entre el expresidente y el actual, Luis Arce, «parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales». «
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