Decreto mediante, el gobierno porteño se debate entre un gran negocio inmobiliario y la privatización de servicios de salud. Además, el PRO avanza con el cambio en la carrera profesional hospitalaria, la precarización y reducción de puestos de trabajo como paso previo.
El negocio por la creación del Complejo Hospitalario Sur implicaría la venta de hospitales existentes para alcanzar el valor de 160 millones de dólares que costaría la nueva obra. Andrade especifica que para desafectar los inmuebles del dominio público inevitablemente debería pasar por la Legislatura, ya que es una atribución específica dada por la Constitución. Tal vez por eso ahora están rumoreando que darán marcha atrás con ese tema, pero Fernanda Islas –trabajadora social del Hospital Muñiz y de la Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno Porteño– denuncia que “luego de que se desdijeran de la venta de esos espacios, abrieron la posibilidad de pedir fondos privados para la financiación. Esto implica la privatización de algunos espacios, como puede ser Laboratorio u otros sectores”.
Los cuestionamientos del diputado Andrade van más allá y enmarca el decreto en la situación general de la salud pública en la ciudad, “pretenden reformar la carrera de profesionales de la salud, dejando afuera profesionales que se dedican a la promoción y prevención de salud desde hace veinte o treinta años, no incluyendo a los enfermeros. Este proyecto que acaban de presentar es flexibilizador y de ajuste, bien en sintonía con lo que pasa a nivel nacional”.
Con el tema del cambio en la carrera profesional hospitalaria, que el oficialismo porteño acaba de presentar, el miércoles se disparó una alerta y hubo un encuentro áspero en el que más de quinientos profesionales de diferentes entidades se agolparon en una sala para solo doscientos. Fernanda Islas explica que la carrera profesional hospitalaria engloba a todos los profesionales que se desempeñan en el sistema de salud, tanto en hospitales como en centros de salud: “Es el marco legal y laboral, y los cambios propuestos tiene efectos concretos: afecta las residencias, cambian las categorías y diferencias a las especialidades médicas con una categoría más alta que las no médicas. Con esto generan una diferenciación que es un paso necesario para la creación del Complejo Hospitalario Sur. Flexibilizan nuestro trabajo y excluyen a algunas profesiones no médicas de la carrera, no se incorpora a los licenciados de enfermería, que es un reclamo histórico, modifican temas estructurales respecto de las jefaturas para poder unificar cinco servicios médicos en uno”, detalla Islas.
Otro de los puntos en conflicto es que la cantidad de camas proyectadas para el nuevo proyecto es 10 por ciento menor a las existentes según afirmó la ministra en una reunión de la Comisión de Salud. Cifra que se suma a las aproximadamente 500 camas que se perdieron en los últimos seis años, apunta el diputado por Unión Ciudadana. Además, tanto Andrade como Islas coinciden en la gran incertidumbre respecto de los puestos de trabajo. El diputado apunta que además de inconsulto, no es un tema prioritario: “Ya sabemos que facilidad tiene este gobierno para echar trabajadores. Ya hicieron cerrada la guardia del Hospital Udaondo, cierran Centros de salud y acción comunitaria (CeSAC) y despiden profesionales en otros, hay profesionales sin nombramiento hace años, la atención primaria está en franca decadencia. En este sentido, este proyecto no es una prioridad sanitaria, salvo como negocio inmobiliario, que es lo que evidentemente predomina”.
Por su parte, Islas alerta sobre que “no hay un plan médico que justifique esta propuesta, es decir, cuál es el criterio por el que eligieron estos hospitales y no otros, no ha sido explicado este tema a los profesionales de la salud, que somos los que sostenemos los hospitales día a día”.
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