Por realizar convenios de cooperación sin autorización durante la gobernación de Miranda, que termina en 2018.
«Si la dictadura chilla es señal de que estamos avanzando. Son paramilitares políticos. Utilizan los cargos para eliminar a sus adversarios», dijo. Además se declaró «en campaña» y pidió «permiso» por sus responsabilidades como gobernador para recorrer el país «no como candidato, sino para cambiar a toda Venezuela».
Según informó la Contraloría ayer, Capriles incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador durante los años 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2013 ante el Consejo Legislativo de Miranda. La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas entraría en vigencia a partir de la fecha en la que Capriles cese en sus funciones como gobernador del estado Miranda en 2018.
En el texto difundido por la Contraloría, que lleva la firma de su titular, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, se especifica que Capriles celebró «convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa». La resolución, que el acusado podrá apelar, se basa en una investigación iniciada en 2016.
«Capriles celebró convenios de cooperación con embajadas de Polonia y Gran Bretaña sin la autorización legal, omitiendo el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación inmediata», dice el texto.
La inhabilitación convocó el repudio de Luis Almagro, secretario de la OEA, y de gobiernos opuestos al chavismo, como el de Argentina.
Al cierre de esta edición, Capriles denunciaba que uno de sus locales había sido atacado con bombas, lo que ilustró con fotos de una edificación en llamas. «¿Cuál es el plan, Maduro, matarnos?», tuiteó. «
La oposición ilegal y la Constitución
El Tribunal Supremo de Justicia había declarado en enero pasado en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional, tras la jura de tres diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas el 6 de diciembre, que fueron suspendidos provisionalmente por el Poder Judicial por irregularidades de votos en esa región. Aún así, con mayoría opositora, la AN avanzó en la aclamación de Julio Borges (MUD) como presidente del cuerpo y continuó en el plan destituyente a la manera de Michel Temer en Brasil.
«Esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el presidente Maduro había abandonado su cargo, algo absurdo y evidentemente falso y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de Estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de Estado en Venezuela», advierten a Tiempo desde el oficialista PSUV.
La oposición avanza ahora con un pedido de remoción de los jueces intervinientes. La constitución exige que para remover a un magistrado del TSJ, la AN necesitara mayoría calificada de dos tercios. La paradoja es que esa mayoría que hoy ostenta la oposición no es considerada legal porque ya fue declarada nula por las irregularidades en tres de sus miembros.
La expresidenta asumió formalmente al frente del justicialismo nacional.
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