El oficialismo porteño no quiso debatir sobre la transparencia del acarreo y levantó la sesión

Este jueves, los bloques de la oposición en la Legislatura porteña, intentaron llevar adelante una sesión especial para analizar en profundidad la concesión del servicio de acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires. Para iniciar el debate requerían de un quórum de 31 diputados presentes en el recinto pero, debido a la mayoría del oficialismo porteño que responde a Larreta, apenas alcanzaron los 28 escaños; cifra conseguida luego de conformado el “Frente Anti-Grúas”, integrado por todos los bloques políticos opositores.

Este nuevo espacio le pidió al Gobierno de la Ciudad que realice una auditoría integral y se conforme una comisión de seguimiento al servicio de acarreo, para evitar que se reiteren las irregularidades que ocurren hace más de dos décadas.

Previo al intento de debate, el Frente de Todos realizó una conferencia de prensa donde subrayó el entusiasmo generado por haber conformado un espacio común con toda la oposición, para hacer un seguimiento del acarreo en la Ciudad y haberle puesto coto al negocio ilícito: “Logramos torcer 21 años de ilegalidad y despojos a la ciudadanía a través de un contrato que estaba vencido e iba en detrimento de las arcas públicas y de los porteños a partir de multas y secuestro de vehículos a través de empresas que tenían sus propios papeles en desorden”, dijo el diputado porteño del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés.

Una vez gestado el Frente Anti-Grúas, el propio Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, anunció que el poder ejecutivo, a través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), comenzará a hacerse cargo del servicio de grúas hasta que se regularice la situación de las empresas que actualmente tienen la licitación. “El Frente de Todos tuvo la iniciativa de convocar a todos los bloques de la oposición para hacer un llamado a sesión especial para el cual conseguimos 28 firmas, pero no nos quedamos conformes con esta decisión por eso le presentamos una nota dirigida al Vicepresidente Primero de esta Casa, Emmanuel Ferrario, para auditar estos 21 años de irregularidades”, agregó Valdés.

En la misiva solicitan que se conforme la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la CABA, pendiente desde 2009 según lo establecido en los artículos 13°; 14° y 15° de la ley 3060.

Dakota y BDR, las firmas que durante más de dos décadas manejaron el acarreo porteño, no tenían ningún control por parte del ejecutivo local. Ambas abonaban al gobierno de la Ciudad un canon irrisorio de apenas  $55 mil mensuales. “Es una vergüenza que el oficialismo se haya negado a debatir la situación del sistema de acarreo, todo derivado del escándalo ligado al negocio privado”, dijo a Tiempo la diputada porteña del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Amanda Martín. Desde este espacio político, sostienen que no alcanza con suspender las concesiones, y presentaron un proyecto propio que contempla la impugnación del sistema, la derogación de la concesión con las empresas y que, además, pone el ojo sobre el sistema de estacionamiento medido. “Nosotros y nosotras queremos que lo que se recaude sea destinado a la red de subterráneo”, suma la legisladora y agrega: “hay que tener en claro que durante 20 años no hay investigación sobre lo que hacían estas empresas, por eso es importante mirar para atrás, y para adelante hay que revisar lo que se ha votado respecto a la creación del estacionamiento medido y a las empresas que se han beneficiado durante años”.

Desde la oposición, afirman que el decreto publicado en el Boletín Oficial que dejó sin efecto la «continuidad de la prestación del servicio público de control y sanción del estacionamiento indebido en el Micro y Macrocentro, a cargo de las empresas BRD y Dakota», marca un antes y un después dentro del oficialismo porteño. Entre otras cosas, los representantes opositores exigen que la Auditoría General de la Ciudad realice un informe exhaustivo sobre el trabajo que las empresas Dakota y BRD realizaron durante estos 31 años de concesión. Además, piden incluir los detalles de corte de servicio con inventario recibido por la Ciudad y estudio de costos. “Ya es un éxito haber construido un frente lo suficientemente amplio para frenar el escandaloso negocio de las grúas”, destacó el diputado del Frente de Todos, Matías Barroetaveña. “En ese sentido estamos muy contentos porque logramos defender a los vecinos, una victoria a favor de sus bolsillos y de su calidad de vida”, agregó.

Piden interpelar a Felipe Miguel

Otros de los diputados porteños que conforman el Frente Anti-Grúas, es Gabriel Solano del FIT. El legislador considera que “el objetivo del bloque que responde a Larreta en la Legislatura al no dar quorum, es porque quieren hacer que la estatización que de urgencia tuvo que hacer la Ciudad, sea una maniobra de impunidad”, destacó. El referente nacional del Partido Obrero afirmó a Tiempo que también “presentamos un proyecto en la legislatura para que el Jefe de Gabinete de ministros, Felipe Miguel, comparezca en la legislatura y de explicaciones de lo que ocurrió durante estos 20 años de contratos vencidos con empresas amigas que pagaban cánones absurdos no puede quedar impune”.