El documento final de la última cumbre así lo establece a pesar de que lo rubricó la canciller Mondino. Las cuestiones energética y de medio ambiente, la agricultura familiar y el desarrollo sostenible.
En ese sentido, el documento firmado tras la cumbre del 7 de julio contradice en buena parte los postulados libertarios y del discurso mileísta, más allá de que el Estado argentino terminó rubricando a través de su canciller, Diana Mondino, enviada para compensar institucionalmente la ausencia que motivó la queja de los presidentes, incluidos los más cercanos ideológicamente, Santiago Peña, de Paraguay, y el uruguayo Luis Lacalle Pou, mientras Milei se reunía con Jair Bolsonaro y sus hijos para recibir una medalla por ser invicto en penetraciones.
Además de sus posiciones acerca de que el comercio internacional debe ser «libre» entre privados, y de que él «eliminaría» el Mercosur, Milei tiene también un escollo ideológico para sentarse a esa mesa. Con la casi definida incorporación de Bolivia como miembro pleno y el próximo recambio de gobierno en Uruguay, el Mercosur volverá a tener mayoría de gobiernos populares o de izquierda, con el brasileño Lula da Silva a la cabeza, el boliviano Luis Arce y, si las encuestas aciertan, el frenteamplista uruguayo Yamandú Orsi, que además ejercerá la presidencia pro tempore del bloque, asumida por Uruguay en esta última reunión. El cruce de Milei con Arce iba a ser, al menos, incómodo, luego de que el argentino lo acusara públicamente, vía X, de ejercer un intento de autogolpe. Ninguno de los mandatarios convalidó esa posibilidad y el propio Lula visitó estos días a Arce en Bolivia para respaldarlo. El documento firmado por los presidentes en Asunción enfatizó que «todo intento de afectar instituciones democráticas o afectar el orden constitucional en Bolivia debe ser condenado». Los discursos presidenciales mantuvieron ese espíritu y la propia Mondino terminó firmando la consigna y hablando en forma lavada y ambigua, a favor de la democracia, como lo había hecho en sus redes tras la asonada militar de fines de junio.
Los gobiernos se comprometieron a fortalecer el bloque para operar institucionalmente en la expansión del «intercambio comercial con terceros países o grupos de países», algo a lo que Milei se opone, por su conocida postura favorable a las negociaciones bilaterales y su rechazo a integrar los BRICS cuando estaba en el umbral y con las puertas abiertas. El documento impulsa también la creación un Centro de Arbitraje y Mediación del Mercosur, que a los ojos del libertario no es más que un instrumento de regulación.
Los Estados dedicaron especial atención a trabajar en la transición energética y «verde» y plantearon que el bloque “se posicione como un actor relevante en el escenario internacional en esta materia”. Para Milei, todo lo que tenga que ver con el Medio Ambiente es parte de la agenda “socialista” global, razón por la cual su gobierno rechazó ser parte de los planes de la Agenda 2030 de la ONU. De hecho, la continuación de negociaciones con la Unión Europea está estrechamente relacionada con la agenda ambiental. Parte de la resistencia europea a firmar el acuerdo tuvo que ver con exigir cumplimientos del Acuerdo de París y las emisiones de carbono. Tras la cumbre, los presidentes reafirmaron su voluntad de concluir los temas pendientes “durante el segundo semestre de 2024, y alcanzar un acuerdo que sea balanceado y mutuamente beneficioso” entre el Mercosur y la UE.
El documento destaca el aporte de la Agricultura Familiar al desarrollo sostenible y a la economía, un área que el gobierno de Milei se encargó de desmantelar con el cierre del Instituto ad hoc. También promueve la cooperación técnica ya existente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una alianza para impulsar acciones estratégicas en materia de vigilancia epidemiológica. El arco libertario es crítico de la OMS y de su política sanitaria en torno a la pandemia del Covid.
Entre otros temas, se ratificó el compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la plena vigencia del Estado de derecho y la protección de los Derechos Humanos, entre otros. Un tiro por elevación contra la represión del 12 de junio. Apenas cuatro días después de esa firma, la Comisión Interamericana de DD HH (CIDH) organizó una audiencia con funcionarios argentinos advirtiendo que “el uso de la fuerza, la criminalización, las detenciones arbitrarias y el discurso estigmatizante contra manifestantes y periodistas representan un retroceso democrático”.
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