Por Gerardo Szalkowicz, analista internacional / Nodal.
En la superficie de las retóricas diplomáticas y del abordaje mediático promedio aparece en el centro del meollo la férrea negativa de los gobiernos de Brasil, Paraguay y Argentina a reconocer el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela, como debió darse naturalmente si se respetaban los estatutos del bloque.
El artículo 12 del Tratado de Asunción de 1991, documento fundacional del Mercosur, establece que «la Presidencia del Consejo se ejercerá por rotación de los Estados Parte y en orden alfabético, por períodos de seis meses». El traspaso semestral se venía dando de manera religiosa en los 25 años de vida del organismo, y de hecho Venezuela ya la ejerció en 2013.
Tal cortocircuito derivó en una parálisis inédita del Mercosur en medio de un potente tiroteo verbal. El gobierno paraguayo aseguró que «no acepta la autoproclamación de Venezuela», y habla de «una presidencia de facto». Para José Serra, canciller brasileño, «la presidencia se encuentra vacante». Y, tras semanas de mutismo público, Mauricio Macri blanqueó la postura argentina: «No estoy de acuerdo con que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur. No tiene derecho a ejercerla.» Sólo el Ejecutivo uruguayo defendió aunque con cierta tibieza la base legal del procedimiento.
La reacción venezolana fue contundente. Su canciller, Delcy Rodríguez, denunció que: «Macri pretende la destrucción del Mercosur, atendiendo el libreto desde EE UU que lo lleva a cometer errores históricos». Y un auténtico Nicolás Maduro analizó sin eufemismos: «Ahora nos persigue la triple alianza de torturadores de Suramérica: la oligarquía paraguaya corrupta y narcotraficante, el demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo, y la dictadura impuesta en Brasil. Triple alianza, aquí los vamos a enfrentar y a derrotar, a Venezuela se respeta.»
No suena paradójico el nulo apego a la legalidad practicado por los protagonistas de esta «triple alianza». Eladio Loizaga, canciller paraguayo y principal vocero de la arremetida antibolivariana, fue funcionario de la dictadura de Alfredo Stroessner en los ’70 y activo miembro de la Liga Mundial Anticomunista que colaboró con el Plan Cóndor. Qué decir de los personeros del gobierno interino de Brasil, surgido de un golpe institucional y salpicado por múltiples denuncias de corrupción. El derrotero de Macri es más conocido por estos lares; por si acaso, sus recientes declaraciones sobre la «guerra sucia» y la cifra de desaparecidos confirman de qué lado de la historia se para.
Pero, ¿cuáles son los objetivos detrás de esta conspiración? Por un lado, lo más visible: desterrar a Venezuela del Mercosur, sacarse de encima al socio incómodo, acorralar a la revolución bolivariana como parte de una estrategia más amplia timoneada desde Washington y propagada por las grandes usinas mediáticas. Una campaña que no cesa: el jueves pasado, 13 gobiernos latinoamericanos, junto a Estados Unidos y Canadá, lanzaron un comunicado para presionar los tiempos del referendo revocatorio contra Maduro.
Pero lo central pasa por dinamitar el Mercosur. Paralizarlo para avanzar en su flexibilización y tener vía libre para firmar acuerdos comerciales bilaterales sin necesidad de consenso en el bloque. Abonar el terreno para el anunciado giro hacia la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico (TPP) y la restauración del paradigma de «libre comercio». En síntesis, revivir el espíritu del ALCA.
Queda pendiente aún la autocrítica de los gobiernos progresistas sobre los pasos que no se dieron en la etapa previa, sobre todo desde la articulación económica (¿qué pasó con el Banco del Sur, firmado en 2007, que nunca terminó de arrancar?). Lo cierto es que en este nuevo tiempo en América Latina las fuerzas que hegemonizan apuntan a desandar aquel proceso de integración y trasladar al escenario regional la impronta, las lógicas y la concepción política que vienen imponiendo en sus países. Vienen a reorientar el rumbo, porque su norte es el Norte.
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