En la provincia de Córdoba están en marcha procesos participativos para decidir cómo priorizar el uso del agua y del suelo ante el avance inmobiliario.
“Nosotros somos parte de una región, las sierras cordobesas, donde la hegemonía económica es el desarrollo inmobiliario. Cuando el Estado no ordena, ordena el mercado y lo hace mal”, explica Riveros. “Cuando llegamos a la gestión, nos dimos cuenta que los desarrollistas no pagaban tasas. Cualquiera que tiene un terreno y quiere poner un kiosco, tiene que pagar tasas comerciales, el carnet de manejo de alimentos, hacer la libreta sanitaria… pero una persona que tiene un negocio inmobiliario con 1.000 lotes no pagaba nada”, relata.
“Puede parecer una cuestión ideológica, que lo es. Pero además es una mirada de comunidad. A mí me hubiera gustado hacer una reforma agraria, pero solamente les estaba pidiendo que paguen impuestos como cualquier vecino. Porque en estos pueblos no hay grandes infraestructuras de servicios privados. No les conviene. Pero si vienen a vivir 500 familias, van a necesitar que los chicos hagan deporte, vayan a la escuela, tengan un dispensario más grande, que haya maquinaria para arreglar las calles. Además, tenemos una naturaleza que queremos preservar”, agrega.
Riveros formó parte del centro cultural y comunitario Semillas del Sur y del movimiento Paren de Fumigar. Desde allí denunció la utilización de agrotóxicos en las cercanías del pueblo. Hoy, en Villa Ciudad Parque, en los terrenos donde se prohibió el uso de agrotóxicos, hay un proyecto de ganadería regenerativa, un polo agroecológico, un polo cannábico (fue la primera comuna en aprobar el cannabis medicinal en Córdoba), un polideportivo, una guardería infantil y un proyecto de viviendas sociales.
“Éramos un pueblo fumigado y gracias a la organización hoy somos un pueblo modelo en agroecología”, cuenta Luciana Moreno Page, directora de Ambiente de Villa Ciudad Parque y coordinadora del Polo Agroecológico. “Cuando nos opusimos a los agrotóxicos siempre nuestra pregunta fue como construíamos un modelo alternativo, pensando cómo vincularnos con el ambiente dentro de un marco de sostenibilidad a futuro”, agrega.
“En el proceso de ordenamiento territorial, a través de diferentes ordenanzas, delimitamos espacios para el deporte, la educación, la agroecología, las fiestas, la construcción de viviendas, en todos los terrenos que logramos por convenio con los desarrolladores”, rememora Riveros. “Todo eso se hace con dinero, y es justo que aquellos que hacen un desarrollo inmobiliario aporten a la comunidad en su función social”, explica.
Actualmente, el jefe comunal de Villa Ciudad Parque es Diego Ruiz, ex presidente del Tribunal de Cuentas durante el mandato de Riveros y también miembro del Movimiento Verde Cordobés (MVC), un nuevo espacio de articulación política en las serranías de Córdoba. A través de la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque, Ruiz ganó la elección con un 72% de los votos.
Federico Fumiato, concejal de Capilla del Monte, integrante del MVC y organizador del proceso de ordenamiento territorial en la zona de Punilla norte (que además incluye los municipios de San Marcos Sierras, La Cumbre, Los Cocos, San Esteban y Charbonier), describe las articulaciones en marcha: “El modelo de Villa Ciudad Parque muestra que los recursos son clave y que hay que poner prioridades. Eso es difícil de hacer aisladamente, por eso acá en Punilla estamos planteando una articulación entre varios municipios, el INTA, el Conicet, las universidades de Córdoba y de Villa María, el Ceprocor [Centro Científico-Tecnológico del gobierno de Córdoba] y el ministerio de Ambiente, avalando todo el proceso”.
Mercedes Ferrero integra de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTR) y el Refugio Libertad en Los Molinos. Es una de las organizadoras del proceso en la zona de Paravachasca. Allí, explica, “el ordenamiento territorial, además de ser un ordenamiento para planificar los usos de suelo, tiene un valor muy grande en cuanto que colabora con la creación de conciencia de la dimensión integral del territorio en sus distintos aspectos: naturales, ambientales, sociales, políticos, económicos, y sobre todo en el vínculo territorio-comunidad”.
El Refugio Libertad es un proyecto de recuperación de tierras en un ex predio de fabricaciones militares (el ex Grupo 141). Desde hace más de cinco años, 50 familias del lugar llevan adelante experiencias de producción, de educación popular, de internet comunitaria, un centro cultural y un espacio de la Memoria, ya que ahí se encontraba un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
“Dentro de este proceso, la producción no es un factor menor. Porque el ordenamiento territorial tiene que ver con el acceso a la tierra para pequeños productores rurales. En una zona donde la agricultura familiar y comunitaria está gravemente en riesgo por la presión inmobiliaria de un lado y la el agronegocio del otro. Entonces el poder planificar una dimensión productiva en armonía con el resto de las dimensiones es un desafío importante”, aclara Ferrero.
Marcos Reyna es concejal de Villa de las Rosas, en Traslasierra, y forma parte del Movimiento Campesino de Córdoba. Coincide en resaltar la importancia del proyecto. “Quizás conceptos como ordenamiento territorial o “casa común” quedan muy lejos del imaginario popular, pero las acequias de nuestro pueblo han desaparecido porque hoy hay una economía basada en el turismo. Recuperar la producción agrícola daría muchas fuentes de trabajo y también pondría a circular productos regionales en restaurantes, cabañas o almacenes”, propone.
“El turismo es otra pata del ordenamiento territorial”, explica Marina Furci, concejala de Villa de las Rosas por el Movimiento Verde Cordobés. “El turista viene a buscar la identidad del lugar, nuestras costumbres y un contacto con la naturaleza. ¿Qué turista va a venir si el arroyo no tiene agua, o si ofrecés una galletita industrial en vez de un producto casero elaborado artesanalmente y con condimentos que tienen que ver con lo propio?”, detalla.
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