El excombatiente de las FARC y actual diputado debe declarar el martes, acusado de narcotráfico: hace una semana que no aparece. ¿Asesinato, secuestro, "repliegue voluntario", refugio en Venezuela?
El paradero de Santrich se desconoce desde el pasado 30 de junio. Sólo se supo que se había separado de su custodia, asignada por el acuerdo, y tenía intención de visitar a familiares en el interior del país. Hasta ayer nadie tenía certezas de cuál era la situación del excombatiente, más allá de las más diversas especulaciones, que van desde la opción de que se haya fugado a Venezuela para eludir la responsabilidad judicial, hasta que lo hayan secuestrado fuerzas paramilitares de derecha contrarias al proceso de paz.
El presidente Iván Duque instaló la idea de una posible «fuga» cuando señaló que «ver que una persona con semejantes características abandona su protocolo de seguridad violando los protocolos de la Unidad Nacional de Protección y de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) sólo muestra que su deseo es eludir la Justicia». Duque dijo que si fuera así, será «implacable» y continuó: «Si pretende eludir la Justicia de Colombia y burlarse de ella, acá estará el Estado de derecho para hacerse respetar».
Días después de esa declaración, el sitio de noticias PanamPost dio por cierta la versión de que el exlíder guerrillero «decidió huir de las autoridades (…) aparentemente se encuentra en territorio del régimen venezolano con colegas de las FARC que también decidieron darse a la fuga». Según este sitio, «una de las hipótesis que manejan las autoridades en Colombia con base en informes de inteligencia militar es que presuntamente Santrich se habría movido desde el municipio de La Paz en el departamento de Cesar con destino hacia el norte del país para llegar al municipio Agustín Codazzí, estando en el mismo departamento, habría tomado una vía terciaria pasando por un barrio que es conocido con el nombre de San Ramón».
Sin embargo, fue el hijo de Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, quien dio una visión opuesta de los hechos. Según Seusis José Hernández, «una de las hipótesis que tenemos es que lo desaparecieron, mi padre se había convertido en alguien de absoluto deseo para algunos sectores que quieren torpedear la paz». El abogado hijo del exguerrillero afirmó en una entrevista que el plan familiar era que se iban a encontrar el 3 de julio en Barranquilla. «Obviamente que no se pudo concretar el encuentro. No he podido tener contacto directo con él de ningún modo, pues todos estos días han sido difíciles, han sido complejos, ha sido una tormenta todo este cuento», dijo.
El politólogo colombiano Fernando Giraldo observó que Santrich podría haberse «replegado voluntariamente» al no sentirse «tan tranquilo de las acusaciones que se le hacen» por parte de la Justicia colombiana, en declaraciones al sitio Sputnik. «Da la sensación de que los órganos del Estado no tienen mucha información, aunque es raro que una persona de ese nivel, tan cuestionada, que acaba de asumir un mandato en el Congreso, desaparezca», agregó. Por otro lado, es llamativo también el hermetismo de su partido, FARC. Sólo el senador Carlos Lozada dijo «esperar» que Santrich se presente ya que «nosotros asumimos un compromiso político y moral inclaudicable».
Más allá de las especulaciones, que tendrán respuesta el martes, el debate sobre el paradero es sólo político, ya que el diputado no está obligado a informar sus movimientos dentro del país. Sólo en caso de no presentarse, estaría violando la ley. «Puede moverse libremente en el país, no tiene restricción de ninguna clase; sobre él no pesa ninguna orden de captura y no tiene orden de arraigo de algún municipio, ni mucho menos», confirmó el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero.
La ausencia del exguerrillero motivó también la declaración del movimiento Defendamos la Paz, involucrado en el proceso de pacificación en Colombia, que exhortó al parlamentario a que dé «información sobre su paradero» y se presente ante la Justicia para «resolver su situación ante los tribunales, las víctimas y la sociedad colombiana, sin ninguna dilación, como lo dispone el ordenamiento jurídico y lo estipula el Acuerdo Final», señaló el movimiento en un comunicado. «
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