1) El procurador interino Eduardo Casal, nombrado por Mauricio Macri, inició un sumario contra Gabriela Boquín. Es la fiscal que investiga la causa del Correo Argentino en la que el grupo empresario de la familia del expresidente está acusado por defraudación al Estado por miles de millones de pesos.
2) La Corte Suprema confirmó la sentencia contra Luis D’Elia por la toma-en 2004-de la comisaría de La Boca luego del asesinato del militante barrial Martín el «gordo» Cisneros.
3) La Cámara Federal porteña complicó el pedido de pruebas que hizo la jueza Servini de Cubría para investigar el celular de Macri en una de las tantas causas que envuelven al líder del PRO.
Casal, Iruruzun, Bruglia, apellidos de funcionarios judiciales que protagonizaron los cuatro años de la era Cambiemos, en la que se practicó el más crudo macartismo disfrazado de lucha contra la corrupción. La fórmula era muy simple: el que piensa distinto al presidente es corrupto, los demás tienen garantizado el certificado de honestidad.
Hay otro aspecto de esta práctica que ha retornado con fuerza, el apriete desembozado en los medios del establishment. Durante los años de Macri, era habitual leer, por ejemplo en Clarín, noticias sobre quienes eran los jueces que el entonces mandatario tenía en la mira. Daniel Raffecas, Sebastián Casanello, Eduardo Freiler, eran parte de su lista negra.
En la provincia de Buenos Aires no fue distinto. El juez de Lomas de Zamora, Luis Carzolgio se negó a encarcelar a Pablo Moyano, a pesar de las presiones que había recibido de la AFI por orden del presidente, y 24 horas después el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que sigue en su puesto, presentó un pedido de juicio político. Ni siquiera esperó que pasara una semana. Nada.
Y esto dispara una pregunta: ¿por qué hacer todo tan evidente, pornográfico? ¿Por qué no tratar de que las presiones y aprietes pasen de forma disimulada? Alguien podría pensar que es por torpeza o sentimiento de impunidad. Sin embargo, la respuesta no es esa. Todo se hace explícito porque la intención es que el mensaje de apriete llegue y sea claro. No se puede andar con sutilezas.
El editorial escrito por Joaquín Morales Solá semanas atrás, diciendo que ya hay un consenso de jueces, fiscales, y abogados sobre las causas en las que Cristina “no zafa”; y la nota publicada esta semana en Clarín con el título: “La Corte no quiere confrontar, pero los exfuncionarios K recibirán malas noticias” son parte de la misma práctica. El triunfo del Frente de Todos y la pandemia habían adormecido al ejército del Lawfare. La reforma judicial impulsada por Alberto Fernández fue el toque de diana. Y ahora ese ejército está aquí para resistir, con todo lo que esté a su alcance, cualquier intento de cambio.
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