El «milagro» que los argentinos no vemos

Javier Milei habló a los empresarios en el Consejo de las Américas y les pidió que “inviertan”, algo que evidentemente no está ocurriendo. El presidente también señaló: “todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos”. ¿Será porque la mayoría de los argentinos no la está pasando bien con estas políticas?

Un indicador que puede usarse para analizar el pulso de las inversiones es la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria (UCII) que llegó en junio al 54,5%, 14 puntos porcentuales menor a la del mismo mes de 2023. Mientras exista una gran ociosidad, y un mercado interno que no reacciona, es difícil que la inversión repunte, salvo aquella que está asociada a la explotación de los recursos naturales, que de todas formas genera muy poco empleo.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, producto de la disparada de la inflación que generó este gobierno con sus políticas, indica que la mentada recomposición de precios relativos va en detrimento de los hogares, principalmente los de ingresos fijos.

Se conoció el dato de inflación de julio, que alcanzó un 4% mensual, acumulando en el año el 87%. De este modo, los primeros siete meses del 2024 se posicionan como los de mayor variación de precios cuando se compara con el mismo período de la serie reconstruida del IPC (que comienza en 1992). Frente a noviembre de 2023 marcan un alza del 134,6%. Puede pensarse que el “milagro” es para un reducido grupo de actores, que tiene poder para fijar los precios y capacidad de adaptación (por su tamaño) a los efectos de la recesión.

En las jubilaciones, principal rubro del gasto público, se puede observar con claridad el impacto de la recomposición de los precios relativos. En el caso de los que cobran la mínima, con bonos, en julio el haber llegó a $ 285.622, que no alcanza a cubrir la canasta básica total de una persona ($291.472), es decir, por debajo de la línea de pobreza. Es el primer año de la serie actual (iniciada en 2017) en que una persona jubilada con la mínima no cubre la mencionada canasta. Este segmento reúne a unas cinco millones de personas.

La caída de los ingresos está impactando severamente en la demanda interna. Según la Consultora Scentia, en julio se registró una caída interanual del 16,1% del consumo, mayor incluso a la del peor mes del gobierno de Mauricio Macri (julio de 2016: -4,5%). Es la primera vez que se reportan siete meses consecutivos con bajas. La caída de los ingresos reales (poder de compra) está en la base del menor consumo y no es de esperar que repunte la producción, más allá de lo que pueda suceder en unos pocos sectores.

El presidente volvió a dejar en claro que el “ajuste más grande de la historia de la humanidad” no se revisa. Señaló que para 2025 se está diseñando un presupuesto con “déficit cero”, en el cual el superávit primario “va a ser igual a los intereses”. Ello ocurre mientras se avanza con la reducción de ciertos ingresos fiscales, como el Impuesto PAIS, una de las principales fuentes que junto con las retenciones son los únicos rubros que vienen teniendo crecimiento durante este año. En septiembre la alícuota para las importaciones se reduce diez puntos (al 7,5%) y caducará a fin de este año. Si a ello se suma la promesa de reducir retenciones, habrá menos ingresos fiscales. La ecuación presupuestaria que el gobierno propone sólo cierra con más ajuste.

En la semana, en Diputados se dio media sanción al proyecto para la actualización bimestral (desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2024) del monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como referencia el IPC. A su vez, el salario de los docentes y los no docentes se ajustará contemplando la inflación registrada entre diciembre de 2023 y el momento que se sancione la ley. Un ejemplo de la capacidad de resistencia de los ajustados, en este caso plasmada en una iniciativa parlamentaria.

No obstante, mientras desfinancia la educación, el oficialismo consiguió media sanción para declararla como “servicio estratégico esencial”, apuntando a restringir el derecho a huelga.

El cierre de la ecuación ajustadora sólo puede darse con mayor represión. De este último tema hablé en profundidad en la columna del pasado domingo. Allí también hice referencia a los mensajes para el disciplinamiento de la clase política, que esta semana fueron explicados en detalle por la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en su declaración en el juicio por el atentado que casi termina con su vida.

Cristina describió el clima que se instaló antes del fallido intento de asesinato, y fue incluso más hacia atrás, comentando distintos episodios de violencia que vivió durante sus dos presidencias. Los vinculó a la crispación que produjeron en los poderes concentrados de la economía, políticas como la recuperación de YPF y de los fondos de los/as trabajadores/as (con el cierre de las AFJPs y la vuelta a un sistema de reparto), y la creación de la AUH, entre otras. Acto seguido denunció la articulación del poder económico concentrado, que “digita” desde arriba, con los medios de comunicación y el Poder Judicial. Por su parte, afirmó que “si uno mira quiénes van a ser los beneficiarios del RIGI hoy en Argentina, son los mismos con nombre y apellido, o sus hijos (…). Lo que se llevaron de capital fijo en los noventa se lo van a llevar de recursos no renovables ahora”.

En este marco, el Gobierno nacional, amparado en las facultades que le otorga la denominada Ley Bases, oficializó a través del Decreto 718/2024 la renovación por 30 años de la concesión de varias represas de generación hidroeléctrica, ubicadas en la provincia de Neuquén. Expresa el decreto que se “llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cada una de las sociedades actualmente concesionarias de las represas.

Son concesiones que fueron otorgadas a principios de los noventa, que vencieron el año pasado y que en ese momento se prorrogaron transitoriamente por el plazo de 1 año como máximo.

Las represas representan una parte significativa de la generación de energía hidroeléctrica de la Argentina. Constituyen más de un tercio de la potencia hidroeléctrica instalada en nuestro país, y aportan el 10% de la energía eléctrica total. Entre las más importantes se cuentan: Piedra del Águila, El Chocón, Cerros Colorados y Alicurá.

Cabe señalar que las represas son capital-intensivas, requieren una inversión cuantiosa para erigirse y tras ello sus costos de operación son menores. Se amortizan en 30 años aunque su vida útil puede alcanzar los 100, es decir, ya están totalmente amortizadas. Se pagaron con fondos públicos para terminarse entre 1979 y 1993, año en que se privatizaron todas. Está claro: inversión pública, pero ganancias privadas.

Nuestro país desaprovecha así la posibilidad de recuperar este recurso estratégico, sin necesidad de expropiar ni de utilizar ninguna otra herramienta legal dado que simplemente vencieron las concesiones. Cuando el Estado se hace a un lado y deja todo en manos del mercado, quienes pierden son la ciudadanía y las MiPyMEs.  «